¿Cuáles son los retos fundamentales que tiene España en relación a la inmigración?

Las migraciones constituyen un fenómeno humano estructural  que nos coloca ante   consecuencias significativas tanto para las poblaciones que quedan en origen, para quienes se lanzan en la aventura migratoria, como para las poblaciones receptoras. Se trata de un fenómeno de dimensiones económicas, políticas, demográficas, sociales, culturales y humanas.

Las migraciones están configurando en España una realidad social más compleja, más rica, más heterogénea; una realidad caracterizada por la diversidad cultural. Diversidad que nos interpela, nos amenaza, nos provoca, nos pone en cuestión, nos obliga a replantearnos nuestros modelos  y a gestionarla de forma adecuada para conseguir que los conflictos culturales sean resueltos positivamente, contando con la participación e implicación de todos los afectados.

Nos encontramos en un escenario en donde es necesario que sepamos sumar las estrategias, los instrumentos y el saber hacer necesario que nos permita visualizar la realidad multicultural de nuestras ciudades y barrios como una oportunidad única para favorecer los intercambios múltiples entre personas que representan valores culturales diferentes, el acercamiento a los otros, el conocimiento, la comunicación y por tanto, el enriquecimiento mutuo. Y no como un “problema”, es decir como fuente de  conflictos.

La política migratoria del Estado español se sitúa ante el reto de apostar decididamente por un modelo de gestión de la diversidad cultural presente en nuestros territorios, basado en la integración intercultural, alejándonos de modelos asentados en la segregación o en la asimilación cultural de las personas que representan valores culturales diferenciados. La creación reciente de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, en el marco de la Secretaria de Estado de Emigración e Inmigración o la lectura de las premisas y principios que configuran el borrador del Plan Estatal de Ciudadanía e Integración, nos indican que este es el camino que desea emprender el Gobierno. Pero se trata de  un camino que está por recorrer y que debemos andar  juntos.

Si en España no queremos perder el tren de la integración intercultural, si no deseamos que la interculturalidad ocupe el estante de los deseos, de los discursos, si no aspiramos a que los conflictos por motivos culturales se conviertan en irresolubles. Debemos hacer una apuesta decidida por la sensibilización y por la participación e implicación social de las personas inmigrantes, como estrategias que hagan posible  modificar la visión negativa que una parte importante de la población autóctona tiene de las personas inmigrantes, la visión negativa que algunas personas inmigrantes tienen de la sociedad receptora. Tenemos que transformar los estereotipos y las generalizaciones con las que identificamos al otro diferente, perder el miedo a las diferencias.

Es necesario y urgente el poner en marcha estrategias de sensibilización que nos permitan superar las barreras que impiden la igualdad de trato, la valorización de las diferencias, el visualizar las aportaciones de las personas inmigrantes, la no discriminación y la plena participación de las personas inmigrantes en la vida social, cultural, económica y política.

Las migraciones nos están situando ante un cúmulo de nuevos retos que debemos aprender a abordar de manera conjunta, integral y no aislada. Estamos hablando de las segundas generaciones de inmigrantes, de revisar los modelos de convivencia, de mejorar los niveles de coordinación entre las Administraciones públicas, de la necesidad de vincular las políticas migratorias con las de cooperación al desarrollo, poniendo en práctica ese nuevo concepto de codesarrollo. Hablamos de la necesidad  de impulsar la cooperación económica y cultural con los países de origen, de luchar contra la inmigración irregular cuyo único efecto llamada es la economía sumergida y la pobreza. Hablamos de la necesidad de reforzar nuestros sistemas públicos de bienestar social incorporando a los nuevos ciudadanos y ciudadanas desde un principio de normalización; de la necesidad de impulsar la participación social y política, de la necesidad de incorporar la diversidad cultural en las empresas, entre otros muchos retos que emergen, ante los que debemos saber anticiparnos y dar respuestas innovadoras.

 ¿Cuál es el papel que deben desempeñar las ONG?

Un fenómeno tan complejo, integral y multifactorial como las migraciones y el cúmulo de retos ante los que nos sitúa requiere necesariamente de la participación decidida de varios actores sociales. El Estado en la gestión de su política migratoria debe apoyarse, desde el principio de gobernanza de las políticas públicas, en las Organizaciones no Gubernamentales que se han configurado como un Tercer Sector imprescindible, garantizando el paternariado, la coordinación, la complementariedad y las sinergias necesarias.

Las ONG pueden hacer más eficaz la responsabilidad del Estado en materia de integración de la población inmigrante. En la medida en que la participación directa de la sociedad civil proporciona un conocimiento más ajustado y más cercano de las realidades sociales vinculadas con el fenómeno migratorio.

Las ONG tienen más capacidad para adaptarse con flexibilidad a las distintas realidades sociales. Actuando con la inmediatez y la eficacia que requieren diversas situaciones de emergencia. Las ONG pueden generar un modelo de atención social más próximo al conjunto de la ciudadanía, inmigrantes y autóctonos.

Las Administraciones publicas son las responsables de la planificación, la coordinación, la implementación, seguimiento y evaluación  de la política migratoria y tienen la obligación de liderar las respuestas a las necesidades y demandas sociales, pero esta planificación, implementación y liderazgo la deben saber ejercer contando con la participación real de las organizaciones sociales, el llamado Tercer Sector a través de los órganos de consulta y  participación.

Las ONG deben participar en la planificación, implementación y evaluación de las políticas de integración de las personas inmigrantes, de forma complementaria y coadyuvante con la Administración Pública

Las Administraciones públicas deben dejar de considerar a la iniciativa social exclusivamente como entidades de beneficencia, a las cuales acudir en situaciones de emergencia social en las que se encuentren sobrepasadas y poner en marcha modelos participativos estables que permitan contar y tener en consideración las aportaciones de la iniciativa social.

Las ONG se convierten en un canal para la convivencia intercultural, potenciando actividades de encuentro entre los colectivos de inmigrantes y el resto de la ciudadanía.

 ¿Cómo valoras la política de inmigración de la Unión Europea y que tipo de políticas se deberían implementar desde sus instituciones?

Valoro la política inmigratoria de la Unión Europea como muy necesaria, dual, insuficiente, falta de solidez, falta de integralidad, a veces innovadora, a veces miedosa y dispersa. Europa aun no ha sido capaz de impulsar una verdadera política migratoria común, pero ha hecho posible el impulsar muchas experiencias innovadoras en materia de integración.

En la Cumbre de Tampere se estableció una estrategia para articular  una política comunitaria de inmigración. Estableciendo cuatro pilares sobre los que pivotar la política comunitaria de inmigración: cooperación al desarrollo, sistema común de asilo y refugio, políticas de integración y control de los flujos migratorios.

Hasta el momento observamos un desarrollo descompensado de estos pilares con un gran despliegue de comunicaciones y normas relacionadas con el control de los flujos migratorios, el reforzamiento de las fronteras exteriores, la lucha contra la inmigración irregular, la armonización judicial y policial, etc. Mientras que en materia de integración y cooperación al desarrollo con los países emisores, no se están haciendo los esfuerzos suficientes.

Se observan en el contexto europeo dos tendencias  contrapuestas en lo que respecta a la inmigración procedente de los terceros países: una claramente a la defensiva que aborda la inmigración como problema; y otra favorable a una inmigración regulada que aporte beneficios a todas las partes implicadas. El equilibrio entre estas dos tendencias se esta rompiendo en estos últimos años a favor de la línea dura, situándonos frente a los flujos migratorios a la defensiva, planteando más el control de los mismos que una gestión ordenada que incluya de manera fundamental una apuesta por la integración de los residentes. Una  línea dura que olvida que inmigración regular e inmigración irregular están íntimamente relacionadas, de manera que es difícil restringir la primera y luchar al mismo tiempo con éxito contra la segunda.

Hemos avanzado lentamente en una política armonizada de integración a nivel europeo que ha posibilitado que los/las inmigrantes regulares y sus familiares reagrupados disfruten de derechos similares pero no idénticos a los de los ciudadanos de la Unión Europea. De estos derechos sólo son titulares los denominados residentes de larga duración.

En cuanto a los/las inmigrantes irregulares, se habla sistemáticamente de medidas de expulsión, repatriación y retorno. Medidas que no siempre se ejecutan o por lo menos con prontitud, lo cual ocasiona que queden fuera de los derechos que las instituciones comunitarias han ido concediendo a los residentes regulares, pese a recomendaciones como las del CES Europeo en el sentido de que los inmigrantes irregulares puedan gozar, por lo menos, de los derechos humanos/as fundamentales mientras permanezcan en territorio comunitario.

Es necesario poner el acento en la necesaria colaboración con los países emisores de emigrantes. Y en este sentido, parece haberse producido un cierto retroceso entre el comunicado de la Comisión, que avanzaba en la línea acertada de la participación de los propios inmigrantes como actores conscientes del desarrollo de sus países de origen, lo que nos acercaba a la idea  del codesarrollo, y las propuestas del Programa de la Haya que siguen centrando la relación con los terceros países en aspectos relacionados con el control de los flujos.