A estas alturas, decir que las entidades del tercer sector tienen mucho que ofrecer a la sociedad a nadie sorprende. Pero esa voluntad no basta para resolver con eficiencia las necesidades sociales. Para ser aceptado como un segmento de mercado creíble en el clima empresarial actual, las entidades de la economía social tienen que dejar también patente sus credenciales de negocio viable y, hoy por hoy, ese es su gran reto.

Desde sus inicios, las entidades de la economía social han desplegado una labor encomiable que ha convertido a este sector en un hervidero de políticas sociales que ahora parecen encontrar su reflejo en los pujantes principios de responsabilidad social corporativa. Las compañías responsables defienden ahora unos valores éticos que siempre han encontrado cobijo en las entidades del tercer sector. Pero no sólo las empresas de corte mercantilista han de poner su foco en los aspectos sociales, también las entidades de lo social han de guiarse por políticas de eficiencia empresarial. Parámetros de rentabilidad supeditados, eso sí, a la misión social que motivó su creación.

El concepto clave que reina en cualquier proyecto empresarial que se precie, por tanto, es el de competitividad. Cuando aludimos a la agenda de Lisboa como una estrategia que impulsa la combinación de los objetivos económicos, el pleno empleo y la cohesión social, ponemos el acento en el grato reconocimiento que se otorga a lo social por haber sido tradicionalmente relegado a un segundo plano. Sin embargo, el compromiso de hacer competitiva Europa no exime a las organizaciones de la necesaria respuesta económica. Ésta sigue siendo primordial. Si nuestro objetivo es crear empleo y hacerlo estable, la competitividad de nuevo es la que manda y la que hará que nuestros proyectos perduren en el tiempo y podamos alcanzar con éxito el objetivo marcado para 2010.

El concepto de competitividad es tan amplio como complejo pero como aproximación al mismo y ciñéndonos a nuestro sector, podemos referirnos a él como una serie de pautas de eficiencia que permitan llevar a cabo una actividad empresarial continua, con un grado elevado de autonomía, un margen de riesgo económico holgado, y en el que un mínimo de los servicios ofertados sea trabajo remunerado. Pero para que estos nuevos requerimientos no alteren su cometido original y las entidades de lo social puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades, el tercer sector también necesita gozar del reconocimiento institucional del que disfrutan otros sectores.

La legitimación que demandan las entidades de la economía social no es utópica y, sin duda, beneficiaría el desarrollo del estado de bienestar. Se trata de un mínimo de medidas específicas que las administraciones públicas han impulsado para otras empresas cuyo eje central no es el beneficio de la comunidad.

En primer lugar, crear un entorno legal y político acorde con las características y necesidades de un sector que tiene identidad propia. Unas condiciones que permitan a este tipo de organizaciones, por ejemplo, competir en igualdad de condiciones en los contratos públicos.

En segundo lugar, garantizar el acceso a las finanzas y a los fondos públicos a través de programas que incluyan expresamente al tercer sector y que pongan en marcha, por ejemplo, sistemas de microcréditos para nuevos proyectos.

En tercer lugar, impulsar mejoras en la profesionalización de las entidades de la economía social, sobre todo de las pequeñas y de las de nueva creación. La atomización que caracteriza al tercer sector y también el excesivo foco en lo local hacen que no se actualicen conocimientos y no se compartan experiencias. En este sentido, la celebración de foros, conferencias y formación continua –importantes en cualquier industria- son esenciales en este sector, que todavía se resiente de invisibilidad.

En el cuarto lugar de esta lista de mínimos, y muy ligada a las anteriores, estaría el apoyo estadístico. Elaboración y difusión de datos fiables que nos permitan conocer a fondo esta realidad y controlar su evolución. Información que contribuiría a darle mayor visibilidad y relevancia, que mejoraría la confianza crediticia y daría credibilidad a la necesaria participación de estas entidades en el diálogo social.

En definitiva, si queremos que las entidades que luchan por el bienestar de la comunidad sean el futuro, hemos de mejorar su presente. La labor merece la pena.