Boletín Quincenal sobre Política Social Europea
Número 40, lunes 23 de febrero de 2004

Bajo el título "Promoviendo la prosperidad de Europa – Recursos políticos y presupuestarios para una Unión ampliada 2007-2013", la Comisión Europea adoptó el 10 de febrero su propuesta para el nuevo marco financiero. Este documento, que adopta la forma de una comunicación dirigida al Consejo y al Parlamento Europeo, servirá como base para el debate entre los gobiernos de los Estados miembros, debates que se alargarán hasta bien entrado 2005 y que estarán estrechamente ligados a la reforma de los fondos estructurales y del Fondo Social Europeo.

El documento era esperado con gran expectación y no menos incertidumbre. Por un lado, los Estados miembros que en los últimos años se han beneficiado en mayor medida de los fondos de cohesión temían recortes drásticos. Por otro lado, determinados sectores beneficiarios tradicionales de la ayuda comunitaria, principalmente el agrícola, pero también el social, temían que las nuevas prioridades (ampliación) y los recortes presupuestarios defendidos por determinados países, les dejarán en una situación cuando menos complicada. No hay que olvidar que tras el fracaso de las negociaciones sobre la Constitución Europea, debido principalmente a la negativa española y polaca de modificar el sistema de voto acordado en Niza, los seis países contribuyentes netos al presupuesto comunitario (Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Austria y Suecia), es decir, aquellos que aportan más a la UE de lo que reciben de ella, habían exigido que el presupuesto anual de la UE no superará en ningún caso el 1% del PIB europeo.

Pues bien, en un desafío claro a estos países, la propuesta del ejecutivo comunitario no solamente no se limita al 1% sino que aumenta considerablemente. Hasta el 1,15% según los cálculos de la propia Comisión. Sin embargo, si se tienen en cuenta los créditos presupuestarios ya comprometidos y la futura integración del Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto comunitario a partir de 2008, estaríamos hablando del 1,27% del PIB, lo que supone un billón de euros para todo el periodo de programación. En palabras de Romano Prodi durante la presentación de la propuesta ante el Parlamento Europeo, la posición adoptada por esos países "anteponiendo los números al proyecto político" es como "empezar la casa por el tejado". Además, la comisaria de presupuesto, la alemana Michaele Schreyer, declaró que si Berlín se sale finalmente con la suya y el presupuesto comunitario se limita al 1%, la ayuda a los nuevos miembros más pobres se deberá reducir de manera considerable.

Las reacciones por parte de los contribuyentes netos no se ha dejado esperar y un portavoz del ministerio de finanzas alemán calificó de "provocativas" las manifestaciones provenientes de Bruselas.

Por el contrario, los beneficiarios netos, que ya tenían asumido que con la ampliación hacia el Este comienza un periodo de "vacas flacas" en lo que a ayudas comunitarias se refiere, y entre los que se encuentra España, han acogido favorablemente la propuesta de aumento. Dicho aumento redundará en una transición menos dolorosa, sobre todo para aquellas regiones que. debido al efecto estadístico, se quedarían fuera de la distribución de los fondos de cohesión, ya que, a partir del día siguiente de la ampliación, su producto interior bruto por habitante no sería inferior al 75% de la media de los 25 Estados miembros. En esa situación se encuentran regiones como Atenas, la cual representa un tercio de la población griega, o las comunidades españolas de Asturias, Murcia y Ceuta y Melilla, las cuales, de acuerdo con la propuesta de la Comisión, contarán a partir de 2007 con un mecanismo de transición (denominado objetivo 1b) que recibirá un tercio de los fondos. Además las regiones más desfavorecidas de los antiguos miembros se beneficiarán también de los instrumentos del programa objetivo 2. Dichos fondos deberán invertirse principalmente en formación, lucha contra la exclusión, innovación, creación de grandes redes o prevención de riesgos naturales. En resumen, los "veteranos" del club comunitario recibirán el 48% de los 336.000 millones de euros disponibles.

Al menos ése es el deseo de la Comisión Europea. Ahora queda por ver si, como en otras ocasiones, este ambicioso presupuesto no será objeto de recortes drásticos una vez que comiencen las negociaciones y el "regateo" entre los Estados miembros. Sea como fuere es indudable que España está ahora en una mejor posición para abordar las negociaciones de lo que lo estaba hace dos semanas.

La comunicación está disponible en: http://europa.eu.int/comm/budget/pdf/
financialfrwk/enlarg/COM_2004_101_en.pdf

En un informe sobre la libre competencia en los servicios profesionales adoptado el 9 de febrero, la Comisión Europea pide a los Estados miembros, a los profesionales y a sus organismos reguladores que reformen o eliminen la fijación de precios y otras restricciones que impiden la competencia en el seno de determinadas profesiones liberales, a menos que estén justificadas claramente por consideraciones de interés público.

El informe es el resultado de una extensa investigación realizada por la Comisión sobre la situación de la competencia entre abogados, notarios, contables, arquitectos, ingenieros y farmacéuticos, cuya principal conclusión fue que la existencia de restricciones en materia de precios, publicidad, etc, es un obstáculo al desarrollo de la economía europea y va en detrimento de los intereses de los consumidores. No hay que olvidar, dice la Comisión, que el sector servicios, del que son parte importante las profesiones liberales, es el principal motor del crecimiento de la Unión Europea y, según las cifras publicadas por Eurostat, representa el 54% del PIB y el 67% del empleo.

El minucioso estudio realizado por la Comisión durante 2003 muestra que las restricciones son abundantes y que en muchos casos carecen de una justificación objetiva. Por ejemplo, Italia y Alemania, continúan teniendo precios mínimos para arquitectos, ingenieros y abogados, combinados, en algunos casos, con precios máximos. Sin embargo, la experiencia en los países en los que se ha suprimido ya la regulación de precios (Francia en el caso de los servicios jurídicos, y el Reino Unido en los servicios de arquitectura) indica que los controles de precio no son un instrumento esencial para asegurar niveles de alta calidad.

Por su parte, varios países continúan prohibiendo a los profesionales liberales que hagan publicidad de sus servicios, lo que hace más difícil y costoso a los consumidores buscar la calidad y los precios que responden mejor a sus necesidades. Éste es el caso de los auditores en Francia, Luxemburgo, España y Portugal, o de los notarios en Francia, Italia, España y Grecia.

La Comisión Europea tampoco considera justificadas "otras restricciones menos visibles", como las relativas al acceso a las profesiones por medio de una reglamentación excesiva que hace depender la autorización de criterios demográficos y geográficos, como por ejemplo ocurre en España con farmacéuticos y notarios. El ejecutivo comunitario estima que más que proteger a los consumidores, como es argumentado desde algunas profesiones, "el único efecto claro de dichas restricciones e proteger las profesiones mismas contra el aire sano de la competencia".

No obstante, la Comisión reconoce que cierta regulación puede ser necesaria, por ejemplo para prevenir la publicidad engañosa, la deficiente construcción de edificios o informes inexactos de auditoría, pero cree necesario realizar un análisis cuidados para ver si esos legítimos intereses públicos no pueden lograrse a través de menos medidas anticompetitivas. Para ello, se compromete a "explorar con las organizaciones de consumidores vías alternativas".

Este planteamiento coincide con la entrada en vigor, el próximo mes de mayo, de la nueva normativa que descentraliza la aplicación de las normas antimonopolio de la UE, dando por tanto a las autoridades nacionales de competencia y a los tribunales nacionales un papel más prominente en la evaluación de la legalidad de las normas y de los reglamentos relativos a las profesiones liberales. De hecho, las autoridades de competencia de Dinamarca, Irlanda, los Países Bajos, Finlandia y Reino Unido ya han puesto en marcha o están a punto de hacerlo un programa general de acción para reformar el sector. En cualquier caso, la Comisión conservará un papel prominente en el nuevo sistema en la medida que vigilará que se cumpla el Derecho de Competencia en el marco de la Red Europea de Competencia y en caso necesario efectuará sus propias investigaciones a larga escala.

La Comisión deberá informar de nuevo en 2005 sobre los avances realizados en la eliminación de estas restricciones o sobre aquellos casos en que las justificaciones de estas normas hayan quedado demostradas.

El informe completo está disponible en: http://europa.eu.int/comm/competition/
liberal_professions/final_communication_es.pdf

El 12 de febrero la Comisión Europea presentó su propuesta para la segunda etapa (2005-2010) del Fondo Europeo para los Refugiados, que es el instrumento utilizado por la Unión Europea para distribuir proporcionalmente entre los Estados miembros la carga financiera derivada de las solicitudes de asilo.

En línea con lo establecido en el Tratado, la propuesta de la Comisión trata de articular bajo el principio de solidaridad la recepción de los solicitantes de asilo, la gestión de los procedimientos, la integración de las personas que disfrutan de protección internacional y la adopción de iniciativas dirigidas a promover el retorno voluntario de aquellas personas cuyas solicitudes son rechazadas. Las principales características de la propuesta de la Comisión son las siguientes:

• Un aumento gradual de la dotación del fondo hasta 2008, seguido de un incremento sustancial a partir de dicha fecha. Las cifras que se barajan son: 45 millones de euros para 2005, 50 millones para 2006 , 60 millones para 2007 y 150 millones por año entre 2008 y 2010.
• La creación de una reserva de emergencia de 10 millones para el supuesto de que se necesite poner en práctica un sistema de protección temporal en caso de que se produzca un influjo masivo de personas desplazadas.
• Co-financiación de tres tipos de iniciativas en los Estados miembros relativas a: 1) condiciones para la recepción de solicitantes de asilo y aspectos procedimentales; 2) la integración de los refugiados; 3) el retorno voluntario de los solicitantes cuyas solicitudes sean denegadas.
• En la distribución de los fondos entre los Estados miembros, no se tendrá en cuenta únicamente el número de solicitantes acogidos por cada país sino también la cantidad de inversiones necesarias para hacer los sistemas más eficientes.

Y todo ello en un momento en el que se está finalizando la primera fase de la construcción del marco legal de la UE en materia de asilo, tal como definido en el Tratado de Ámsterdam. En ese sentido se manifestó el comisario de justicia y asuntos de interior, Antonio Vitorino, durante la presentación de la propuesta, quien declaró: "Esperamos que las negociaciones que están teniendo lugar en el seno del Consejo en materia de procedimientos de asilo y la definición de refugiado concluyan positivamente muy pronto y de esta manera se finalice el marco legislativo inicial. Lo que debemos hacer ahora es expresar la solidaridad financiera de la Comunidad aún en mayor medida y de esa forma ayudar a los Estados miembros a aplicar la nueva normativa europea y apoyar la definición de la segunda etapa de harmonización que deberá ser más ambiciosa de lo inicialmente acordado en Tampere".

La comisaria de empleo y asuntos sociales, la griega Anna Diamantopoulou ha solicitado al presidente del ejecutivo comunitario, Romano Prodi, su cese temporal para así poder encabezar las listas del partido socialista griego a las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 7 de marzo.

Tras el encuentro entre ambos dirigentes, Romano Prodi aceptó el cese temporal, el cual fue ratificado en la reunión de la Comisión celebrada el día 18. A partir de ese momento y hasta que se produzca su reincorporación (Diamantopoulou ha manifestado su intención de finalizar su mandato que expira en noviembre), no recibirá ningún sueldo. Sus funciones serán asumidas por la comisaria de medio ambiente, Margo Wallstrom, quien compatibilizará ambas carteras.

La Comisión Europea acaba de presentar una nueva estrategia para contribuir a que las ciudades europeas mejoren su medio ambiente y para que sean unos lugares en los que se pueda llevar una vida más saludable y sana.

La estrategia ayudará a los Estados miembros y a las autoridades locales a cumplir con la cada vez más exigente legislación ambiental en áreas como la calidad del aire, los ruidos o la gestión de los residuos. Para ello, en una comunicación provisional, la Comisión propone desarrollar un marco que aborde de forma integral todos los complejos aspectos que afectan al medio ambiente urbano. Elementos clave de dicho marco serán el desarrollo y la implementación de planes de gestión medio ambiental en el entorno urbano y planes de transporte urbano sostenibles en las 500 ciudades más grandes de la UE, es decir, las que superan los 100.000 habitantes.

La comunicación parte de la base de que la mayoría de los problemas medio ambientales a los que se enfrentan las urbes europeas son comunes y, por lo tanto, existen oportunidades muy claras a nivel europeo para "desarrollar, compartir y facilitar la aplicación de las soluciones apropiadas", reconociendo también que "cada ciudad es diferente y necesita aplicar aquellas soluciones que son más adecuadas para sus condiciones locales".

El modelo a seguir, en opinión de la Comisión, sería el siguiente: la creación de un marco sólido a escala europea que proporcione un enfoque coordinado y un apoyo más sistemático a las ciudades en sus esfuerzos para mejorar el medio ambiente, reconociendo su protagonismo como "actores principales", en tanto en cuanto son las que están más cerca de los problemas. Otro aspecto clave es exportar los modelos de buenas prácticas existentes en algunas ciudades europeas para que se conviertan en la regla en toda Europa, y no en la excepción como ocurre hasta el momento.

Esta comunicación servirá como base a un proceso de consulta que durará hasta el 1 de abril, y que se articulará a través de diversos canales: internet, grupos de trabajo, discusiones con las diferentes partes interesadas, etc.

La comunicación está disponible en: http://europa.eu.int/comm/environment/urban/thematic_strategy.htm

La pasada semana Eurostat, la oficina de estadísticas de la Comisión Europea, publicó el informe completo sobre el Año Europeo de las Personas con Discapacidad. Este Eurobarómetro ofrece datos muy útiles para hacer una valoración del grado de cumplimiento de los objetivos del Año Europeo, que no eran otros que informar y sensibilizar a la opinión pública sobre los derechos de los ciudadanos con discapacidad y las barreras y discriminaciones que afrontan en su vida cotidiana.

En este sentido, particularmente positivo, según la Comisión Europea, es el dato de que el 42% de los encuestados eran conscientes de que los objetivos del Año Europeo eran sensibilizar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por el contrario, un 25% creía que se trataba de una campaña de captación de fondos, mientras que el 21% pensaban que el objetivo era mejorar la imagen de las personas con discapacidad. Quizás no tan positivo es el hecho de que en septiembre de 2003, todavía un 66% de la población europea no sabía de la existencia del Año Europeo.

La principal fuente de información sobre el Año fueron los medios de comunicación, los cuales fueron citados por el 81% de los encuestados, lo que, en opinión de la Comisión, muestra una creciente sensibilización por parte de los medios de comunicación sobre la situación de los discapacitados. Y ello durante un año, 2003, en el que se produjeron acontecimientos de gran calibre que ocuparon gran parte del espacio informativo, como por ejemplo la guerra de Irak.

Por otra parte, el 61% de los encuestados consideran que el Año Europeo ha contribuido a informar a la opinión pública sobre las dificultades que afrontan las personas con discapacidad en su vida diaria, mientras que el 51% opinan que ha preparado el terreno para que en un futuro las personas con discapacidad reciban el mismo tratamiento que las que no tienen ningún tipo de discapacidad.

Los resultados de la encuesta también muestran que la sensibilización y la actitud en relación a la discapacidad varían en mayor medida de un país a otro, que en función de otros factores como la edad, el género o la profesión. Los países que muestran una mayor sensibilización son Irlanda, Luxemburgo y Austria. Irlanda, con un 73%, tenía el mayor índice de concienciación, lo que está indudablemente ligado a la celebración en ese país de los Juegos Paraolímpicos.

El informe completo está disponible en: http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_198.pdf

Una nueva encuesta realizada por Eurostat muestra que el 77% de los ciudadanos de la Europa ampliada (incluyendo a los futuros diez nuevos Estados miembros) son favorables a que la Unión Europea adopte una Constitución. Ello supone un aumento del 10% en relación a los datos de octubre de 2003, que fue cuando comenzó la Conferencia Intergubernamental que dos meses después terminaría en fracaso. En contraste, solamente el 15% de los encuestados se opone a la misma.

Los países en los que la Constitución cuenta con un mayor apoyo son Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Chipre, Hungría, Lituania y Eslovenia. En todos ellos el apoyo ciudadano supera el 80%. Solamente en Suecia y el Reino Unido el apoyo desciende por debajo del 60%, con un 58 y un 51% respectivamente.

Otro dato significativo es que la mayoría de la opinión pública europea (62%) piensa que su país debe estar dispuesto a hacer concesiones para que la Constitución sea adoptada. Paradójicamente, en España, uno de los países que se ha mostrado más reticente a hacer concesiones durante las negociaciones, sobre todo en lo que respecta al reparto de votos, el porcentaje supera la media europea, alcanzando el 65%. Solamente el 20% de los españoles se muestran contrarios a hacer concesiones.

Sea como fuere todos estos datos estadísticos deben ser relativizados, si se tiene en cuenta que solamente el 25% de los encuestados consideraban estar bien informados al respecto

El informe completo está disponible en: http://europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl159_fut_const.pdf

La Comisión Europea ha propuesto un plan de acción para mejorar la actuación exportadora de los países en desarrollo y reducir su vulnerabilidad a las fluctuaciones de precios de productos agrícolas clave como el algodón, el café y el azúcar.

No hay que olvidar que el comercio internacional de esos productos son una de las fuentes de ingresos y de empleo más importantes de algunos países en desarrollo. Según las estadísticas que obran en poder de la Comisión Europea, 54 países dependientes de las materias primas, generan el 20% de sus ingresos económicos gracias a la exportación de tres o menos productos agrícolas. Un buen ejemplo es el sector del algodón en África. Algunos países africanos dependen del algodón hasta el punto de que supone cerca del 40% de sus exportaciones totales. Además el sector del algodón proporciona trabajo a 15 millones de africanos.

Para contrarrestar esa dependencia excesiva, el plan de acción de la Comisión identifica seis medidas principales de intervención:

• Priorización del problema de las materias primas en la agenda política, integrándolo en la política general de lucha contra la pobreza, y mediante la reforma de las instituciones internacionales para que sean más receptivas a los problemas de los países en desarrollo.
• Respuesta al declive de los precios, mediante la aplicación de estrategias integrales que aborden temas como el asociacionismo, la calidad o la promoción.
• Gestión de los riesgos y mejora del acceso a la financiación, mediante la creación de nuevos instrumentos financieros y esquemas aseguradores de los riesgos, que actúen como colchón en caso de fluctuaciones importantes de los precios.
• Fomento de la diversificación de la producción agrícola de los países en desarrollo.
• Integración adecuada de los países dependientes de las materias primas en el mercado comercial internacional.
• Mejora de las prácticas corporativas y de las inversiones sostenibles por parte de las empresas que utilizan las materias primas.

Más información sobre el plan de acción está disponible en: http://europa.eu.int/comm/trade/issues/global/development/pr120204_en.htm

El Real Instituto de Asuntos Internacionales del Reino Unido celebrará una conferencia sobre responsabilidad empresarial los próximos días 1 y 2 de marzo en Londres, el que participarán representantes empresariales y de ONG. Para obtener más información sobre la misma se recomienda visitar: www.riia.org/index.php?id=5&cid=41

Bajo el título Rompiendo barreras – partenariado para la lucha contra el Sida en Europa y Asia Central, la presidencia irlandesa de la Unión Europea organiza en Dublín, los días 23 y 24 de febrero, una conferencia ministerial a la que también están invitadas ONG sobre el futuro de la lucha contra el Sida en dichas zonas geográficas. Información sobre la misma está disponible en www.eu2004.ie/templates/meeting.asp?sNavlocator=5,13&list_id=25

En el Diario Oficial del 4 de febrero (DO 2004/C 30/14), se publicó el anuncio de la convocatoria de propuestas para el Programa Seguridad Alimentaria ONG 2003, que tiene por objetivo sufragar proyectos a través de las organizaciones no gubernamentales en dicho ámbito.

La Comisión invita a presentar propuestas para respaldar proyectos de realización de acciones de apoyo a la seguridad alimentaria en coherencia con la Estrategia nacional de seguridad alimentaria de los siguientes países: Angola, Eritrea, Etiopía, Sudán, República Democrática del Congo, Sierra Leona y Yemen.

El plazo para la presentación de propuestas concluirá el 6 de mayo de 2004.

La convocatoria estará disponible próximamente en el siguiente sitio web: http://europa.eu.int/eur-lex/es/oj/index.html

El 24 de enero se publicó en el Diario Oficial (DO 2004/C 20/19) la convocatoria de propuestas relativa a un marco comunitario de cooperación para el desarrollo sostenible en el medio urbano.

La misma tiene por objetivo promover la concepción, el intercambio y la aplicación de buenas prácticas en los siguientes ámbitos:

• La puesta en práctica a escala local del derecho comunitario en materia de medio ambiente.
• El desarrollo urbano sostenible.
• La Acción 21 local.

El montante disponible para esta convocatoria asciende a 4.750.000 euros. Podrán optar a las mismas tanto entidades locales como ONG.

Información más detallada sobre los ámbitos, la naturaleza y el contenido de las acciones (así como las condiciones para la concesión de la asistencia y los formularios de solicitud) estarán próximamente disponibles en: http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de marzo.

Amnistía Internacional selecciona un director de programas para el área de política y evaluación, para su secretariado internacional en Londres. La fecha tope para la presentación de candidaturas es el 27 de febrero de 2004. Para obtener más información sobre el puesto se recomienda visitar: http://web.amnesty.org/jobs/index/06022004-HH289350:GU

ChristianAid ha abierto un proceso de selección para contratar a un economista jefe que será el encargado de formular la política estratégica de la organización en una serie de temas macroeconómicos. El puesto tendrá base en Londres. La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 15 de marzo. Más información está disponible en: www.christian-aid.org.uk

El Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC), cuyo principal objetivo es proporcionar a la Comunidad Europea y a sus Estados miembros datos objetivos, fiables y comparables a nivel europeo sobre los fenómenos del racismo, la xenofobia y el antisemitismo, va a contratar a un jefe para la unidad de investigación y recogida de datos, para su sede en Viena. El plazo para la presentación de candidaturas expira el día 27 de febrero, esperándose que durante 2004 se abran nuevos procedimientos de selección para diversos puestos. La convocatoria está disponible en el Diario Oficial de 30 de enero (DO 2004/C 27/A/1), que puede ser consultado en: http://europa.eu.int/eur-lex/es/oj/index.html

Un nuevo órgano está llevando la disciplina al sector sin ánimo de lucro español, afirma Leslie Crawford.

Después de estar años pidiendo responsabilidades a las grandes empresas y a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales están empezando a experimentar ellas mismas la presión del examen riguroso.

La idea de que las ONG tengan que respetar los mismos criterios de transparencia y responsabilidad que los negocios del sector privado es polémica, pero no demasiado descabellada.

Según un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins, el sector sin ánimo de lucro moviliza 1,1 billones de dólares y da empleo a 19 millones de personas en los 22 países en los que se realizó el estudio. Si se incluyesen las organizaciones religiosas, estas cifras serían aún mayores.

A pesar de su tamaño, "el sector sin ánimo de lucro continúa siendo el "continente perdido" de la sociedad moderna, invisible para la mayoría de los políticos, hombres de negocios y la prensa", según afirma el informe.

Muchas organizaciones sin ánimo de lucro opinan que no se les debería de juzgar siguiendo los mismos criterios que para el sector privado. La "inversión" en democracia o derechos humanos tarda tiempo en dar sus frutos; a veces es necesario participar en prácticas corruptas – soborno, por ejemplo- para conseguir ayuda alimenticia para los hambrientos, o medicinas para los enfermos.

Según afirman las ONG, en el sector del voluntariado, las buenas intenciones y los compromisos son los que marcan la diferencia. Por ello piensan que no deberían estar sometidos a la supervisión tradicional.

Esta idea preocupaba a Salvador García-Atanze, un hombre de negocios español. El señor García Atanze y sus socios habían vendido su agencia de corredores de bolsa, AB Asesores, a Morgan Stanley, y como tenía tiempo, comenzó a plantearse cómo podrían ser útiles sus conocimientos para las organizaciones sin ánimo de lucro.

Hace tres años, España se vio sacudida por un escándalo financiero que afectó a muchas organizaciones benéficas. Gescartera, una boutique financiera privada, se hundió tras haber malversado más de 100 millones de euros. Entre los inversores que perdieron sus ahorros se encontraba la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la mayor organización sin ánimo de lucro española, varias organizaciones misioneras y Manos Unidas, una organización de desarrollo activa en África y en América Central.

Si las organizaciones benéficas tuviesen controles financieros apropiados, pensó el Sr. García-Atanze, no serían una presa tan fácil para los estafadores. Comenzó a realizar un código de buenas prácticas con dos objetivos: aumentar su responsabilidad, y hacerlas más "visibles" para los donantes, en especial en el sector de los negocios.

"Si para los bonos existen clasificaciones y para los fondos de inversión estrellas, ¿por qué no crear sistemas de clasificación similares para las ONG?", afirma.

Sus amigos le dijeron que la idea nunca funcionaría. "Era un antiguo banquero, capitalista y me dijeron que las ONG nunca aceptarían ser juzgadas por personas como yo".

Sin embargo, decidió probar. Junto con el director de Standard & Poor’s en España y altos cargos de PwC, el Sr. García Atanza creó la Fundación Lealtad, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo era "promover la confianza de las empresas y las personas en las ONG".

Sus contactos iniciales con organizaciones sin ánimo de lucro españolas fueron desalentadores, pero tras un año de negociaciones, se acordaron los siguientes principios:

• Un consejo regulador, con un mínimo de cinco miembros, que se reúne al menos dos veces al año y supervisa el presupuesto y las cuentas anuales.
• Objetivos bien definidos.
• Sistemas de control y de evaluación para los proyectos.
• Promoción y búsqueda de financiación que reflejan los verdaderos objetivos de la organización.
• Financiación diversificada.
• Mantener un registro sobre cómo se gastan los fondos, y hacerlos públicos.
• Minimizar el gasto en la búsqueda de fondos y la gestión.
• Publicar cuentas anuales que hayan sido verificadas por auditores externos.

Después, la organización firmó contratos con las organizaciones que querían ser "auditadas" de acuerdo con estos criterios. La auditoria sería gratuita, pero tendrían que aceptar la publicación de los resultados.

La Fundación Lealtad revisa las cuentas de la organización, la gobernanza corporativa, de dónde procede el dinero y cómo se gasta. Los resultados se revisan. Si una organización no está de acuerdo con las "clasificaciones" de la Fundación Lealtad, puede publicar objeciones en la página web de la Fundación. Pero esto no puede alterar los resultados de la auditoria, que se publican en una "Guía de buenas prácticas y de transparencia de las ONG" cada año.

Los resultados en el 2001, el primer año de las auditorias voluntarias, sorprendieron a muchas organizaciones. Una de ellas amenazó con llevar a la Fundación Lealtad ante los tribunales y cuatro abandonaron el ejercicio el año siguiente.

Los defectos mayores eran: composición inadecuada de los consejos de dirección, confianza desmesurada en una única fuente de financiación (a menudo subvenciones públicas) y un planteamiento amateur en materia de gestión financiera.

La mayoría de las organizaciones sin ánimo de lucro españolas encontraron la experiencia beneficiosa y útil. "Conseguimos tener más credibilidad y un perfil mucho mayor", afirma Rosa Alonso de Manos Unidas. "Los donantes tenían más confianza en nuestro trabajo".

El próximo proyecto del señor García-Atanze es la creación de una base de datos de proyectos del sector del voluntariado que ligaría los proyectos con patrocinadores.