Es una idea ampliamente aceptada que la propensión de las personas a comprometerse con otros en la vida comunitaria y asociativa facilita la tarea de resolución democrática de los conflictos de intereses y genera colectivamente una buena política pública.

En España el número de organizaciones sin fines lucrativos ha ido constantemente en aumento, en especial las organizaciones cívicas y sociales y las organizaciones de base que facilitan la participación. La ocupación del tiempo disponible en forma de actividades cívicas en barrios y comunidades más amplias se ha mantenido, más o menos constante, en un alto nivel.

En cambio, las actividades cívicas a favor de la infancia, los ancianos y las personas desfavorecidas o vulnerables a procesos de exclusión social no han crecido con la rapidez que sería deseable para aumentar el bienestar social del país.

Por tanto, el contraste que se produce en nuestra sociedad se puede resumir en que, por un lado, se ha producido:

• Un fuerte aumento del número de actividades de las organizaciones cívicas y sociales en las dos últimas décadas.
• Un aumento constante del número de partidarios de los valores postmateriales, como son la participación ciudadana, la salud, los amigos y la libertad, en lugar del orden, el trabajo, la economía, principalmente.
• Vitalidad en las actividades de barrio: festivales, patrullas de prevención de incendios y donativos a organizaciones no gubernamentales, entre otros aspectos.

Mientras que, por otra parte, existen cuestiones todavía no resueltas en España en comparación con la situación alcanzada por esas mismas materias en otros países de la UE. En este sentido, los asuntos que los ciudadanos españoles consideran más importantes en términos de bienestar son: las pensiones de los ancianos, viudas o personas con discapacidades; las escuelas; el trabajo para los jóvenes y para las personas en edades más avanzadas; los centros sanitarios asistenciales donde serán atendidos cuando estén enfermos; las ayudas y los servicios de ayuda a las familias, como son las escuelas de infancia del 0 a 3 años; los servicios domiciliarios a las personas ancianas y con discapacidades; las viviendas asistidas, las residencias para la tercera edad, entre otros; las prestaciones por desempleo; la formación profesional y otras dimensiones de la educación terciaria; la vivienda para los jóvenes; y la protección de la salud de los trabajadores, consumidores y del ambiente.

En algunos de ellos hay claras posibilidades de promover iniciativas que tengan como fin resolver esas carencias. En este sentido, y analizado por grandes capítulos, entre los aspectos más relevantes en los que es necesario avanzar destacan:

1. Mayores solos, enfermos y/o dependientes: asistencia domiciliaria, centros de gerontología, centros de día para mayores, servicio de acompañamiento, teleasistencia, etc.
2. Infancia y juventud: escuelas infantiles, formación profesional, empleo y viviendas para jóvenes, becas, ayudas y bolsas de estudio... 
3. Mujeres: formación y empleo femenino, igualdad de oportunidades, conciliación de vida laboral familiar, guarderías, protección contra el maltrato...

Inmigración: formación, integración, escolarización de los niños, apoyos para la no exclusión familiar ni escolar, talleres de habilidades sociales... Estos retos implican un gran esfuerzo continuado por parte de todos los que integramos el denominado tercer sector.