Fundación Luis Vives

LOS RETOS QUE PLANTEA EL FENÓMENO MIGRATORIO

En estos precisos momentos en los que el fenómeno de la inmigración está cobrando una candencia inusitada cualquier ciudadano medio podría señalar cuáles son los retos y prioridades en la gestión política del fenómeno migratorio. En cualquier caso quien suscribe tiene el honor y la posibilidad de expresar su propia prelación, la cual trataré de establecer sucintamente.

En primer lugar es ya inaplazable la consecución de un pacto de estado sobre inmigración en el que, como prolegómeno forzoso, habría de acordarse la no utilización de la misma como arma electoralista, para pasar a abordar cuestiones de carácter más sustantivo, capaces de constituir, entre todas, una auténtica política migratoria. De entre esas cuestiones, creo que habrían de destacarse, los aspectos relativos a la integración del colectivo inmigrante establecido en España, cobrando en este caso protagonismo el principio de normalización; es decir, que las personas inmigrantes accedan a los derechos, servicios y bienes en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía. Habría, por tanto, que destacar la máxima de que no se trata de crear servicios específicos por razón del origen, sino de reforzar los generalistas existentes al objeto de satisfacer las nuevas demandas. Ello necesariamente supone un refuerzo decisivo del Estado de Bienestar y la dotación de los recursos necesarios para lo mismo. Es, en mi opinión, este refuerzo el que puede contribuir a nivelar algún tipo de vulnerabilidad que a priori puede presentar este colectivo. Asumimos, además, que la población inmigrante asentada en España presenta caracteres plurales en función de su estadio en el proceso de integración: pero ya no se puede hablar simplemente de que una persona es inmigrante sino de que, sobre todo, en muchos casos, es mujer, o es trabajador, o es joven o es vecino, en definitiva, que se ha fundido con la casuística compartida por el resto de la ciudadanía española.

Un segundo aspecto fundamental, en mi opinión, ignoro si incardinable en un documento de política migratoria o en un más generalista pacto de estado, es la ubicación de un discurso público consensuado y compartido por todos los actores políticos alguno de cuyos elementos me permito sugerir. Se trataría de trasladar, de manera reposada y certera, a la ciudadanía española la idea de que el hecho migratorio es inherente a la historia del hombre, es natural, y además es, en el siglo XXI, estructural, y se debe de asumir sin ambages. También debe de trasladarse el hecho de que las personas inmigrantes, lejos de concepciones de ‘personas vulnerables o excluidas’, se están constituyendo como la mayor aportación que este país ha recibido en siglos, no sólo en términos económicos, sino también en términos de transformación de nuestra sociedad. Al tiempo la ficción del estado nacional –o la atribución de derechos por ser ‘uno de los nuestros’- no deja de ser, eso, una ficción válida supuestamente durante un largo espacio de tiempo pero insostenible hoy por hoy. Se trata, en definitiva, de desdramatizar en la ciudadanía el concepto del nacional (y por eso ciudadano) facilitando la aceptación de las personas que vienen de fuera de nuestras fronteras.

En otro orden de cosas, fuera o no de un pacto de estado, el gran reto del fenómeno migratorio es abordar de manera seria y comprometida, las razones que están generando este fenómeno. El esfuerzo no depende tan sólo del Estado español, sino de muchas otras instancias del ámbito internacional. En cualquier caso, ante la estructuralidad del fenómeno, y de no comenzar a abordar la génesis del mismo, el control de fronteras (sin duda otro de los ejes de cualquier política migratoria que se precie) no dejará de ser un instrumento incapaz de cumplir sus inabordables objetivos.

Junto a un necesario pacto de estado sobre inmigración, otro de los aspectos relevantes (también insoslayable) a tratar, en mi opinión, es la generación de un debate público sobre el modelo de ciudadanía que se desea construir y sobre cómo debemos de gestionar políticamente la pluralidad de la sociedad española actual. Este debate es también un proceso, en cualquier caso, son necesarios igualmente la reflexión, el estudio previo y la acción política medida para evitar que se produzcan atrincheramientos ideológicos en posiciones diferencialistas extremas. Es la hora de replantear los modelos de democracia deliberativa, de poner a disposición de un debate público y racional el patriotismo constitucional, y las teorías diferencialistas: es la hora de replantear el rostro humano y ciudadano del ‘otro’.

 EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES QUE INTERVIENEN EN ESTE ÁMBITO

El ámbito de la inmigración y de las organizaciones sociales intervinientes en la misma no escapa al contexto general del Tercer Sector, de su evolución y perspectivas, tan acertadamente señalado en contribuciones anteriores a esta revista. Sí habría que destacar, en cualquier caso, dos circunstancias que determinan de modo significativo el papel de estas organizaciones:

a.       Cobran su aparición en un momento en el que se está produciendo la incorporación de la sociedad española a un estado del bienestar (incorporación tardía a un contexto de bienestar ya debilitado y revisado: pluralismo del bienestar, un llamamiento funcionalista a la corresponsabilidad)

b.      El retraso –respecto a los países más avanzados de Europa- con el que fueron llegando los flujos de inmigración a España. Hablamos de la década de los noventa del pasado siglo y de los inicios del siglo en curso: en tal caso, las organizaciones intervinientes en este ámbito son más jóvenes que otras ‘compañeras’ del Tercer Sector que trabajaban en otros ámbitos.

Ambos retrasos propiciaron que en la mayor parte de organizaciones de este ámbito el componente de acción social de las mismas –organizaciones de inmigrantes, organizaciones pro inmigrantes- fuera predominante, tanto cuantitativa como cualitativamente, frente a otros espacios tradicionales del Tercer Sector como la reivindicación y la participación. A día de hoy, con un porcentaje de población inmigrante similar a los países más desarrollados del entorno europeo, las organizaciones sociales que intervienen en el ámbito de la inmigración han incrementado su número y su acción como colaboradores imprescindibles de las administraciones públicas en lo que a la prestación de servicios se refiere.

Al tiempo, se han sumado a las tendencias imperantes en otros ámbitos de actuación del Tercer Sector de manera que una buena parte de los esfuerzos de las organizaciones en los últimos años se ha dedicado a reforzar la mejor gestión, la transparencia y la visibilidad y al fortalecimiento institucional.

Esto tiene especial importancia en el ámbito de las organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de la inmigración. Sobre todo por lo que desde hace ya una década apuntaba Javier de Lucas: que la inmigración está poniendo en evidencia las carencias de nuestro sistema: carencias en los derechos sociales y en la construcción de la ciudadanía. En consecuencia el ámbito discursivo y de intervención de/con la inmigración hoy es, precisamente, desde mi punto de vista, una primera línea de batalla en la que se están redefiniendo buena parte de los derechos sociales y la construcción de la ciudadanía, y que no afecta sólo a las personas inmigrantes, sino a la sociedad en su conjunto.

En tal sentido, creo que las organizaciones que trabajan en el ámbito de la inmigración deben de apostar, tanto por el rearme institucional como por el necesario rearme ideológico en clave de derechos. Y deben de apostar por contribuir a generar un debate de este tipo en la ciudadanía, trasladando una concepción normalizadora de los mismos.

La consecución del equilibrio entre ambos tipos de rearme es sumamente delicada y compleja, pero es necesario conseguirlos. De otro modo, los esfuerzos centrados únicamente en el rearme institucional podrían llevar aparejado que el objetivo último de las organizaciones fuera la lógica institucional (determinada por el mantenimiento institucional a través de la generación de un abanico de programas/prestaciones puntuales) sin contribuir necesariamente a la normalización del colectivo. Contrariamente, el centrarse solamente en el rearme ideológico puede hacer inservible ese esfuerzo porque la estructura organizativa no estaría capacitada para trasladar el discurso obtenido.

Pienso, pues, que la responsabilidad que las organizaciones de inmigración asumen es en estos momentos una dura carga: se debe de procurar establecer estructuras capaces de articular su actividad y, además, se debe de consolidar un discurso normalizador de los derechos para dirigirlo al colectivo de inmigrantes, a los foros y plataformas de referencia y, además, a la ciudadanía en su conjunto, integrada por la suma de ciudadanos particulares.

 EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS EN EL ÁMBITO DE LA INMIGRACIÓN

Intentaré en este apartado la difícil tarea esbozar un somero relato a este respecto. De partida creo que es necesario el análisis comparado de las políticas de integración y de los resultados que las mismas arrojan en los albores del siglo XXI: se trataría, en suma de que Europa, a la luz de su experiencia, defina su modelo de integración, lo que redundaría, además, en la construcción de la ciudadanía europea. A ello se le añade la estructural dificultad para armonizar las políticas sociales en el seno de las instituciones europeas: a nadie escapa el indisoluble vínculo entre políticas de integración y políticas sociales, ni tampoco escapa que el éxito de integración entre europeos seculares y nuevos europeos dependerá de la calidad de las políticas sociales.

Es en el aspecto del control de flujos y de fronteras donde en los últimos años se han centrado buena parte de los esfuerzos normativos institucionales, y la Unión Europea desde sus criterios, legítimos, de oportunidad, trata de orientar su política a realizar un control racional de los flujos con escaso éxito, en parte porque aún no ha asumido la responsabilidad institucional del control de la frontera única y deja esta tarea a los Estados, y en parte porque los acentos no deben ubicarse en las fronteras, sino en el origen. Este concatenado abunda en la ya extendida idea en la opinión pública de que Europa debe de procurarse el soporte institucional necesario para establecer una política exterior, uno de cuyos principales pilares ha de encaminarse al desarrollo –a toda costa- de los países emisores de los flujos migratorios.