Fundación Luis Vives

En los tiempos actuales, la política de inmigración española se halla sujeta a un drama humano sin precedentes. La llegada de cayucos a las costas canarias, cargados de famélicos rostros de miseria, no ha hecho más que alimentar las sensibilidades de quienes se encuentran detrás de aquella delgada línea que divide el sur del norte; la pobreza de la riqueza; la desdicha del bienestar. Claro está, que tales emociones tienen matices diferentes, que dualizan los intereses de los diversos grupos, hasta convertir esta temática en un punto de confrontación política.

Por un lado, el progresismo de las medidas implantadas por el gobierno socialista en materia de migración, y que tuvo su punto más destacado durante el proceso de normalización del año 2005, parece que ha dado una vuelta de tuerca importante. Ahora,  su discurso denota una estrategia que, antes de ser el producto de una reflexión consensuada, parece más un mecanismo que permita salir al paso de las críticas, incluso, con el peligro de identificarse con los mensajes enviados por el Partido Popular,  cuando fueron gobierno en las legislaturas pasadas. Tanto la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, como en su tiempo el ministro del Interior, Mariano Rajoy, han tomado como referencias el descarte de futuras regularizaciones masivas de inmigrantes; la apuesta por un sistema de devolución de irregulares a los países con los que se tienen acuerdos de repatriación y la protección de las fronteras con sistemas avanzados de detección de personas. Es evidente que se hace imprescindible un control de flujos migratorios, sobre todo para no alimentar el trabajo de las mafias que trafican con seres humanos; pero tal medida debe enmarcarse dentro del respeto a los derechos humanos y el consenso de todos los sectores políticos y sociales, tal como se hizo cuando decidieron visibilizar una dolorosa herencia de casi 700.000 personas que formaban parte de la economía sumergida.

Pero ¿qué ha hecho posible este cambio de percepción desde la línea socialista? Varios son los factores que han incidido en su postura y muchos de ellos han tenido la complicidad de los medios de información. La primera alarma se activó con el asalto desesperado de cientos de subsaharianos a las vallas de Ceuta y Melilla entre septiembre y octubre del año pasado, y en el que una treintena de inmigrantes fallecieron. Al poco tiempo, el bombardeo mediático se cebaba con las imágenes de las revueltas de jóvenes en los barrios marginales franceses y que llevó al traste el supuesto modelo de integración del que se jactaba el país galo. Por último, durante la primavera y el verano de este año, se incrementó la llegada de pateras, muchas de las cuales dejaron en su corta travesía varios cuerpos sin vida. Un cóctel peligroso que ha calado fuerte en la mente de quienes todavía defienden la teoría de una España fortaleza y que miran con recelo el arribo de trabajadores extranjeros.

Volviendo al tema político, analizamos al sector de la oposición y vemos que su función se cumple a rajatabla. El no a todo, también se ha llevado consigo algo tan serio como la inmigración. Un arma que se utiliza y ha sido utilizada con claros objetivos electorales, sin ningún tipo de concesiones –la relación migración-delincuencia-inseguridad ciudadana es el tándem más explotado en la antesala de las próximas elecciones autonómicas-. Ese tremendismo que se promulga desde las voces populares nos embarca en la imagen de una España invadida, acosada, vulnerada, frágil. Ejemplos tenemos a diario, y muchos de ellos profundizan un déficit en la memoria colectiva de algunos sectores de la derecha: Hablar de regularizaciones, devoluciones, pateras, centros de internamiento, traslados, como palabras que no constan en el diccionario del PP, es una actitud hasta cierto punto egoísta, insolidaria y sin una mínima dosis de autocrítica. Lo peor de todo, es que todos los mensajes alarmistas se los intenta trasladar hacia el marco de la Unión Europea, que pocas señales de corresponsabilidad ha dado. Según tengo entendido, ya son varios años que la búsqueda de una política común en materia de inmigración está bastante estancada, más que todo, por las limitaciones que encuentra en la gestión individual de sus países miembros. Y ahora, la situación se complicaría más con la entrada en la zona euro de cerca de 30 millones de habitantes originarios de Rumania y Bulgaria, desde el primero de enero de 2007.

Si por un lado, España ve difícil lograr un Pacto de Estado en el tema de la inmigración entre todas las fuerzas políticas que se suman a las posturas del gobierno (con las exigencias claras y obvias de Coalición Canaria) y el mayor partido de la oposición; peor aún, son las medidas que se puedan tomar desde el Consejo Europeo. El reto más importante de la UE se traduce en un “miedo a esa avalancha de inmigrantes”, a los que se suman los trabajadores de la Europa del Este. Según el diario “El País” (26-09-2006), la próxima cumbre informal que se realizará el 20 de octubre en Lathi, Finlandia, a donde acudirán los países como España, Italia, Malta, Grecia, Portugal, Chipre, Francia y Eslovenia, tendrá en la inmigración el tema principal que marque su agenda. Pero su óptica no tiene nada que ver con atacar las causas, sino al contrario, apuntan a repeler los efectos.

Una de esas armas de lucha es el “Frontex”, que escuda la “Agencia Europea para la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la UE”, y que permite vigilar las costas mediterráneas. Pero de ahí ¿qué medidas se plantean para aplacar el hambre y la pobreza; estabilizar los gobiernos y atacar la corrupción; y, más que todo, apoyar la cooperación en términos que la misma genere empleo? Ya lo señaló el mismo director ejecutivo de la Agencia Europea de Frontera, el finlandés Ilkka Laitinen, durante una entrevista al diario “El País” (6-09-2006): “Las razones por las cuales los flujos se ponen en marcha van desde el hambre y la desesperación hasta los conflictos bélicos (...) Todos los canales deben ser usados para disminuir el flujo actual, desde la diplomacia hasta la ayuda al desarrollo. La vigilancia es sólo un mecanismo de control, pero los mecanismos de la diplomacia y de la política no pueden ser efectivos si la vigilancia no es eficaz”. Parece no equivocarse.

Contradictoriamente al blindaje de los puntos calientes de entrada de inmigrantes, el mensaje utilitarista que se hace de la migración es el que más fluye. Hace pocos días se publicó un informe de la Unión Europea que señala que hasta el año 2050, Europa recibirá unos 40 millones de extranjeros para cubrir sus déficit en pensiones y demográficos. Aprovechar esa coyuntura es tan difícil para los países miembros de la UE, que miran con recelo un problema que se les va de las manos y que ya tiene consecuencias políticas en las urnas: El auge de la extrema derecha en Dinamarca, Polonia, Eslovaquia, Francia, Bélgica y Austria, con niveles medios de simpatizantes que alcanzan un 13%, es la respuesta más clara de la actual visión europea de la migración.

Frente a la desidia europea, España debe afrontar el reto de la migración apartando el discurso político y ampliando la cooperación al desarrollo. Debe ser la interlocutora principal ante la UE, gracias a su experiencia de estos últimos años. Ahora mismo, este país receptor de migración, muestra el capital social y humano que tienen los organismos no gubernamentales para realizar su trabajo. La acción social de las ONG españolas (incluidas en menor grado algunas asociaciones de inmigrantes), lleva un 80% del 0,52% del IRPF, que para el año 2005 alcanzó la cifra de 127 millones de euros; mientras que la ayuda al desarrollo cubre solamente un 20% (24 millones de euros). Sin embargo el debate continúa, sobre todo porque las ONG aspiran recibir el 0,7%, lo mismo que recibe la Iglesia.

En el campo de la cooperación internacional, para el trienio 2005-2008, España ha fijado en 613 millones su apoyo a la cooperación en países “prioritarios” (una decena de países latinoamericanos entre los que se encuentran Ecuador, Perú, Haití, Bolivia, Nicaragua, Guatemala junto con otros 13 países del África), que en términos del presupuesto general del Estado corresponde a un 0,35 %, según lo manifestado por la misma secretaria de Estado para Cooperación Internacional, Leire Pajín. Las previsiones para 2008 se fijan en un 0,5%.

Es así como las ONG realizan su trabajo. No se trata de desmerecer el apoyo de las ONG, en lo que acción social se refiere y, donde muchas de las cuales, están supeditadas a las subvenciones públicas. Lo que se trata es de que el porcentaje que todas las personas colocamos en una casilla cuando pagamos los impuestos se dirija en mayor dirección a la ayuda al desarrollo, estabilización democrática, fomento de la microempresa, cooperativismo o institucionalidad. Creo que con ese apoyo muchas personas dejarán de mirar por las televisiones, allá donde las haya, cómo el mundo desarrollado, con lujosos edificios y coches, les atrae como un imán.