Al ámbito formado por entidades privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro -que surgidas de la libre iniciativa ciudadana funcionan de forma autónoma y solidaria, tratando por medio de acciones de interés general de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar-, se le denomina Tercer Sector de acción social en el Plan Estratégico del Sector, próximo a aprobarse.

En definitiva, un espacio donde se aglutinan conciencias que tienen un deseo común de hacer que el mundo sea un lugar mejor.

Dice Saramago que si llegamos o no a ese mundo mejor, sólo el futuro lo sabrá; pero si no lo hacemos hoy, no habrá futuro.

Realmente creemos que una sociedad articulada por organizaciones del Tercer Sector es una sociedad mejor capacitada para hacer frente a eventuales situaciones críticas y con un capital social que le permite superar dificultades con más facilidad que una sociedad individualista.

Por sus dimensiones y sus implicaciones el Tercer Sector ya tiene conciencia de sí mismo, pero quizás uno de nuestros retos siga siendo componer de forma completa nuestros rasgos de identidad.

Retos que nos hemos de plantear hacia nosotros mismos y retos que hemos de plantearnos en relación con nuestra acción y nuestra posición en la sociedad. Hacia nosotros mismos los hemos identificado en el Plan Estratégico:

Fortalecer nuestra propia construcción, incrementando la conciencia de pertenencia a las organizaciones y valorando los principios que son nuestro valor añadido, clarificando las fuentes de financiación y consolidando la imagen pública para incrementar nuestra credibilidad y ampliar nuestra base social.

Dotarnos de un marco claro de autorregulación, propiciando todos los debates imprescindibles sobre los conceptos de ciudadanía, bienestar social, derechos sociales, definiendo nuevos modelos de partenariado con todas las administraciones públicas, configurando espacios de encuentro con las empresas y garantizando, a través de los sistemas de calidad que se acuerde implantar, nuestra actividad.

Mejorar el consenso sobre los principios esenciales de nuestra cultura organizativa, en la que priman los principios de calidad, justicia social, solidaridad, responsabilidad y autonomía, dotándonos de herramientas metodológicas para el análisis estratégico de la realidad, la planificación, e incorporando el análisis de género en esta cultura organizativa y en la acción. Una de las acciones fundamentales es potenciar las redes entre las organizaciones participativas con un funcionamiento democrático e innovadoras en la respuesta.

En definitiva, y en relación con nuestra acción, el gran desafío es hacer emerger un gran espacio público de participación ciudadana, como actitud de las personas de actuar en su contexto para mejorarlo.

Sólo con la participación de la sociedad civil en la corresponsabilidad social podremos mantener un estado de bienestar para todos y promover un “estado de buen ser”. Realmente la participación ciudadana es una necesidad de la democracia, y consolidar estos espacios donde las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos confluyan de manera creativa en las tareas necesarias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es el gran reto de todos. Los países no pueden prescindir de los otros países para enfrentar los grandes desafíos de las sociedades actuales (envejecimiento, multiculturalidad, tráficos internacionales, etc.), ni mucho menos pueden hacerlo de la sociedad civil.

Esta interactuación va a fomentar la aportación de innovaciones y la gestión de los servicios desde la corresponsabilidad, va a favorecer el control del Estado y la defensa de la ciudadanía y va a propiciar mecanismos de mediación entre la ciudadanía y los poderes públicos, y sobre todo va a contribuir a preservar los valores democráticos.