Boletín Quincenal sobre Política Social Europea
Número 58, lunes 6 de diciembre de 2004

El comienzo del mandato de la nueva Comisión parece que ha servido para insuflar nuevos aires a la política europea en materia de lucha contra la discriminación. Los desafortunados comentarios sobre las mujeres y los homosexuales realizados ante el Parlamento Europeo por el candidato a comisario de justicia, Rocco Buttiglione, y la polémica que se organizó en torno a los mismos, parecen haber concienciado a la Comisión Barroso sobre la necesidad de profundizar la acción comunitaria en la materia para recuperar la confianza perdida a raíz de los mismos.

De ahí que si hace poco más de un mes la Comisión descartaba a corto o medio plazo la tramitación de legislación más avanzada en la lucha contra la discriminación, ahora cabe la posibilidad de que incluso antes de finales de 2005, la Comisión avance nuevas propuestas. Así lo manifestó en su primer día de trabajo, el Comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, en una conferencia de la presidencia holandesa de la UE, celebrada los días 22 y 23 de noviembre en La Haya. En la sesión inaugural de la conferencia, en la que participaron 150 representantes de los gobiernos de los Estados miembros, de ONG (entre las que se encontraban las ONG españolas Fundación Secretariado General Gitano y la Fundación Luis Vives) y de instituciones comunitarias, Vladimir Spidla se comprometió a la elaboración en 2005 de lo que llamó "un estudio de viabilidad" en el que se analizaría la necesidad y viabilidad de futuras iniciativas, mostrándose receptivo a la demanda mayoritaria de las ONG de que la lucha contra la discriminación por razón de religión, creencia, edad, discapacidad u orientación sexual reciban el mismo nivel de protección que la lucha contra la discriminación por razón de raza. Mientras que este último tipo de discriminación cuenta con una directiva europea específica, no es ese el caso de los demás tipos de discriminación.

Hasta ahora la Comisión Europea se había escudado, para no promover nueva legislación, en la necesidad de que se transpusiese y se aplicase eficazmente la legislación existente en los ordenamientos jurídicos nacionales, cosa que en opinión del ejecutivo comunitario no se está haciendo. Se trata concretamente de las dos directivas sobre no discriminación aprobadas en el año 2000 (directiva sobre igualdad en el empleo y directiva sobre no discriminación por motivos raciales), que entraron en vigor a finales de 2003, y que aún no han sido transpuestas correctamente por un número considerable de países (entre los que no se encuentra España), tanto entre los nuevos como los antiguos Estados miembros. La Comisión tiene la intención de denunciar próximamente a los países incumplidores ante el Tribunal de Justicia, quien de verificarse el incumplimiento podría sancionarlos con una multa diaria considerable hasta que se ponga fin al incumplimiento.

Quizás, otro factor importante en este cambio de actitud fue la inclusión en la Constitución Europea de la horizontalidad de la lucha contra la discriminación, contemplada en el artículo III-118. Esta artículo establece que al definir y aplicar todas sus políticas, la Unión debe combatir la discriminación por razones de sexo, de raza, origen étnico o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual.

Igualmente, las reacciones al libro verde sobre no discriminación, publicado a finales del pasado mes de mayo, y que abrió un proceso de consulta pública han venido a contribuir a la sensibilización de la Comisión, sobre todo por la fuerte demanda de la opinión pública en general y de las ONG en particular de alinear la protección de los distintos tipos de discriminación. Bien es verdad que las respuestas de la mayoría de los Estados a la consulta fueron contrarias a la aprobación de nueva legislación en este ámbito. Sin su apoyo, recuerda la Comisión, no es realista pensar en nueva legislación. Más aún si se tiene en cuenta que el ámbito social es uno de los pocos en los que aún es necesaria la unanimidad de los Estados miembros.

Sea como fuere, tanto la Comisión Europea como los demás actores, y así quedo plasmado en los resultados de la consulta abierta por el libro verde, son conscientes de que la legislación contra la discriminación no es el único instrumento disponible, ni acabará por si sola con la discriminación. Por el contrario, se considera imprescindible que la UE tome otras iniciativas complementarias, como el "mainstreaming" de la no discriminación y de las consideraciones de igualdad en las demás políticas, y la realización de campañas de sensibilización pública. Sin olvidar que la mayor parte de responsabilidad recae en los Estados Miembros, sin cuyo compromiso y acción continua, las iniciativas comunitarias no dejarían de ser simbólicas.

El comisario se comprometió a que el estudio de viabilidad desembocará en una comunicación de la Comisión que será publicada antes de 2005 y en la que se propondrán las iniciativas comunitarias a llevar a cabo en el ámbito de la no discriminación para los cinco años siguientes.

Información detallada sobre la política europea en materia de no discriminación, la legislación existente, el libro verde y otras iniciativas en este ámbito están disponibles en: http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_en.htm

El pasado día 22 de noviembre la Comisión Europea presentó un nuevo informe en el que se analiza la situación de los gitanos (y también de los romaníes y viajeros nómadas) en la UE ampliada, y que servirá como base para las discusiones entre la Comisión y los Estados miembros y otras partes interesadas sobre qué tipo de medidas son necesarias para abordar los problemas de estas minorías étnicas y conseguir su inclusión social.

Para ello el informe incluye una serie de recomendaciones dirigidas a la UE, a los Estados miembros y a las ONG sobre cómo fortalecer sus políticas e iniciativas en relación con los gitanos, partiendo de que el tratamiento de los gitanos "se ha convertido en uno de los temas políticos, sociales y de derechos humanos a los que debe hacer frente Europa de manera más urgente".

En las 64 páginas del informe se analizan las condiciones que los gitanos sufren en una gran variedad de ámbitos, que van desde el educativo, hasta el laboral pasando por el sanitario y el de la vivienda. A su vez identifica una serie de ejemplos de buenas y de malas prácticas referidas a políticas y a programas dirigidos a los gitanos, que deberán ayudar a las autoridades europeas y nacionales a abordar de manera más eficaz la lucha contra la discriminación y la exclusión social de los gitanos.

Según los autores del estudio, la UE puede jugar un papel importante en este sentido, tomando el liderazgo en distintas esferas. Así por ejemplo, en la concienciación pública sobre la situación de los gitanos, y sobre el racismo que estos sufren. Igualmente, se recomienda que la UE aborde la mejora de la situación de los gitanos mediante el mainstreaming y mediante medidas específicas y dotaciones presupuestarias adecuadas. También solicita que los gitanos sean mencionados específicamente en los programas comunitarios en materia de no discriminación e inclusión social y en otras iniciativas en vez de "asumir simplemente que los gitanos estarán efectivamente cubiertos por tales políticas". En la formulación y control de las políticas, es imprescindible que participen representantes de los propios gitanos. Y en este sentido, el informe sugiere la creación por el ejecutivo comunitario de una estructura de coordinación sobe temas gitanos, para garantizar así la coherencia y eficacia de sus políticas. Como un primer paso la Comisión ya ha creado un grupo interservicios para que analice los temas que afectan a los gitanos en las distintas direcciones generales.

A la Comisión también le corresponde, continúa el informe, el papel de guiar a los Estados miembros en materia de recogida de datos sobre aspectos de raza y etnia que sean relevantes para la inclusión social. En estos momentos, la Comisión está financiando un proyecto de investigación sobre prácticas de recogida de datos en otras partes del mundo.

En cuanto a los Estados miembros, el estudio también les da algunas recetas. La primera de ellas es la necesidad de que reconozcan a los gitanos, a los romaníes y a los viajeros nómadas como minorías étnicas distintas. Reconocimiento que es considerado por el estudio como un primer paso esencial para acabar con la discriminación de estos grupos y para promover su inclusión social. Otra de las medidas a adoptar por los Estados miembros es el reconocimiento explícito en los Planes Nacionales de Acción contra la lnclusión Social de la necesidad de acciones específicas dirigidas a estos grupos, y el abandono del enfoque actual consistente en una fragmentación de proyectos individuales.

Finalmente, el informe también contiene varias sugerencias dirigidas a la sociedad civil. La principal es la necesidad de que las organizaciones de gitanos participen más activamente en la sociedad y de que se considere la creación de un lobby único que consolide las opiniones diferentes que existen en la actualidad entre los gitanos, romaníes y los viajeros nómadas"en un sola voz que presente propuestas claras e inequívocas a los políticos".

Con la adhesión de los diez nuevos Estados miembros, la población gitana de la Unión Europea ha aumentado en más de dos millones, convirtiéndose en la minoría más grande de la Unión. Minoría que se verá reforzada cuando se produzca la ampliación a Bulgaria y Rumania, probablemente en 2007.

El estudio está disponible en: http://europa.eu.int/comm/employment_social/
fundamental_rights/prog/studies_en.htm

Con el comienzo del mandato de la nueva Comisión, presidida por el portugués José Manuel Durao Barroso, se han producido los respectivos traspasos de cartera en las distintas direcciones generales, entre ellas la DG Empleo y Asuntos Sociales. Así, con 21 días de retraso sobre el calendario previsto, el 22 de noviembre el checo Vladimir Spidla sustituía al hasta ahora comisario Stavros Dimas, quien ocupaba de manera temporal la plaza dejada por Anna Diamantopoulou el pasado mes de marzo.

En la nueva Comisión, que cuenta con 25 miembros, uno por país, la cartera de empleo y asuntos sociales, ha sido rebautizada como "empleo, asuntos sociales e igualdad de oportunidades". Con ello se quiere mostrar el compromiso de la Comisión Europea con la creación de una Europa en la que no exista la discriminación de ningún tipo. El nombramiento de Vladimir Spidla ha sido acogido favorablemente en el sector social por su experiencia previa en ese ámbito.

Mr Spidla, que es doctor en historia y prehistoria, tiene una larga carrera política que comenzó simultáneamente a la caída del régimen comunista en la antigua Checoslovaquia y que le llevó a ocupar distintas responsabilidades. Primero a nivel local y regional, siendo vice-presidente del Comité Nacional de Distrito de Jindrichuv Hradec, organismo responsable de la educación, la asistencia sanitaria, los asuntos sociales y la cultura, y posteriormente director de un centro local de empleo. Más tarde, en 1996, saltó a la política nacional tras haber sido elegido diputado, siendo nombrado en 1998 vice Primer Ministro y ministro de empleo y asuntos sociales, cargos que ocuparía hasta 2002, año en el que sería elegido Primer Ministro.

En su primer día en el cargo, el comisario intervino en la conferencia sobre no discriminación de la presidencia holandesa que se celebraba en La Haya. En su intervención, expresó su determinación para continuar luchando contra la discriminación a nivel europeo, y anunció la realización en 2005 de un estudio de viabilidad que desembocará en la propuesta antes de finales de ese año de nuevas iniciativas comunitarias, incluyendo muy probablemente nueva legislación específica.

En una comunicación publicada recientemente por la Comisión Europea bajo el título Los Desafíos de la Sociedad de la Información Europea más allá de 2005, el ejecutivo comunitario reconoce la inclusión digital (e-inclusión) como una de las prioridades a las que la UE debe dedicar especial atención en el marco de su política en materia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NNTT).

La inclusión digital es definida como la garantización del acceso en igualdad de condiciones y la disponibilidad de nuevas tecnologías para todas, a un precio asequible. A medida que las nuevas tecnologías, en algunos casos cada vez más complejas, invaden todas las esferas de la sociedad se está generando un riesgo creciente de que determinados sectores de la sociedad (mayores, personas con discapacidad, etc.) se queden aún más excluidos de lo que ya lo están, y de que lo que inicialmente se veía como una gran herramienta de inclusión, pase a serlo de exclusión.

Es por ello, que la Comisión, al definir sus prioridades para a partir de 2005 recuerda la importancia de garantizar la alfabetización digital para todo el mundo. Para ello es necesario que a través de las políticas de inclusión digital las autoridades se aseguren de que las nuevas tecnologías sean fáciles de usar y que proporcionen contenidos y servicios que eviten que se produzcan nuevas divisiones sociales. Sin embargo, este reto se hace especialmente complejo, se reconoce en la comunicación, si se tienen en cuenta los cambios sociales que la UE sufrirá en los próximos años y principalmente el hecho de que en el año 2020 el 40% de la población tendrá más de 65 años.

Es por ello que la Comisión estima que es necesaria la realización de investigaciones sobre el tema, comprometiéndose a promoverlas.

Con esta comunicación, la Comisión inicia un proceso de reflexión sobre la nueva visión de la sociedad de la información que debe ser puesta en práctica a partir de 2006, proceso en el que consultará con el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones y otras partes interesadas.

La comunicación está disponible en:
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm

El pasado viernes, día 3 de diciembre, se celebró un año más el Día Europeo de las Personas con Discapacidad. Con ese motivo, la Comisión Europea organizó en Bruselas los días 2 y 3, conjuntamente con el Foro Europeo de la Discapacidad, una conferencia que se centró específicamente en el empleo de las personas con discapacidad. Más concretamente sobre cómo se puede ayudar a las personas con discapacidad a encontrar trabajos y, lo que es más importante, a conservarlos.

La temática elegida para este año viene dada por las conclusiones de la de 2003 en la que se llegó a la conclusión de que para muchos discapacitados encontrar trabajo no es una opción real. No hay que olvidar, recuerda la Comisión, que el 15,7% de las personas entre 16 y 64 años tienen algún tipo de discapacidad o problema de salud de larga duración, porcentaje que aumenta considerablemente en el caso de los mayores de 64 años. Por su parte, mientras que el 64,2% de las personas sin discapacidad trabajan, solamente lo hacen un 40% de las que sí la tienen.

La conferencia, en la que participaron por primera vez personas con discapacidad procedentes de los 25 Estados miembros, fue inaugurada por el nuevo Comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, quien declaró que "debemos incorporar una visión inclusiva de la discapacidad en todas nuestras políticas" y apuntó las tres áreas prioritarias de trabajo de la Comisión Europea en la materia a saber:

• Mejora del acceso al entorno construido (carreteras, transporte público, hospitales y servicios públicos).
• Aprovechamiento de las nuevas tecnologías para permitir a las personas con discapacidad participar en el mundo laboral.
• Aprendizaje permanente.

Igualmente, la Comisión Europea, en la persona de la Jefa de la Unidad de Discapacidad, Wallis Goelen, se comprometió a presentar con motivo del Día Europeo del año 2005 un informe sobre la situación de las personas con discapacidad en Europa.

Por parte del Foro Europeo de la Discapacidad, intervino su presidente, Yannis Vardakastannis quien aprovechó para hacer un llamamiento sobre la necesidad de una directiva marco específica sobre discapacidad y de fomentar el mainstreaming.

Para obtener más información sobre las conclusiones de la conferencia, se recomienda contactar con: Marie-Anne.Nicolaides@cec.eu.int

El Comité Organizador de la Copa del Mundo de Fútbol 2006 que tendrá lugar en Alemania, ha iniciado contactos con la unidad de la Comisión Europea responsable del voluntariado para analizar la posibilidad de realizar un ambicioso proyecto de voluntariado durante el torneo.

La idea de este proyecto, que tendría lugar en el marco del Servicio Voluntario Europeo, que se enmarca en el Programa de Acción Juventud, ha sido acogida favorablemente por la Comisión, tal como reconoció, Jens Mester, funcionario de la unidad de juventud de la DG Educación y Cultura, de la propia Comisión Europea. "La Comisión está muy interesada en términos generales en la promoción y aplicación del concepto de Servicio Voluntario Europeo (SVE) de manera colectiva con ocasión de la celebración de granes eventos, ya sea en el área de los deportes, la juventud y la cultura", manifestó el Sr. Mester. De hecho, la Comisión Europea tiene la intención de para el nuevo periodo presupuestario (2007-2013) dar un mayor protagonismo a este tipo de proyectos en el marco del nuevo Programa de Acción Juventud.

No hay que olvidar que 2004 ha sido declarado por la UE Año Europeo de la Educación a través del Deporte, por lo que desde la Comisión se ha intentado a través del SVE promover especialmente los proyectos de voluntariado relacionados con el tema. El SVE se encuadra en el marco de la acción 2 del Programa Juventud y en 2003 contó con la participación de 3.500 voluntarios y un presupuesto de 25 millones de euros. Con motivo de la ampliación de la UE dicho presupuesto se incrementó a 33 millones de euros para el año 2004.

La Comisión Europea está trabajando actualmente en hacer el SVE más accesible para los voluntarios potenciales y va a publicar en los próximos días una "guía del usuario". La misma estará disponible en el sitio web del SVE: http://europa.eu.int/comm/youth/program/sos/index_en.html

El ponente del Parlamento Europeo sobre la propuesta de reforma de los Fondos Estructurales para el nuevo periodo presupuestario (2007-2013), Konstantinos Hatzidakis, se comprometió públicamente a apoyar las demandas del movimiento europeo de las personas con discapacidad para que la nueva reglamentación prohíba que se construyan con fondos comunitarios nuevas barreras para las personas con discapacidad.

En un desayuno de prensa conjunto con el presidente del Foro Europeo de la Discapacidad, Yannis Vardakastanis, y con varios periodistas europeos destacados en Bruselas, Hatzidakis anunció su apoyo inequívoco a la prioridad principal del movimiento de la discapacidad europeo con vistas a la renegociación del marco normativo relativo a los Fondos Estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo y Fondo de cohesión). "No podemos financiar proyectos públicos a través de este marco de apoyo e ignorar la accesibilidad", manifestó. Añadiendo que, "de ser así estaríamos olvidándonos de un 10% de la población europea". En la Unión Europea ampliada se calcula que existen alrededor de 45 millones de personas con discapacidad.

En el mismo sentido se manifestó el presidente del EDF, quien recordó el potencial de los Fondos Estructurales "para traer igualdad y progreso para las personas con discapacidad" y que hasta ahora los mismos habían desatendido a los discapacitados, ya que han venido financiando proyectos de infraestructuras que no tenían en cuenta la accesibilidad para las personas con discapacidad.

El ponente del Parlamento Europeo anticipó un fuerte apoyo político en el seno del Parlamento Europeo y se comprometió a defender los intereses de las personas con discapacidad durante las negociaciones que se espera que sean muy duras. No obstante, como recordó Hatzidakis "el Consejo sabe que no pueden ignorar al Parlamento Europeo".

La idea es incluir en el reglamento general de los Fondos Estructurales un artículo horizontal que reconozca el derecho a la no discriminación y a la accesibilidad para las personas con discapacidad.

La Comisión Europea ha abierto una consulta pública a través de Internet sobre su futuro plan de acción para reducir la contaminación del aire. En la misma, los ciudadanos europeos contestarán preguntas del tipo: ¿en tu opinión, cuál es la calidad del aire en tu barrio? ¿Es importante para ti reducir la contaminación del aire? ¿Cuánto más deberíamos hacer en los próximos 15 años? o ¿Tú como individuo, qué estás dispuesto a hacer para mejorar la calidad del aire?

Según estudios recientes cada europeo pierde entre 3 y 14 meses de esperanza de vida (nueve meses de media) debido a la pobre calidad del aire. 22.000 muertes prematuras son debidas a esa misma razón. Igualmente la contaminación afecta de manera importante a los ecosistemas. Así, el 23% de los bosques europeos están en peligro por exceso de lluvia ácida y el 63% de los ecosistemas de nuestro continente también corren riesgo debido a la deposición excesiva de nitrógeno.

Durante la presentación de la consulta, el nuevo comisario de medio ambiente, Stavros Dimas, declaró: "los datos sobre el impacto de la contaminación del aire en los organismos humanos es inquietante, necesitamos entender mejor las causas y los efectos". Igualmente recordó que aunque es cierto que en los últimos años se han producido avances importantes para reducir la emisión de contaminantes, "hay aún cosas que podemos hacer y debemos comenzar ya".

El cuestionario digital, al que se podrá responder hasta el 31 de enero, está disponible en: http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?form=356&lang=EN

La Cámara de Comercio Británica en Bruselas celebra el 26 de enero un seminario sobre Responsabilidad Social de las Empresas y Comunicación, en la que se analizará cómo las empresas pueden maximizar los beneficios de sus actividades de RSE mediante una política adecuada de comunicación. Para más información se recomienda visitar: http://www.britcham.be/content/events/registration.asp?EventID=288

La Plataforma Europea para la Rehabilitación (EPR) va a celebrar los días 16 y 17 de diciembre una conferencia sobre la calidad en el ámbito de la formación de las personas con discapacidad. El objetivo es ofrecer una perspectiva de cómo están evolucionando los distintos modelos existentes en Europa. Para más información se recomienda contactar con epr@epr.be

La Comisión Europea acaba de publicar una convocatoria de propuestas (VP/2004/04) para la cooperación transnacional y los proyectos de intercambio con el fin de luchar contra la exclusión social en el marco del Programa comunitario de acción contra la exclusión social.

Esta convocatoria tiene por objeto la financiación de propuestas que promuevan la cooperación y el intercambio transnacionales de propuestas que promuevan la cooperación y el intercambio transnacionales y fomenten el aprendizaje mutuo entre los Estados miembros con el objetivo de reforzar la efectividad y la eficacia de las políticas y los programas destinados a luchar contra la pobreza y la exclusión social.

La promoción de estos intercambios tiene como objetivo apoyar la aplicación del Método abierto de coordinación en materia de pobreza y exclusión social y, en particular, el desarrollo y la puesta en práctica de los Planes nacionales de acción (PNA)sobre inclusión social.

Las propuestas podrán referirse a intercambios y cooperación en materia de políticas sobre cualquier aspecto de la pobreza y la exclusión social, aunque se concederá una especial prioridad a las propuestas que aborden las cuestiones que planteen los 15 antiguos Estados miembros de la UE en la segunda ronda de PNA y que los 10 nuevos Estados miembros presenten en el segundo Informe conjunto sobre la inclusión social y en la primera ronda de PNA.

Podrán participar tanto organismos públicos como privados (incluidas ONG) que participen en la lucha contra la exclusión social.

La financiación oscilará entre los 200.000 y los 300.000 euros por proyecto al año.

La fecha tope para la presentación de propuestas es el 28 de enero de 2005.

La convocatoria está disponible en: http://europa.eu.int/comm/employment_social/
calls/2004/vp_2004_004/tender_en.htm

La Comisión Europea ha publicado una convocatoria de propuestas dirigida a financiar ONG en los diez nuevos Estados miembros con el fin de reforzar una sociedad civil activa, viable y competente, elemento indispensable para la nueva gobernanza.

A través de la misma se financiarán proyectos de alta calidad en diversas áreas (Estado de Derecho, democracia, derechos fundamentales, pluralismo mediático y lucha contra la corrupción) que deberán perseguir alguno de los siguientes objetivos específicos:

• Facilitar la cooperación y la creación de coaliciones entre las ONG europeas y establecer vínculos y partenariados entre las ONG de los Estados miembros antiguos y de los nuevos.
• Contribuir a mejorar la capacidad de la sociedad civil de desarrollar mecanismos efectivos y sostenibles de control.
• Mejorar la capacidad de la sociedad civil en los 10 nuevos Estados miembros para influir en el ámbito político a nivel regional, nacional y comunitario, así como aumentar su capacidad de asistencia a las víctimas de las violaciones de los derechos fundamentales.
• Sensibilizar a la opinión pública en los 10 nuevos Estados miembros sobre el importante papel de las actividades de información y seguimiento.
• Sensibilizar sobre la necesidad de contribuciones públicas y privadas en apoyo a la sociedad civil.

El presupuesto disponible para esta convocatoria es de 3 millones de euros, con los que se financiarán proyectos que recibirán entre 50.000 y 150.000 euros, exigiéndose una cofinanciación del 20%.

La fecha tope para la presentación de propuestas es el 15 de febrero.

La convocatoria está disponible en: http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/
support_ngo/funding_support_en.htm

En el Diario Oficial del 27 de noviembre (DO 2004/C 290/10) se publicó una convocatoria dirigida a la financiación de organismos activos a escala europea en el ámbito de la juventud.

Dichos organismos deberán desarrollar actividades que contribuyan a la participación activa de los ciudadanos jóvenes en la vida pública y la sociedad y al desarrollo y la aplicación de medidas de cooperación comunitaria en el ámbito de la juventud en sentido amplio.

Para poder optar a estas ayudas es necesario que las organizaciones estén activas en al menos ocho países miembro.

El presupuesto total asignado para 2005 es de 2.310.000 euros, y la ayuda financiera de la Comisión no podrá exceder del 50% del total de los gastos de funcionamiento. La subvención máxima será de 35.000 euros.

Las solicitudes deberán enviarse a la Comisión antes del 31 de diciembre.

La convocatoria está disponible en: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=es

En el Diario Oficial del 30 de noviembre (DO 2004/C 292/63), se publicó la convocatoria para la "transferencia y difusión de la innovación derivada de los proyectos realizados con apoyo del artículo 6 del Reglamento relativo al Fondo Social Europeo (FSE)".

Dicho artículo apoya medidas innovadoras a través de las cuales se pretende fomentar nuevos planteamientos e identificar ejemplos de buenas prácticas que posteriormente puedan servir para mejorar la puesta en práctica de las acciones financiadas por el FSE. El objetivo es identificar las enseñanzas más valiosas que puedan extraerse de uno o varios proyectos que se hayan desarrollado en el periodo 2000-2004 y transferir y difundir dichas enseñanzas a un público más amplio.

Hay dos plazos para la presentación de solicitudes: uno el 16 de febrero de 2005 y otro el 16 de febrero de 2006.

La convocatoria está disponible en: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=es

El 29 de octubre se publicó en el Diario Oficial (DO 2004/C 266/11) la convocatoria 2005 del programa AGIS, que promueve la cooperación policial, aduanera y judicial en materia penal y apoya los esfuerzos de los profesionales para contribuir al desarrollo de la política europea en este campo.

El programa AGIS proporciona ayuda financiera a proyectos destinados a mejorar las cualificaciones de los profesionales, la cooperación entre las diversas autoridades y organismos responsables de la lucha y prevención de la delincuencia transfronteriza y grave, así como la protección de los derechos de las víctimas y la prevención de la criminalidad. El programa AGIS apoya también a organizaciones que fomentan esta cooperación.

El programa subvenciona proyectos de una duración máxima de dos años en las siguientes áreas:

• Cooperación judicial general y en materia penal, incluida la formación;
• Cooperación entre los servicios policiales u otras organizaciones públicas o privadas en los Estados miembros encargados de la prevención y lucha contra de la delincuencia, organizada o de otro tipo;
• Cooperación entre los Estados miembros para conseguir la protección efectiva de los intereses de la víctima en el proceso penal.

Se fomentan los siguientes tipos de proyecto:

• Formación;
• Creación y puesta en marcha de programas de intercambios y prácticas;
• Estudios e investigación (incluida la investigación aplicada al desarrollo político);
• Difusión de los resultados obtenidos en el marco del proyecto;
• Fomento de la cooperación entre autoridades policiales, judiciales u otros organismos públicos o privados de los Estados miembros encargados de prevenir y luchar contra la delincuencia, por ejemplo ayudando al establecimiento de redes;
• Conferencias y seminarios.

El programa no está abierto a estudiantes, pero pueden participar jóvenes profesionales en periodos de prácticas.

La fecha tope para la presentación de solicitudes expira el próximo día 15 de diciembre.

La convocatoria está disponible en: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=es

La Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales ha anunciado la contratación de un agente temporal A8 para la unidad derecho laboral y organización del trabajo. La fecha tope para la presentación de solicitudes es el 23 de diciembre. La convocatoria está disponible en:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2004/nov/tempjob_en.html

La Red Europea contra el Racismo (ENAR) acaba de publicar dos vacantes para su secretariado en Bruselas: una de administrativo para que se responsabilice de la administración general de la oficina y otra de un técnico de comunicación a media jornada para que se ocupe de la página web y de las publicaciones de la Red. La fecha tope para la presentación de candidaturas es el 16 de diciembre. Toda la información sobre los puestos está disponible en: www.enar-eu.org

La Asociación Europea de Cáncer Cervical (ECCA) ha abierto un proceso de selección para contratar un nuevo director general, que deberá trasladarse a residir a Lyón, sede de la Asociación. Para más información se recomienda contactar a Véronique Forterre Origoni, ECCA, 68 Cours Albert Thomas, 69008 Lyón, Francia.

La Fundación Levi Strauss ha abierto un proceso de selección para contratar un consultor independiente en Alemania (preferiblemente localizado en Frankfurt) y otro en Italia (Milán preferentemente), para que asesoren a la fundación en su política de grantmaking (concesión de becas y ayudas) en el país respectivo. La fecha tope para la presentación de candidaturas es el 17 de diciembre. Para más información se recomienda contactar con Zoltan Valcsicsak (zvalcsicsak@levi.com).

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, agencia dependiente de la Comisión Europea, y que tiene sede en Dublín, ha publicado una convocatoria oficial para contratar un nuevo director. El plazo para el envío de candidaturas expira el 17 de diciembre. La convocatoria fue publicada en el Diario Oficial del 9 de noviembre (DO 2004/C 274/A/3), que está disponible en: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=es

Les turcosceptiques craignent immigration massive et délocalisations.

Les Français sont contre. Emportés notamment par la peur de l'islam, 75 % d'entre eux voteraient contre l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne en cas de référendum, selon un récent sondage Louis-Harris-Libération. La Commission européenne a beau avoir donné son feu vert à l'ouverture de négociations, les interrogations demeurent : droits de l'homme, démocratie, islam, mais aussi situation économique et sociale. La Turquie mettra des décennies à rattraper le niveau de développement de l'Union européenne (UE), estiment la plupart des experts. Un tiers des Turcs travaillent encore dans l'agriculture alors qu'ils sont seulement 5 % dans l'ensemble de l'Union. Ce décalage de niveau de vie suscite inévitablement des peurs, notamment celle d'une immigration massive. Un groupe de travail, mené par l'ancien président finlandais Martti Ahtisaari, évoque le chiffre de 2,7 millions d'immigrants sur le long terme, soit 0,5 % de la population totale de l'Union. Autre source d'inquiétude : les délocalisations. Les entrepreneurs européens pourraient être attirés par les bas coûts de la main-d'oeuvre turque et partir s'installer là-bas.

Les turcosceptiques ont au moins le temps pour eux. Le pays est loin d'être prêt pour le long et ardu processus de négociations d'adhésion. Des réformes économiques de fond sont indispensables, tant sur le plan budgétaire que sur la place de l'Etat dans l'économie ou le poids de l'agriculture. Tous ces bouleversements entraîneront inévitablement une augmentation du chômage et de graves problèmes sociaux, estime Cengiz Aktar, de l'université de Galatasaray. «Cela va être une période très pénible. La Turquie devra faire preuve de beaucoup d'imagination, pour reclasser le surplus de main-d'oeuvre agricole. Il faudra créer de nouvelles sources d'embauches pour empêcher les gens d'immigrer vers les villes turques ou vers l'Europe...»

Le 17 décembre, les chefs d'Etat réuni en sommet européen à Bruxelles prendront la décision finale. S'ils disent oui, l'adhésion de la Turquie n'interviendrait pas avant 2015 ou 2020.

Los turcoescépticos temen la inmigración masiva y las deslocalizaciones.

Los franceses están en contra. Según confirma un reciente sondeo Louis-Harris-Libération, si hubiese un referéndum, un 75 % de los franceses, dejándose llevar sobre todo por su temor al Islam, votaría en contra de la integración de Turquía en la Unión Europea. Aunque la Comisión Europea haya dado luz verde a la apertura de las negociaciones, los interrogantes persisten: derechos humanos, democracia, Islam, y también cuestiones relacionadas con la situación económica y social. Según estiman la mayoría de los expertos, Turquía tardará decenios en alcanzar el nivel de desarrollo de la Unión Europa (UE). Una tercera parte de los turcos todavía trabaja en la agricultura frente a tan sólo un 5% de la población que se dedica a esta actividad en el conjunto de la Unión. Esta diferencia en el nivel de vida suscita de manera inevitable miedos, principalmente el de una inmigración masiva. Un grupo de trabajo, dirigido por el antiguo presidente finlandés Martti Ahtisaari, evoca la cifra de 2,7 millones de inmigrantes a largo plazo, es decir, un 0,5 % de la población total de la Unión. Otra fuente de preocupación: las deslocalizaciones. Los empresarios europeos podrían sentirse atraídos por los bajos costes de la mano de obra turca e instalarse en este país.

Al menos los turcoescépticos tienen tiempo para ellos. Falta mucho para que el país esté listo para el largo y arduo proceso de negociaciones para la adhesión. Son indispensables reformas económicas completas, tanto en el ámbito presupuestario como en relación con el lugar del Estado en la economía o el peso de la agricultura. Todos estos trastornos llevarán de manera inevitable a un aumento del paro y a graves problemas sociales, estima Cengiz Aktar, de la universidad de Galatasaray. «Va a ser un periodo muy penoso. Turquía tendrá de tener mucha imaginación para conseguir readaptar al excedente de mano de obra agrícola. Será necesario crear nuevas fuentes de contratación para evitar que los ciudadanos emigren a las ciudades turcas o a Europa...»

El 17 de diciembre, los Jefes de Estado reunidos en la cumbre europea en Bruselas tomarán la decisión final. Si su decisión es positiva, la adhesión de Turquía no ocurrirá antes de 2015 o 2020.

Les députés ont voté, dans la soirée du jeudi 25 novembre, les premiers articles de la loi de cohésion sociale, qui élargissent au privé la possibilité d'investir le terrain du placement des demandeurs d'emploi. Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher, souhaite mettre en place 300 maisons de l'emploi d'ici à 2006.

L'Assemblée a adopté, jeudi 25 novembre au soir, en première lecture, l'article premier du projet de loi de cohésion sociale qui crée des maisons de l'emploi et met fin au monopole de l'ANPE en matière de placement des demandeurs d'emploi.

Les maisons de l'emploi seront chargées de coordonner l'action des différents services de l'emploi (Unedic, ANPE...). Les députés ont adopté un amendement de la commission des affaires sociales qui précise que le ressort des maisons de l'emploi doit être "adapté à la configuration des bassins d'emploi", mais dans le cadre d'une seule région administrative.

Le gouvernement souhaite mettre en place 300 maisons de l'emploi d'ici à 2006, mais le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher, a précisé que ce chiffre ne constituait "pas un plafond". Cet article, qui substitue la notion de "service public de l'emploi" à celle en vigueur de "service public du placement", met également fin au monopole de l'ANPE pour le placement des demandeurs d'emploi.

Pourront aussi "participer" à ce service public les entreprises et associations d'insertion, les entreprises de travail temporaire et les agences de placement privées. Les demandeurs d'emploi resteront obligés de s'inscrire à l'ANPE mais les offres d'emploi n'auront plus à lui être obligatoirement notifiées.

En outre, l'article premier ne maintient le principe de gratuité de l'activité de placement que pour les personnes "à la recherche d'un emploi", autorisant la facturation de services de placement aux employeurs. Il inscrit par ailleurs le principe de non-discrimination à l'embauche dans le code du travail.

La gauche a accusé le gouvernement de "condamner l'ANPE à la disparition, par absorption dans les maisons de l'emploi". Estimant que ces "maisons de l'emploi peuvent être utiles, ici ou là", le socialiste Gaëtan Gorce a déclaré qu'elles "ne pouvaient pas servir à elles seules de substitut" à une vraie politique de l'emploi.

Selon M. Gorce, "l'ouverture à la concurrence" de ce marché du placement risque d'attirer les "organismes privés dont l'objectif est de réaliser des bénéfices" et qui "vont privilégier les chômeurs les plus faciles à réinsérer". L'Assemblée a rejeté des amendements PS, PCF et Verts, qui excluaient statutairement les entreprises de travail temporaire et les agences de placement privées du service public de l'emploi.

"Il ne faut pas donner de nouveaux pouvoirs aux entreprises d'intérim, qui sont un outil de précarisation, l'intérim n'étant pas choisi mais subi", a critiqué Jacques Desallangre (PCF).

L'article 3, qui réglemente l'activité des agences de placement privées, stipule notamment que "la fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif", à l'exception du conseil en recrutement ou en insertion professionnelle et de la fourniture d'intérimaires. Enfin, l'article 5 autorise l'ANPE à créer des filiales proposant des services d'assistance, qui pourront être facturés aux employeurs mais pas aux demandeurs d'emploi.

La séance a été levée peu après minuit, alors que les députés venaient d'entamer l'examen des articles relatifs au renforcement du contrôle des demandeurs d'emploi. La discussion du projet de loi reprendra mardi 30 novembre dans l'après-midi.

Los diputados votaron, en la noche del jueves 25 de noviembre, los primeros artículos de la ley de cohesión social, que amplían a la esfera privada la posibilidad de participar en el terreno de la colocación de los demandantes de empleo. El ministro delegado de las relaciones laborales, Gérard Larcher, desea crear 300 centros de empleo de aquí a 2006.

La Asamblea adoptó, el jueves 25 de noviembre por la noche, en primera lectura, el artículo primero del proyecto de ley de cohesión social por el que se establece la creación de centros de empleo y se pone de este modo fin al monopolio de la ANPE (La Agencia Nacional para el Empleo) en materia de colocación de los demandantes de empleo.

Los centros de empleo se encargarán de coordinar la acción de los diferentes servicios de empleo (Unedic, ANPE...). Los diputados adoptaron una enmienda de la Comisión de asuntos sociales que precisa que la competencia de los centros de empleo debe estar "adaptada a la configuración de las cuencas de empleo", pero en el marco de una sola región administrativa.

El gobierno desea crear 300 centros de empleo de aquí al año 2006. Sin embargo, el ministro delegado de las relaciones laborales, Gérard Larcher, precisó que esta cifra no constituye "un tope". Este artículo, por el que se substituye la noción en vigor de "servicio público de colocación" por la de "servicio público de empleo", también pone fin al monopolio de la ANPE en relación con la colocación de los demandantes de empleo.

De este modo, también podrán "participar" en este servicio público las empresas y asociaciones de inserción, las empresas de trabajo temporal y las agencias de colocación privadas. Los demandantes de empleo seguirán estando obligados a inscribirse en la ANPE pero las ofertas de empleo ya no tendrán que ser notificadas a este organismo de manera obligatoria. Además, el artículo primero sólo mantiene el principio de gratuidad de la actividad de colocación para las personas "que buscan un empleo", autorizando la facturación de servicios de colocación a los empresarios. Además inscribe el principio de no-discriminación en la contratación en el Código Laboral.

La izquierda ha acusado al gobierno de "condenar ANPE a la desaparición, por absorción de los centros de empleo". Estimando que estos "centros de empleo pueden ser útiles, aquí o allí", el socialista Gaëtan Gorce declaró que "no podían servir por ellos mismos de substituto" de una verdadera política de empleo.

Según el Sr. Gorce, con "la apertura a la competencia" de este mercado de colocación se corre el riesgo de atraer a los "organismos privados cuyo objetivo es conseguir beneficios" y que "van a privilegiar a los parados más fáciles de reintegrar". La Asamblea rechazó enmiendas del Partido Socialista (PS), el Partido Comunista Francés (PCF) y los Verdes, que excluían según los estatutos las empresas de trabajo temporal y las agencias de colocación privadas del servicio público de empleo.

"No hace falta otorgar nuevas competencias a las empresas de trabajo temporal, que son un elemento de precariedad ya que la interinidad no se elige sino que se sufre", criticó Jacques Desallangre (PCF).

El artículo 3, que regula la actividad de las agencias de colocación privadas, estipula especialmente que "la provisión de servicios de colocación es exclusiva de cualquier otra actividad con animo lucrativo", a excepción del consejo en la contratación o en la inserción profesional y de la provisión de trabajadores temporales. Por último, el artículo 5 autoriza a la ANPE a crear filiales que propongan servicios de asistencia, que podrán ser facturados a los empresarios en vez de a los demandantes de empleo.

La sesión se cerró poco después de media noche, cuando los diputados acababan de comenzar el examen de los artículos relativos al refuerzo del control de los demandantes de empleo. La discusión del proyecto de ley continuará el 30 de noviembre por la tarde.