El importante incremento del colectivo de las personas mayores (44% desde 1950 a 2020), principal cambio sociodemográfico en la actualidad, con una cada vez mayor esperanza de vida ( en 1980 72,5 años en Varones y 78,61 en Mujeres; en  2002, 76,6 y 83,36 y en 2020 de 79,8-86,04)  esta provocando un rápido aumento de las situaciones de dependencia, esto es, situaciones en las que la persona necesita de ayuda de una tercera persona para desenvolverse en la vida diaria, y por tanto de necesidades de apoyo social.

Sin embargo, esto ocurre en paralelo a los cambios en los patrones familiares y culturales con la incorporación de la mujer al mercado laboral, el cambio en los patrones familiares con un claro dominio de la familia nuclear frente a la familia extensa de hace unos años y la tendencia clara y progresiva a la disminución del apoyo social natural o informal. La intersección entre ambas tendencias esta provocando una necesidad de replanteamiento de las políticas sociales de los países de la Unión Europea desde la década de los 90.

Los países nórdicos y centroeuropeos ya hace unos años que han comenzado a establecer Sistemas de Atención a la Dependencia mientras que los países del sur y mediterráneos recientemente se lo están planteando como en el caso del estado español donde se sigue con sistemas asistencialistas y subsidiarios al sistema sanitario.

En definitiva, estos sistemas pretenden establecer en el marco del denominado Estado de Bienestar sistemas de aseguramiento, financiación, planificación y cobertura de la atención socio sanitaria a esta nueva contingencia que supone la dependencia y necesidad de ayuda.

El desarrollo de este sistema en España que se esta gestando en la actualidad exigirá la creación de diferentes recursos y sobre todo el incremento de la cobertura e intensidad en la atención tanto en la comunidad y a domicilio ( servicio de ayuda a domicilio, tele asistencia etc.,) , recursos intermedios (como apartamentos tutelados, centros de día y de noche, etc.) y especializados (como residencias, centros socio sanitarios, etc.,) , la adecuación de los existentes, así como preparación de diferentes profesionales de atención directa, atención e intervención social y psicosocial y sanitaria especializados en estos campos de la discapacidad y dependencia, (Según estimaciones del Libro Blanco para el 2010 se quiere atender con recursos formales al 71,1% de las personas mayores dependientes en sus distintos grados. El apoyo informal se ocuparía del 28,9%)

Gran parte de los recursos sociales existentes actualmente deberán ser reconvertidos hacia la dependencia y hacia los cuidadores para que puedan seguir ejerciendo esta función así como  en relación a la atención a las personas mayores autónomas hacia la prevención de la discapacidad y dependencia y hacia un envejecimiento exitoso y competente más allá de la mera funcionalidad.

Mientras tanto los centros y servicios, especialmente aquellos del Tercer Sector que son quienes han cubierto una gran parte de  la atención a estas necesidades y sus profesionales, se debaten en el dilema de hacer frente y dar respuesta por un lado, al modelo asistencialista anterior ( y todavía existente en muchos lugares) de respuesta a la demanda, especialmente en los servicios de base, lo que en muchas ocasiones imposibilita una actuación profesional  adecuada por la importante presión que esta demanda ejerce sobre equipos profesionales en ocasiones escasos e insuficientes y en un marco de política social corto placista, y por el otro al importante impulso de la iniciativa privada de carácter mercantil y a la entrada en el sector de diferentes empresas de otros sectores, algunas con carácter permanente y estratégico de diversificación etc., junto a otras de carácter claramente oportunista.

El Tercer Sector como iniciativa social tiene así un carácter estratégico para la política social  en este tema no solamente por su extensión, volumen de actividad y necesidades que cubre  sino porque cualitativamente tiene también un potencial determinado que ni el sector público como tal con graves problemas de ineficiencia ni el mercado libre pueden liderar ni cubrir.

La Ley de Autonomía Personal y atención a  la dependencia además del importante desarrollo de recursos y servicios que permita cubrir desde lo formal la radical disminución del apoyo natural ya mencionada, va a suponer la necesidad de estructurar una mejor relación entre el sistema público, el privado social y el privado mercantil definiéndose claramente el papel a jugar por cada uno tanto en la planificación, aseguramiento, financiación, garantía de calidad, etc., desde lo publico como el papel de proveedores del resto.

No obstante, en este papel de provisión se debe considerar el potencial de liderazgo de  la iniciativa social tanto en la implantación de modelos de atención socio sanitaria y psicosocial, como en la implantación de sistema de calidad y mejora continua con carácter estratégico frente a la visión táctica del mercado.

 Para el Tercer Sector este es  un  momento de oportunidad para el que tiene que estar a la altura y por tanto debe prepararse para acometer este reto que le va  exigir  mayor profesionalización, cualificación, mejores modelos de gestión que garanticen una mayor orientación a clientes y resultados, mejorar el liderazgo y la planificación y gestión, mejorar la política de alianzas  y coordinación  y mejorar la gestión por procesos siguiendo el modelo europeo de excelencia.

Para hacer frente al riesgo de quedarse fuera de juego, riesgo muy real, en un momento en el que los intereses económicos, políticos etc., van a jugar un papel importante, frente al grave problema de aislamiento, de autosatisfacción y falta de autocrítica el Tercer Sector, debe plantearse desde la planificación estratégica su papel de complementación al sector público y su liderazgo en la implantación de los modelos de atención y gestión mencionados.

El Tercer Sector debe partir de un análisis realista de sus fortalezas ( fundamentalmente su historia, misión y valores muy definidos y de gran penetración social, personas muy motivadas) y sus debilidades ( fundamentalmente la atomización, no cumplimiento de normativas, falta de actualización, falta de profesionalización, en ocasiones falta de autocrítica), así como de las amenazas ( fundamentalmente la competencia del sector mercantil) y oportunidades ( incremento del mercado, potencial oportunidad de papel social  etc.) en el entorno. Deberá redefinir o actualizar su misión, visión y valores haciéndolos presentes en toda su actividad conforme a los tiempos actuales con un enfoque más humanista, más normalizador e integrador, más cohesionador  en la comunidad.

La Ley de Dependencia, si realmente se pretende que constituya el cuarto pilar del Estado de Bienestar, va  a suponer una recolocación de todos los agentes sociales en todos los aspectos: desde la Administración Pública hasta los sindicatos, desde las empresas hasta las propias personas en situación de dependencia. Esta recolocación o resituación del Tercer Sector deberá hacer frente también al reto de la rentabilidad social y económica mejorando la eficacia y la eficiencia en sus actividades que hasta ahora también la ha tenido pero en ocasiones con desequilibrios importantes.

Uno de los aspectos críticos será la búsqueda de sinergias y coordinación entre sí para lograr un redimensionamiento que le permita “competir” con las grandes empresas en procesos de fusión a nivel de todo el estado. Desde los modelos organizativos distributivos  multicentro en redes  y la creación de plataformas multiservicio se podrá garantizar un nivel y continuidad de atención realmente competitivos, de calidad excelente y con potencial de liderazgo en el sector.

Otro de los retos a afrontar será, como ya se ha mencionado, la mejora de la calidad de la atención prestada para lo cual será imprescindible un proceso importante y sostenido de aprendizaje organizacional, una mejor gestión de las personas y su calificación, motivación, valoración y cualificación de la función social del cuidado y de los servicios sociales (al igual que ocurrió con la educación y la sanidad).

Desde un modelo de atención e intervención psicosocial se debe poner el foco de la atención e intervención en las personas dependientes en el núcleo familiar, a partir de lo que conocemos de los modelos sistémicos y estructuralistas de intervención con familias, sobre el sujeto a partir de los modelos de calidad de vida orientando nuestras actuaciones a mejorar la autodeterminación de las personas ( a través de  la mejora o mantenimiento de sus competencias vía entrenamiento, ayudas técnicas, servicios personales) , su seguridad y sus derechos, y sobre la comunidad ( no lo olvidemos) creando estructuras, equipamientos y redes de apoyo social que permitan la mayor competencia de la misma para generar calidad de vida, riqueza, y afrontar sus problemas de la mejor manera.

Para lograrlo los profesionales de este sector y el propio sector necesita de una actualización de los currículos educativos y profesionales, una revisión del papel de los mismos en los equipos profesionales e interdisciplinares en que se insertan desde  un modelo de gestión por competencias  que permita consensuar desde las competencias esenciales y genéricas  de este ámbito así como las competencias técnicas y habilidades emocionales y  relacionales necesarias para el mejor desempeño de estos puestos.

Un análisis profundo de las necesidades de estos profesionales y de los equipos de atención e intervención con personas dependientes seguramente revelará las necesidades no cubiertas todavía de cada uno de los niveles asistenciales desde los servicios sociales de base, los centros sociales, los servicios de ayuda a domicilio y de atención en la comunidad, así como en los centros más especializados como centros de día, centros residenciales, socio sanitarios  y hospitalarios. Se necesitan más recursos en los servicios sociales de base, se necesitan técnicos específicamente dedicados y orientados a la atención a las personas mayores en los ayuntamientos ( al igual que existen para otras circunstancias y contingencias), se necesita un plan de formación específico de estos profesionales de todos y cada uno de los niveles asistenciales pues cada vez van a interactuar y tener que dar respuesta a más problemas relacionados con la edad y, en general, ni los profesionales de servicios sociales ni los de otros ámbitos están preparados para las especificidades que se presentan en estos casos.

Sería importante analizar y darles el papel central que deben tener estos profesionales  con un mayor reconocimiento y valoración de su cometido, dejando de lado los modelos caritativos, asistencialistas, hosteleros, clínico-asistenciales anteriores que aunque han podido cumplir su papel, en este momento están claramente desfasados, y la adopción de un modelo psicosocial que demuestra su eficacia y eficiencia desde hace año en otros países y en determinados casos y experiencias en nuestro país.

Desde el reconocimiento y la puesta en valor de este sector debe iniciarse una política decidida de potenciación del mismo y de los profesionales que actúan en un sector estratégico en nuestra sociedad en un momento de envejecimiento  sociodemográfico radical en el que el compromiso intergeneracional, la incorporación de la protección a la discapacidad y dependencia y el apoyo a los sistemas familiares cuidadores van a ser  decisivos para  lograr y mantener la cohesión social y los recursos necesarios para garantizar una calidad de vida en lo personal, social y comunitario.