En los últimos años las importantes transformaciones económicas y sociales acaecidas en la sociedad occidental han provocado la aparición de nuevos riesgos sociales que constituyen un difícil reto para los Estados de Bienestar europeos. En el marco de una economía globalizada las empresas buscan mayores cotas de flexibilidad y especialización para mantener su competitividad. Si la especialización tecnológica y el declive del empleo industrial provocaron un fuerte aumento del desempleo a mediados de los ochenta y primeros años noventa, recientemente, las estrategias de flexibilidad están provocando la extensión del empleo precario. Por otro lado, las altas tasas de envejecimiento de la población europea han traído consigo un incremento del riesgo de vulnerabilidad y de dependencia de las personas mayores. También han tenido lugar importantes cambios en el seno de la familia, como la reducción del tamaño de los núcleos, la diversificación de las formas de convivencia o la creciente incorporación de la mujer al trabajo remunerado, que han debilitado su capacidad protectora. Por último, las crecientes desigualdades entre los países del Norte y del Sur han provocado un aumento del flujo de personas que emigran a los países desarrollados en busca de una mejoría en sus condiciones de vida y que constituyen un colectivo especialmente vulnerable debido a las dificultades de integración que encuentran en estos países. De este modo, desempleo, precariedad laboral, dependencia, monoparentalidad e inmigración constituyen algunos de los nuevos riesgos sociales a los que deben hacer frente las políticas sociales de los distintos Estados europeos. Esta situación se produce en un contexto de cuestionamiento de la viabilidad económica del Estado de Bienestar en el que las propuestas de privatización y control del gasto social tienen una importante incidencia política y social. A pesar de que este escenario es común, todo parece apuntar a que, al igual que la creación de  los distintos Estados de Bienestar en Europa siguió procesos diversos, las respuestas dadas en la actualidad por los gobiernos europeos también avanzan en distintas direcciones. Por este motivo, del mismo modo que ciertos análisis comparativos como los de Esping-Andersen, resultaron claves en la comprensión de la diversa capacidad protectora de los Estados de Bienestar europeos, hoy día, resultan de gran utilidad investigaciones como ésta, orientadas al análisis de las actuales políticas sociales. En “Actores sociales y reformas del bienestar” se presentan los resultados para el caso español de un proyecto de investigación llevado a cabo con financiación europea, en diversos países de la Unión[1]. Dicha investigación analizaba, a través de más de 250 entrevistas a informantes cualificados, la reciente evolución de los sistemas de bienestar europeos. Una de sus principales conclusiones fue descubrir la importante influencia que siguen ejerciendo los actores sociales tradicionales (partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos) en la dirección de las políticas sociales en los distintos escenarios de bienestar. Esta obra recorre la evolución de la política social en España en las dos últimas décadas a través de la visión de cuatro expertos que analizan diferentes áreas de la política social: pensiones, dependencia, políticas de empleo, políticas de protección frente a la pobreza y políticas a favor de las mujeres.

El debate sobre las pensiones ha ocupado, sin duda, un lugar central en la política social de este país y en él han estado fuertemente implicados todos los actores tradicionales. Tal y como analiza Gregorio Rodríguez Cabrero la influencia de factores externos en el debate resulta clave debido a que desde las instituciones comunitarias se recomienda la modernización de los sistemas de pensiones para hacerlos viables en un escenario de envejecimiento de la sociedad. Por otro lado, algunos de nuestros referentes europeos, como Francia y Alemania, ya han iniciado las reformas de sus sistemas de seguridad social. A esta influencia se suma la presión interna que ejercen expertos de entidades financieras y consultorías al alertar a la opinión pública sobre la inviabilidad del sistema público y en defensa de la privatización. Por el momento, el modo de subsistir a estas presiones y mantener el actual sistema de reparto ha sido la reforma continua del sistema de pensiones gracias al pacto entre Estado, sindicatos y empresarios. Sin embargo, la cuestión que se plantea en el corto plazo es hasta dónde da de sí este proceso de reforma y en qué medida van ganando terreno político otras propuestas alternativas como la privatización o los sistemas mixtos de reparto y capitalización. En este escenario futuro, la postura que adopten las clases medias, el partido político en el poder y la influencia del resto de países europeos se constituyen en actores fundamentales.

Por primera vez en España la situación de las personas con problemas de dependencia está constituyendo un debate político de primer orden. Tanto las recomendaciones de la Unión Europea, como las propuestas de partidos, sindicatos y asociaciones recogen la necesidad de crear un sistema público que dé cobertura a las personas con dependencia. Sin embargo, los debates en este ámbito giran en torno a la financiación de la atención (cotizaciones, impuestos, tasas); la gestión del sistema (por el Estado, Comunidades Autónomas, o desde el sector privado); el tipo de atención prestada (servicios, prestaciones); cómo debe producirse el reparto de responsabilidades entre el ámbito sanitario y el de servicios sociales. Rodríguez Cabrero profundiza en estas cuestiones partiendo de una descripción del problema de la dependencia en España. El autor propone un sistema público de protección de la dependencia que complemente y apoye el sistema actual de cuidados basado exclusivamente en la solidaridad familiar. Este modelo tendría resultados positivos no sólo para la protección de los dependientes sino también para la incorporación de la mujer al trabajo, la creación de empleo en servicios sociales y la mejora de la coordinación socio-sanitaria.

El ámbito de las políticas de empleo es sin duda el que más disenso genera entre los actores sociales. Vicente Marbán, observa cómo gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales coinciden en el diagnóstico del mercado de trabajo en nuestro país. Éste se encuentra segmentado a nivel territorial y por factores como la edad y el género y caracterizado por la elevada presencia de trabajo precario. Sin embargo, es en el ámbito de las propuestas en dónde aparecen las principales divergencias. Los empresarios abogan por reducir costes laborales y gasto público con el fin de mejorar la flexibilidad. Los sindicatos defienden la protección actual del empleo y proponen sancionar la temporalidad. Mientras tanto, ninguno de los partidos en el gobierno acaba de afrontar la problemática de la precariedad laboral. Según el autor, en un escenario futuro en el que la demanda de flexibilidad puede ser creciente, las políticas de empleo vendrán definidas por las posibilidades de crecimiento económico, los pactos políticos y la capacidad de presión de nuevos actores sociales como los jóvenes y otros colectivos afectados por la precariedad laboral.

En relación con las políticas de protección de la pobreza, el cuestionamiento del gasto social ha generado en Europa cierta tendencia a la asistencialización de las prestaciones y a la introducción de condicionamientos laborales al cobro de las mismas. Este momento coincide en España con un proceso inacabado de implantación de un sistema de garantía de ingresos que se caracteriza por ser fragmentado, descentralizado al nivel autonómico y desigual. Ana Arriba analiza en detalle la evolución y situación actual de este mapa de prestaciones (subsidios de desempleo, no contributivas, prestaciones por hijo a cargo, rentas mínimas) caracterizadas por su baja intensidad. A pesar de estas limitaciones la protección de la pobreza no constituye un debate político prioritario. Por el contrario, mientras los agentes sociales tradicionales no se muestran implicados, las asociaciones sin ánimo de lucro que representan a los colectivos más afectados por la asistencialización, aunque aumentan su presencia social, siguen sin tener capacidad de presión política.

Por último, las  políticas de protección de las mujeres y las políticas familiares no sólo han sufrido un escaso desarrollo en este país, sino que además, apenas ocupan espacio de debate político. Olga Salido analiza la evolución de estas políticas a partir de 1996 con la puesta en marcha de los Planes de Igualdad de Oportunidades orientados a incrementar la participación femenina en el mercado laboral. En los últimos años se ha producido un giro en la estrategia europea hacia la promoción de las llamadas políticas de conciliación, dirigidas a favorecer la compaginación de la vida laboral y familiar. Este cambio ha generado una tensión entre los defensores de la conciliación y aquellos que la critican por contribuir a que el empleo femenino sea parcial, flexible y por ello, de peor calidad que el masculino; además de mantener a la mujer en el rol de cuidadora. En cualquier caso, la autora ve imprescindible la incorporación a este debate político de propuestas de políticas que mejoren la calidad del empleo de las mujeres, políticas que impulsen la creación de servicios a la familia (cuidadores, mayores, y niños) y programas que faciliten el acceso a la vivienda para los jóvenes.

En conclusión, en nuestro país los principales retos los constituyen la posibilidad de extender estos derechos al ámbito de la dependencia, las desigualdades de género y la garantía de ingresos frente a la pobreza y la superación de la creciente desigualdad territorial. Este trabajo analiza en profundidad y con información cualitativa de primera mano los principales debates relacionados con la política social en nuestro país. Nos muestra como frente a la aparente “inevitabilidad” de los recortes sociales provocados por la aparición de nuevos riesgos, los actores sociales pueden ejercer una importante influencia en el mantenimiento o extensión de los derechos sociales. Éste obra es, sin duda, una aportación valiosa al análisis de la política social en nuestro país.

Begoña Pérez Eransus