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Los Defensores del Pueblo reclaman una red adecuada de servicios asistenciales para los mayores en España [editar]

Desde estas instituciones también se destaca la necesidad de que los poderes públicos atiendan el mandato constitucional de garantía de suficiencia económica.

Lorena Álvarez de Sotomayor · 21 de Junio de 2011

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El defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, y la defensora del Pueblo de España, María Luisa Cava de Llano y Carrión, se han pronunciado sobre la situación de los mayores en España destacando especialmente los datos de la OCDE que revelan que un 25% de los españoles mayores de 65 años se encuentra por debajo del umbral de la pobreza.

Ambos han reconocido la vulneración de sus derechos y libertades debido a deficiencias en el sistema público como:

Inadecuación de las viviendas por el tamaño, la existencia de barreras arquitectónicas o la imposibilidad de salir de las mismas por ausencia de ascensores.
Limitaciones en el transporte.
Necesidad de ampliación de una red de recursos asistenciales con residencias permanentes o temporales y centros de día o de noche, que esté coordinada entre las diferentes Comunidades Autónomas para que se permita el traspaso territorial cuando la persona mayor tenga su familia en otra región.
Falta de desarrollo de la normativa estatal por parte de las Comunidades Autónomas, por ejemplo, en muchas de ellas no se han aprobado todavía los decretos que regulan el procedimiento de reconocimiento de la prestación, copago, retroactividad o expedientes de fallecimiento.

Por ello, han solicitado que se tomen medidas como:

Un aumento de la prevención a través de la promoción de hábitos saludables de manera precoz y del fomento del envejecimiento activo.
Una potenciación de la prevención de la dependencia a través del SAAD dirigido a personas mayores dependientes o en riesgo de estarlo.
La elaboración y aprobación con carácter de urgencia de 'Cartas de Derechos y Deberes de las personas mayores', 'Planes de Mayores' y 'Carteras de servicios sociales autonómicas'.
El establecimiento de programas específicos de detección y de protocolos de actuación que aporten soluciones ágiles y eficaces a las víctimas de malos tratos físicos y psicológicos.
Una articulación de la coordinación entre los diferentes territorios autonómicos, mediante, entre otras actuaciones, la implantación electrónica de la historia clínica integrada.
Una intervención armonizadora del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para establecer criterios comunes en el cumplimiento de los plazos para el reconocimiento de los servicios y prestaciones, la compatibilidad entre los mismos, el régimen de retroactividad y el tratamiento de expedientes de personas fallecidas.

Fuente: 20minutos.es

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