La ley 33/1987 creó la posibilidad de que los sujetos pasivos del IRPF pudieran dedicar un porcentaje de este impuesto a “fines de interés social”. Desde entonces, el Estado ha distribuido la suma resultante entre la Cruz Roja y otras ONGs para la realización de programas de acción social.

Recientemente, el Congreso de los Diputados ha solicitado la “territorialización” de esta suma. Así, quedaría a disposición de cada Comunidad Autónoma la suma recaudada por este concepto en su respectivo territorio. Después, en ese mismo ámbito territorial, la Comunidad Autónoma haría una función similar a la que el Estado ha venido haciendo hasta ahora.

El trabajo pretende analizar las consecuencias que se derivarían de esta medida. Para ello estudia la naturaleza social del Estado español, el concepto de solidaridad y la distribución de competencias en la materia, con especial hincapié en el art. 149.1.1 CE, que atribuye al Estado una función de igualación social en el ejercicio de los derechos constitucionales.