La UE aprueba un plan que garantiza la asistencia jurídica a las víctimas de maltrato [editar]

El Parlamento Europeo ha aprobado el informe de la comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género por el que se proponen medidas como la redacción de una carta europea de servicios mínimos de asistencia para las mujeres víctimas de la violencia "que debería incluir el derecho a la asistencia jurídica".

La gratuidad de esta asistencia había sido incluida en el borrador del informe pero ha sido rechazada en la votación en la Eurocámara.

El documento, que revela que la violencia doméstica ha afectado alguna vez a una de cada cuatro mujeres, pide a los Estados miembros "que se aseguren de que los agresores son castigados de acuerdo con la gravedad del delito" y que "garanticen la formación de funcionarios especializados".

También hace especial hincapié en la necesidad de una tipificación propia del delito de violencia machista, algo que ya incluye la legislación española pero no está reconocido en toda la Unión.

Ejemplo de ello es que en algunos Estados miembros, la violencia de los hombres contra las mujeres en forma de violación "no se considera un delito perseguible de oficio".

El texto define la violencia contra las mujeres como "una de las formas más graves de violación de los derechos humanos" por motivos de género, y destaca la necesidad de sacar a la luz "el fenómeno oculto" de la violencia doméstica contra otras víctimas como niños, hombres y personas de edad avanzada.

Asimismo, destaca otras medidas básicas que deben ser adoptadas como la creación de una red de centros de acogida que cubra las necesidades de protección y alojamiento temporal de las víctimas o la adopción de un sistema de prestaciones económicas que facilite el retorno de la víctima a su vida normal y a la actividad laboral.

La estrategia también apuesta por desarrollar métodos más eficaces de detección de este tipo de violencia, y en particular, por elaborar protocolos de investigación específicos para la policía y los profesionales del sector sanitario con el fin de obtener pruebas de los abusos.

En este sentido, se propone la oferta de formación específica sobre violencia de género para jueces, funcionarios de la policía criminal, profesionales de la salud y la educación y personal de apoyo a las víctimas.

Entre otras medidas, el informe reclama a la Comisión que ponga en marcha un observatorio de la violencia contra las mujeres a nivel europeo.

Fuente: Parlamento Europeo y EFE

Noticia proporcionada por el servicio de información Europe Direct Fundación Luis Vives.