Las cuestiones clave sobre discapacidad [editar]

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad queremos conocer más acerca de este colectivo y analizar su situación en España.
 
Para ello, empezaremos por compartir qué entiende por "discapacidad" la Organización Mundial de la Salud (OMS): "toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Esas deficiencias, condiciones médicas o enfermedades pueden ser temporales o permanentes".

En la actualidad, según este organismo internacional, un 10% de los 650 millones de personas que habitan en el mundo tiene alguna discapacidad.

En España este porcentaje se sitúa en el 8,5%, es decir, unos 3,8 millones. De esas personas, un total de 1,39 millones no puede realizar alguna de las actividades básicas de la vida diaria sin ayuda y sólo el 5,68% posee estudios secundarios y el 5,26% ha finalizado estudios superiores, en función de los datos facilitados por la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

A tenor de estos datos se puede decir que hoy en día en España sigue existiendo discriminación hacia este segmento de la población en los ámbitos de educación, empleo así como de acceso a determiandos bienes y servicios.

En integractua.org, el blog del proyecto de A favor de la inclusión social, integrACTÚA, hemos dedicado varias entradas a este respecto englobadas bajo el epígrafe "Las cifras de la inclusión social en España":

• Discapacidad: educación y empleo.
• Discapacidad: el avance hacia la igualdad laboral.
• Discapacidad: pobreza a pesar de los avances.

¿Qué leyes velan por la igualdad de las personas con discapacidad en España?

A nivel estatal, son cuatro las normas que legislan este ámbito:

• Ley de Integración Social de las personas con discapacidad (LISMI) (13/1982, de 7 de abril)

Esta normativa define, entre otras cosas, los Centros Especiales de Empleo como empresas que se adaptan a las necesidades específicas de las personas con discapacidad para que éstas puedan acceder de una forma normalizada a un régimen de trabajo.
Además, regula el acceso al empleo mediante unas cuotas de reserva a favor de las personas con discapacidad, que en el caso de las empresas privadas de más de 50 empleados es del 2% de trabajadores y en las administraciones públicas del 5%.

• Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) (51/2003, de 2 de diciembre)

Esta ley se plantea justificándose en dos motivos: la persistencia en la sociedad de desigualdades y el reconocimiento de que algunas de las desventajas a las que tienen que hacer frente las personas con discapacidad tienen su origen en los obstáculos y condiciones limitativas de la sociedad.

La LIONDAU centra su ámbito de aplicación en el establecimiento de unas condiciones básicas que garanticen la autonomía personal y la accesibilidad de todas las personas.

Además, pone a disposición de las personas con discapacidad una herramienta para realizar reclamaciones o quejas a la Administración cuando se vulneran sus derechos en los sectores de las telecomunicaciones y la sociedad de la información, los espacios públicos urbanizados, las
infraestructuras y la edificación, los transportes, los bienes y servicios a disposición del público y las relaciones con las Administraciones Públicas.

• Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social (62/2003, de 30 de diciembre)

Asegura la igualdad de trato y la no discriminación en materia de empleo y educación.

• Ley de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación yaccesibilidad universal de las personas con discapacidad (49/2007, de 26 de diciembre)

Esta ley vigila que se respete la igualdad de estas personas que se incumple cuando se producen situaciones de acoso, cuando se vulneran las exigencias de accesibilidad, cuando no se respetan las medidas de acción positiva o cuando se producen discriminaciones directas o indirectas.

¿Cuáles son los órganos administrativos de intervención?

En España hay distintos organismos e instituciones de carácter consultivo especializados en el ámbito de la discapacidad además del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, como son el Consejo Nacional de la Discapacidad, la Oficina Permanente Especializada (OPE), el Real Patronato sobre Discapacidad, el Centro de Base de Atención a Personas con Discapacidad y el Observatorio Estatal de la Discapacidad.

Si quieres conocer más afondo qué funciones desempeña cada uno y de qué institución depende puedes consultar el apartado dedicado a los órganos administrativos de intervención sobre discapacidad de la sección web de Igualdad.