Cruz Roja Española ha seguido con gran atención e interés el debate y las iniciativas sobre el proyecto de Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia – en adelante Ley de Dependencia - aprobado por el Consejo de Ministros el día 21 de abril de 2006, que se basa en las conclusiones y  recomendaciones del Libro Blanco de Atención a las Personas en Situación de Dependencia, presentado en diciembre de 2004.

Nuestra institución valora muy positivamente ésta iniciativa legislativa, que supone una importante mejora del sistema de protección social en España, y que va dirigida a atender las necesidades de las personas dependientes que requieran asistencia o cuidados para realizar actividades de la vida cotidiana, para permitirles ejercer sus derechos de ciudadanía, así como a ofrecer un soporte a quienes les cuidan.

Consideramos muy justificada y oportuna la aprobación de una ley que reconozca el derecho de las personas dependientes y de sus familias a una vida digna, mediante un catálogo de prestaciones que les permita desarrollar una vida plena, superando algunas de las dificultades que ahora enfrentan.

La Ley tendrá un impacto muy importante. De acuerdo con los datos aportados por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en su comparecencia parlamentaria, se estima que a la entrada en vigor de la Ley, en el año 2007, los beneficiarios ascenderán a 1.125.000 personas, superando el número de 1.400.000 beneficiarios en el 2015, cuando el sistema esté plenamente implantado. La mayoría de ellos, casi tres cuartas partes, serán personas mayores de 65 años.

Hasta la fecha el peso de la dependencia ha gravitado primordialmente sobre las familias, especialmente en las mujeres. También un gran número de personas dependientes y de cuidadores familiares viene recibiendo atención y servicios prestados por organizaciones del Tercer Sector Social, con  la contribución económica de distintas Administraciones públicas.

Por citar un caso concreto, durante el pasado año 2005 Cruz Roja Española atendió a 333.232 personas mayores de 65 años, y a 38.921 personas con discapacidad, muchas de las cuales podrán acogerse y beneficiarse del catalogo de servicios que prevé la nueva Ley.

Desde el momento en que se difundió el Anteproyecto de la Ley se han pronunciado sobre su contenido numerosos órganos y colectivos, para señalar las ventajas e inconvenientes del texto, con la intención de contribuir a su mejora con aportaciones desde diferentes perspectivas.

Las organizaciones del Tercer Sector Social también han manifestado su opinión y sus preocupaciones, contribuyendo al debate con numerosas aportaciones, algunas de las cuales ya fueron incorporadas al proyecto de Ley ahora en tramitación parlamentaria.

Desde nuestro punto de vista, cabría reclamar una mayor atención a los aspectos del proyecto relativos a la participación de las entidades del Tercer Sector en la atención a las personas dependientes y, en concreto, en los siguientes puntos:

• Reconocer explícitamente el papel y la labor que a lo largo de muchos años han desempeñado las entidades del Tercer Sector en la atención a las personas dependientes y a sus familias.
• Posibilitar que las entidades del sector puedan continuar participando en la prestación de servicios a las personas dependientes, garantizando que podrán concurrir, al menos en igualdad de oportunidades con otras entidades del sector lucrativo, a los concursos que se convoquen para la prestación del servicio.
• Permitir que las entidades del sector puedan seguir participando en la formación y cualificación de los profesionales y cuidadores. De la lectura del artículo 36º del proyecto parece que quedarían excluidas, al mencionarse expresamente a las universidades, sociedades científicas y organizaciones sociales y profesionales.
• Favorecer la participación de las entidades del Tercer Sector en los órganos consultivos, en pie de igualdad con otros actores sociales.

Conviene recordar que, además de prestar servicios de calidad,  las entidades del Tercer Sector aportan un conjunto de valores intangibles – la creación de redes sociales, el fomento del voluntariado y de la ciudadanía, la flexibilidad en la prestación de los servicios y la capacidad de innovación, entre otros – que añaden valor a su participación, y que contribuyen a atenuar el riesgo de exclusión social de los sectores vulnerables con los que trabajan. Por ello, la participación de las entidades del Tercer Sector, entre otros actores, en las políticas de protección social es un elemento destacado en la Estrategia de Lisboa.

Confiamos que a lo largo del trámite parlamentario gran parte de nuestras propuestas puedan ser incorporadas a la Ley de Dependencia.

La Ley de Dependencia marcará un hito histórico en la protección social en España, y las entidades del Tercer Sector quieren seguir participando en la atención a las personas dependientes y a sus familias, aportando sus valores, conocimientos y experiencia, como han venido haciéndolo hasta el presente.