Fundación Luis Vives

La inmigración ha coincido, en un primer momento, con tasas de desempleo muy elevadas, y en los últimos 15 años con una mejoría económica como país en todos los ordenes, lo que se ve ilustrado muy especialmente con el boom de la vivienda.

El sector de la vivienda en España se caracteriza por un alto volumen de parque de vivienda, una baja proporción de la vivienda en alquiler (11%), un gran volumen de vivienda vacía (14%), alto porcentaje de la inversión inmobiliaria en la cartera de las familias (69%), un elevado nivel de subsidio y desgravación fiscal para la compra de vivienda, y un parque de vivienda social prácticamente inexistente, unido a una considerable subida de los precios en los últimos años.

Difícil acceso para los sectores económicamente más débiles

Todo esto ha dificultado el acceso a la propiedad para los sectores económicamente más débiles, como los y las jóvenes con empleo precario o las personas inmigrantes, en especial en aquellos que se encuentran en período de asentamiento y no disponen de redes sociales y familiares consolidadas.

El principal problema de las personas inmigrantes es la falta de poder adquisitivo y por lo tanto su expulsión hacia barrios baratos, con menores servicios y con más riesgo de exclusión. Las personas inmigrantes en general, y con necesarias excepciones, son un colectivo en riesgo y/o situación de exclusión, lo que quiere decir que se encuentran en una situación de vulnerabilidad con problemas ligados a las tres dimensiones de la exclusión: económica, social y política.

Nos encontramos ante un fenómeno complejo del que se deriva una realidad preocupante: la exclusión de los inmigrantes es reflejo de su escasa integración.

Se prima a los nacionales como arrendatarios frente a los inmigrantes

La exclusión residencial que sufren las personas extranjeras en España está ligada directamente con su exclusión económica y cultural, que son tanto causa como consecuencia, a lo que se une, agravando la dificultad de acceso a la vivienda, la discriminación que se deriva al primar a los nacionales como arrendatarios frente a los inmigrantes.

Pero por mucho que se abaraten los costes de acceso a la vivienda, será difícil conseguir una verdadera intervención eficiente y eficaz en inserción social de población inmigrante en situación o riesgo de exclusión sino se actúa en otros ámbitos que también afectan a la exclusión como la educación, la sanidad o el empleo.

Lo que es fundamental es darnos cuenta de que la exclusión residencial está estrechamente ligada a la exclusión económica y laboral. Los bajos salarios, la temporalidad y la falta de cualificación hacen que en muchos casos las crisis les afecten en primer término y que su poder adquisitivo sea menor, y que tengan mayores ciclos sin ingresos. Esto les convierte en más vulnerables y menos interesantes para los arrendadores, los bancos, y las promotoras.

La falta de una vivienda dificulta enormemente el acceso al mercado laboral y la consecuente integración social, pero además es una necesidad básica de la que carecen con más frecuencia las personas inmigrantes. El alojamiento digno y estable es una premisa necesaria aunque no suficiente para la integración de los inmigrantes en nuestro país.

Por tanto, es necesario adoptar medidas que incluyan un enfoque integral, vivienda y empleo, en las actuaciones enfocadas a la integración sociolaboral de los inmigrantes, lo que tampoco garantiza la verdadera inclusión pero al menos establece las condiciones básicas: empleo y vivienda, o lo que es lo mismo: estabilidad y seguridad, a partir de los cuales empezar a trabajar otras dimensiones de la inclusión como la inclusión social o política.

Autor: Cristina Muñoz Izarra

Fuente: Canal Solidario

(*) Cristina Muñoz Izarra es la Coordinadora de la Fundación Domus Labora (FDL). Desde 2004, la FDL trabaja con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de aportar y promover mejoras y cambios frente a problemas como la exclusión social, residencial y laboral a través del desarrollo de iniciativas empresariales y sociales. Para ello, realiza trabajos de investigación, programas de formación en emprendimiento social, apoyo a emprendedores y entidades emprendedoras, y fomenta la economía social.