Madrid es la tercera comunidad
autónoma con mayor número de personas en situación de pobreza extrema, con un
9,3% del total de habitantes, y la cuarta en cuanto a población pobre, con un
8,9%, según los datos reflejados en la Encuesta de Condiciones de vida de 2006.
En la actualidad, Madrid cuenta
con la Ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción, aprobada en diciembre de 2001,
como mecanismo para actuar contra la exclusión social de las personas más
vulnerables y disminuir así las dificultades y limitaciones que deben afrontar
cada día.
Esta herramienta garantiza la
cobertura de unos ingresos mínimos, el derecho a un acompañamiento social y el
acceso a un conjunto de medidas educativas, sanitarias, de vivienda, de formación y empleo.
Sin embargo, esto no es
suficiente para lograr una plena integración de esta parte de la población
madrileña. Por eso, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales, junto con EAPN Madrid y FEMP Madrid se han sumado
al proyecto A favor de la inclusión social 2009, ¡integrACTUA!, centrado
especialmente en la inclusión en el ámbito local.
Así, Madrid celebrará el próximo 24 de junio el
seminario Madrid integrACTÚA para sentar así las bases que refuercen los planes
y las políticas de inclusión, así como para reflexionar sobre la importancia de
la coordinación de todas las fuerzas sociales.
Sin medidas de protección social, cerca del 40% de la población en España estaría bajo el umbral de la pobreza
El hecho de tener niveles de protección más altos y efectivos (mejor estructurados o diseñados) hace que los países consigan reducir significativamente los niveles de pobreza.
En otros países, como Francia, Hungría o Eslovenia, con un mayor nivel de protección social, se ha conseguido reducir los niveles de pobreza un 50%.
Vivir en una sociedad inclusiva implica un compromiso de todas las personas y que sea apoyado por unos gobiernos responsables que:
inviertan recursos para reducir los niveles de pobreza y exclusión social
tomen medidas que impliquen a todos los sectores de la sociedad y
que garanticen a la ciudadanía el disfrute de los derechos fundamentales y de servicios públicos de calidad y accesibles desde el ámbito local, que es el más cercano al ciudadano.