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Más de 300 ONG piden garantizar los derechos humanos en los Centros de Internamiento de Extranjeros [editar]

Diario Público / Arturo Rodríguez.

Diario Público / Arturo Rodríguez.

Las organizaciones piden que el Gobierno se reúna con ellas para elaborar el reglamento que establece el funcionamiento de estos centros, que lleva un año de retraso en su tramitación.

Javier Sánchez · 06 de Julio de 2011

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Bajo el lema Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE, más de 300 ONG han presentado un manifiesto que exige a Interior, un reglamento que respete los derechos básicos de las personas detenidas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Las organizaciones aseguran que estos espacios son "contrarios a los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por España" y reclaman al Gobierno que les tenga en cuenta como interlocutores a la hora de abordar un reglamento que garantice los derechos básicos de los inmigrantes.

El Gobierno había previsto la aprobación de una norma para los CIE en el marco de la última modificación de la Ley de Extranjería del pasado 11 de diciembre de 2009. El plazo previsto para presentar ese reglamento era de seis meses y hasta ahora no ha sido presentado ningún texto.

El manifiesto entregado ayer a la Delegación del Gobierno de Madrid exige garantías de integridad física y psíquica de los internos, salud, asistencias jurídica y social, comunicación, intimidad, instalaciones dignas y conocimiento y ejercicio de sus derechos. Desde el Gobierno, lo único que se ha afirmado es que la norma que se apruebe será "garantista" sin dar más detalles sobre la misma ni concretar si se va a contar con las ONG para su redacción.

Además, las organizaciones reclaman mayor transparencia al Gobierno a la hora de dar estadísticas sobre el número de personas retenidas, los detalles de su expulsión o su situación jurídica. Las ONG reclaman que no se trate como delincuentes a esas personas, ya que únicamente tienen limitada su libre circulación por el Estado. "Se está aplicando una lógica policial en lugar de una basada en los derechos humanos", afirma Cristina Manzanedo, de Pueblos Unidos, una de las entidades que apoya el manifiesto.



Fuentes: ABC, Público, Diario Vasco

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