Fundación Luis Vives

El proyecto de Directiva acordado por representantes del Consejo, Parlamento y la Comisión persigue "establecer los criterios y procedimientos comunes que deben ser aplicados por los Estados miembros para el retorno" de inmigrantes que accedan al territorio europeo sin documentación en regla.

Los aspectos más polémicos de esta nueva norma, además de la limitación a seis meses (a los que se pueden añadir otros 12 en casos excepcionales) del tiempo máximo de retención de los sin papeles, son la posibilidad de detención de los menores no acompañados y la prohibición a los expulsados de volver a entrar en la UE durante cinco años.

Con este texto regulador, la UE parece estar posicionándose junto a países con ideas más "duras" en relación a la inmigración, tal vez como consecuencia de la situación económica actual y el avance del desempleo en algunos países europeos.

Por ello, la discusión del texto en el Parlamento Europeo ha sido polémica y ha mostrado la división de la Eurocámara en una cuestión tan sensible como ésta, que afectará a ocho millones de personas.

Socialistas y verdes han lanzado duras críticas , y algunos grupos mostraron su intención de votar en contra.

Otros, sin embargo, han pedido  que la norma no sea vista solo como un intento de la UE de reprimir la inmigración ilegal, “sino dentro de un conjunto” de medidas en preparación que buscan, entre otros objetivos, promover la inmigración legal y ordenada o penalizar a los empresarios que contratan a indocumentados.

El debate en la Eurocámara se ha  trasladado también a la calle, donde unas 300 personas, entre ellas diputados de Los Verdes e Izquierda Unitaria Europea y miembros de organizaciones de apoyo a los inmigrantes, se han manifestado ante el Parlamento en contra del proyecto de directiva sobre repatriación de inmigrantes irregulares.

A su juicio, el proyecto armoniza las legislaciones de los Estados miembros tomando como referente las más restrictivas, en lugar de las que presentan más garantías, por lo que el Gobierno España, donde la retención máxima es de sólo 40 días, debería presionar para suavizar sus términos durante su tramitación.

El texto de esta norma ha sido debatido en diferentes niveles de las instituciones europeas a lo largo de los tres últimos años. Adjuntamos a esta noticia el texto completo.

Además, en este enlace se puede acceder a un análisis realizado por el propio Parlamento: http://www.europarl.europa.eu/oeil/resume.jsp?id=5269672&eventId=915137&backToCaller=NO&language=en 

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