Una propuesta plantea modificar las justificaciones de las subvenciones a las ONG [editar]

El grupo parlamentario de CiU ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a modificar en el plazo de seis meses el marco normativo relativo a las subvenciones aplicables a las entidades sin ánimo de lucro de acción social.

El portavoz de Acción Social de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, hace hincapié en que la legislación actual, la Ley General de Subvenciones de 2003, no atiende "la actividad que desarrolla el beneficiario de la subvención, o si se trata de una organización con o sin fines lucrativos a la hora de establecer las obligaciones derivadas de percibir una subvención".

A su juicio, esta situación se debe corregir pues su aplicación genera a muchas ONGs un "incremento importante de los gastos administrativos y una penalización desproporcionada por falta de justificantes", lo que supone "graves perjuicios para el tejido asociativo" y especialmente para las organizaciones más pequeñas.

El texto presentado señala que la Ley de Subvenciones nació con el objetivo de la incorporación de principios como el de transparencia y criterios de equilibrio presupuestario. Sin embargo, la citada ley no distingue si son entidades con o sin fines lucrativos a la hora de fijar sus obligaciones.

La proposición no de ley indica que para "muchas ONG", la aplicación de la Ley General "significa un incremento importante de los gastos administrativos y una penalización desproporcionada por falta de justificantes". "Esta problemática se puede multiplicar en ámbitos como el de la cooperación internacional ya que se opera con entidades de diferentes países con legislación propia", agrega.

En este sentido, indica que "resulta apropiado y necesario regular la concesión de subvenciones públicas pero sin perder de vista las especificidades de las entidades sin ánimo de lucro de acción social".