Rodríguez Rodríguez,  Pilar (2006)

Fundación Alternativas, Madrid, Documento de Trabajo 87/2006.

En este trabajo Pilar Rodríguez, prestigiosa gerontóloga y experta en servicios sociales, aborda de manera exhaustiva el contexto general de las políticas de protección para distintas situaciones de dependencia, propone un modelo de intervención social desde el que iluminar las políticas de acción social en este campo, realiza un análisis crítico del actual sistema de protección social y, por último propone un modelo de servicios sociales que esté coordinado, con una orientación local y articulado por una ley estatal básica de servicios sociales.

La autora arroja una mirada global sobre las necesidades de atención a la dependencia que tiene en cuanta tanto la atención formal como los cuidados informales realizados por la familia, la mujer sobre todo, al servicio de personas que en su inmensa mayoría viven en su hogar y participan en la vida social. España, nos dice la autora, parte de un sistema de servicios sociales de baja cobertura,  aunque ha crecido durante los últimos veinte años, sobre todo los servicios sociales dirigidos a la atención de personas en situación de dependencia, y con una bajo gasto público. Este sistema se ha apoyado hasta hoy en el trabajo no remunerado de la mujer cuidadora informal que casi en solitario soporta el grueso de la carga. Últimamente las personas mayores, hombres y mujeres, tienen un peso creciente en el cuidado de personas dependientes.

La reducción del potencial de cuidadores familiares por razones sociodemográficas ( a la cabeza la incorporación de la mujer al mercado de trabajo), hace inviable a largo plazo el actual reparto de la carga de cuidados entre familia y Administración Pública y, también, entre hombres y mujeres. El modelo de solidaridad familiar actual, nos dice la autora, se está agotando y ello exige un desplazamiento de la solidaridad femenina al conjunto de la sociedad, un papel más activo de los hombres y un mayor compromiso del Estado en nombre de la sociedad ya que el riesgo es ampliamente social.

Es lo que la autora denomina como construcción de un modelo de protección social que “de-construya el sistema de género” en los cuidados informales o actual modelo de protección social invisible, sustituyéndolo por un amplio modelo público en el que los cuidados informales no recaigan solamente sobre las mujeres.

El modelo de intervención deseable en la atención a las personas en situación de dependencia, sostiene Pilar Rodríguez, debe tener en cuenta la experiencia internacional y sus mejoras prácticas y debe pilotar sobre los principios de prevención, rehabilitación, participación e integración social. En base a estos principios valorativos generales deben desarrollarse los principios de la intervención social concreta relacionados con las personas y sus derechos así como sus correspondientes criterios relacionados con la calidad de los servicios y programas, a saber, la doble combinación de: autonomía/diversidad, participación/accesibilidad e interdisciplinariedad, integralidad/globalidad, individualidad/ atención personalizada; integración social/ enfoque comunitario; independencia/prevención-rehabilitación; continuidad de cuidados/coordinación; dignidad/valores éticos.

Estos principios y criterios orientan la estructura de la red de recursos que propone la autora basándose en una pirámide en cuya base están los “recursos básicos” (servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros sociales, ayudas técnicas, formación de cuidadores familiares); en el centro los “recursos intermedios” (Centros de Día, centros ocupacionales o de apoyo a la integración, centros rurales polivalentes y programas de respiro); y en la cúspide los “recursos de alojamiento” (residencias, apartamentos, unidades de convivencia y alojamientos heterofamiliares).

Desde este modelo la autora considera y valora los actuales sistemas de atención y protección social a la dependencia en España: el sistema  nacional de salud, los servicios sociales municipales y las prestaciones económicas de la Seguridad Social. Del primero resalta su clara insuficiencia en el desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud, el bajo desarrollo de la atención sanitaria domiciliaria para el colectivo de personas en situación de dependencia, el déficit en atención especializada geriátrica, es decir, el déficit sanitario en atención a personas crónicas. Apela la autora a la urgente necesidad de desarrollar las prestaciones previstas en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario de 2003.

Con especial énfasis se destacan en el trabajo los problemas de estructuración, inequidad y limitada accesibilidad del sistema de servicios sociales, la debilidad del derecho social en este ámbito, la limitación de recursos, las diferencias territoriales en la oferta de servicios, en su calidad y precios y en el ejercicio del derecho social.

La continuidad de los cuidados, la coordinación socio-sanitaria, el aprovechamiento integral de los recursos actuales sociales y sanitarios haciéndolos accesibles y próximos y de flexible utilización, basada en la gestión del caso, son propuestas prácticas de la autora.

En la última parte del documento de trabajo la autora propone una serie de cambios organizativos en el sistema de servicios sociales en base a la oportunidad que supone el desarrollo del actual proyecto de ley de autonomía personal y atención a la personas en situación de dependencia y a las reformas de las leyes de servicios sociales de las CCAA.

La propuesta se concreta en los siguientes puntos: a) La rearticulación de lo comunitario y especializado en función de necesidades sociales y no de colectivos con el fin de ganar en globalidad; b) una planificación de los recursos en función del criterio de proximidad; c) el reforzamiento del ámbito local de los servicios sociales ya que es en este espacio donde se concentra la demanda social; d) y, finalmente, para dar coherencia a estas propuestas se plantea la necesidad de una ley de servicios sociales a nivel estatal que, aún pareciendo difícil de lograr, podría contribuir, como en el caso de la ley de sanidad, a garantizar la igualdad en el territorio del Estado y a fijar las bases comunes de los servicios sociales. Además se propone un plan integral de promoción de la autonomía y prevención de las situaciones de dependencia.

La globalidad del trabajo, la organización de la información y una visión crítica de nuestro sistema protector son los valores a destacar de este trabajo que será de gran utilidad para el debate de expertos y responsables de instituciones públicas y organizaciones privadas que están relacionadas con la dependencia.

Mª Asunción Sáez Álvarez