Fundación Luis Vives

Tras más de dos años de discusiones, los países de la Unión Europea (UE) acaban de acordar una nueva legislación con normas comunes mínimas para el retorno de inmigrantes ilegales, que fija un periodo máximo de retención de seis meses ampliables a dieciocho.

Los embajadores de los 27 ante la UE lograron cerrar un texto en el que finalmente no se garantiza a los indocumentados el acceso a asistencia legal gratuita en el territorio comunitario. El texto, pactado por unanimidad, debe ser aún aprobado por el Parlamento Europeo, donde le espera la oposición de buena parte de la Cámara, antes de su ratificación final por los ministros de Justicia e Interior los próximos días 5 y 6 de junio.

El último punto de discordia, la asistencia jurídica gratuita para los indocumentados, se cerró con una solución salomónica por la que esa ayuda legal se ofrecerá en función de las normas de cada país comunitario, según explicaron fuentes diplomáticas. Por ello, la versión final no garantiza que se dé asistencia legal gratuita, sino que esa ayuda dependerá las prácticas nacionales.

Además, se acordó incluir una declaración en la que se hace un llamamiento a los Estados miembro a que "dispongan los medios necesarios" para ayudar a los ilegales que carecen de ellos a obtener la asistencia legal. La cuestión de la asistencia jurídica fue uno de los ejes de la oposición de Alemania, Austria y Grecia durante la discusión hace unos días, ya que esos países temían el alto coste para sus arcas públicas de un apoyo legal gratuito garantizado.

Este proyecto de directiva intenta lograr una equiparación de mínimos sobre las normas de retención y retorno de inmigrantes irregulares que han llegado a territorio de la UE, ya que actualmente hay muchas diferencias. Los irregulares expulsados afrontarán además una prohibición de volver a entrar legalmente en  la UE durante un máximo de cinco años, aunque ese periodo puede aumentar si la persona expulsada supone una amenaza grave para la seguridad.

Retención de indocumentados

El texto acordado establece un período de "salida voluntaria" de siete a treinta días. También se fija un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales para los indocumentados que no cooperan o cuando hay problemas para obtener la documentación de países terceros.

España cuenta ahora con un período máximo de retención de 40 días, pero el Gobierno ya ha anunciado su intención de elevarlo porque lo considera insuficiente para averiguar la identidad y nacionalidad de los indocumentados que llegan a su territorio. La directiva comunitaria establece que la retención tendrá lugar cuando haya un riesgo de eludir la acción de las autoridades y debe ser "lo más corta posible" y en centros específicos.

Fuente: EFE