“Consenso social sobre migración”[editar]

El documento Consenso Social sobre Inmigración es un documento base para el debate cuyo objetivo último es lograr un pacto sobre la migración en España.

El punto de partida del documento es la doble constatación de que, en primer lugar, España, ha pasado de ser una sociedad emigrante a una sociedad inmigrante con una dimensión, situación y problemática de integración similar a países de la UE como Alemania, Francia y Reino Unido. En segundo lugar, la inmigración no es un fenómeno coyuntural, de corto plazo, sino de largo plazo; de ahí, que la reflexión del documento tenga como miras el largo plazo, es decir, la construcción de un modelo de integración social en España mirando al año 2020 cuando los inmigrantes de primera y segunda generación den paso a los inmigrantes de tercera inmigración y la sociedad española tenga que dar la medida de su verdadera capacidad de integración o, por el contrario, caminar por la senda de la fragmentación y la exclusión social.

Los objetivos del documento para la construcción del consenso son cuatro: ampliar la perspectiva de la integración social desde la extranjería (dimensión legal) a la migración (dimensión global del proceso migratorio desde el punto de partida); implicar a la sociedad española en la construcción del proceso de integración mediante un debate abierto y plural; recoger las aportaciones de los agentes sociales para llegar a un consenso global; y, finalmente, aportar propuestas que puedan concretarse en un modelo social de integración consensuado.

El documento se compone de un conjunto de propuestas sociales sobre diferentes dimensiones del proceso de integración que a continuación resumiremos: vivienda, salud, economía y empleo, educación y cultura, exclusión social y servicios sociales, religión e interculturalidad, participación política y ciudadanía y codesarrollo. Cada dimensión se compone, a su vez, de dos aspectos: en el primero se destaca la situación actual y en el segundo se hacen propuestas concretas que puedan facilitar el proceso de integración social de los inmigrantes, todo ello destacando en forma de bloques temáticos los principales retos que se plantea cada dimensión. Como no es posible hacer aquí un análisis detallado de cada dimensión nos limitaremos a destacar los bloques temáticos más relevantes.

En el caso concreto de la vivienda se plantean dos tipos de propuestas: por una parte, las de tipo general y que afectan al conjunto de la sociedad española como son las de establecer mayores reservas obligatorias de suelo para vivienda social, la puesta en uso de la vivienda desocupada y la potenciación de la vivienda de alquiler y, por otra parte, las de tipo específico como son evitar la ordenación (segregación) de barrios por nacionalidades que supondría entrar en la dinámica de espacios urbanos segregados como fuente de conflicto social.

España es un país que ha facilitado el acceso generalizado de los inmigrantes a la atención sanitaria pública a través del empadronamiento y, por tanto, incluyendo a la población inmigrante en situación irregular. Ello ha producido una creciente carga asistencial no compensada con un mayor crecimiento de los recursos. El desconocimiento o falta de información sobre las necesidades sociosanitarias de los colectivos de inmigrantes dificulta la asignación de recursos. A ello hay que añadir un problema específico: la atención sanitaria de la mujer inmigrante condicionada en muchos casos por factores culturales.

La integración laboral y la protección social que ello supone es el núcleo fundamental de integración a la ciudadanía social. En este punto el documento recoge el grueso de los debates y análisis ya realizados en este campo: el empleo de inmigrantes es funcional a las necesidades de determinados mercados de trabajo pero la tasa de irregularidad es muy elevada, igualmente la elevada tasa de temporalidad contractual. Ello requiere aflorar la economía sumergida, mejora de la regulación laboral, adecuar los contingentes a las necesidades del mercado de trabajo y establecer un código ético sobre la imagen que deben transmitir los medios de comunicación.

¿Se ha adaptado el modelo educativo a la nueva realidad de la inmigración?. La necesidad de un modelo de escuela que contemple un currículo común y necesario para la cohesión social es la propuesta básica del documento de forma que convivir con la diferencia sea la filosofía estructurante del sistema educativo. Ello supone reforzar la formación del profesorado en la diferencia cultural y sus implicaciones. La difusión de buenas prácticas en este campo se considera crucial. El documento plantea también la necesidad de apoyo escolar específico a los alumnos mayores de 12 años con grupos de refuerzo en el aprendizaje de la lengua española, evitar la concentración escolar de inmigrantes (que no supere el 30% según la Oficina del Defensor del Pueblo), así como una atención especial a los menores no acompañados.

La dinámica de la exclusión social de los inmigrantes implica destacar que la inmigración es una situación, no una forma de ser, de forma que el Estado y la sociedad civil deben destacar la imagen positiva del extranjero como persona que integra una nueva sociedad con plenos derechos y deberes. Aquí el documento es rotundo: en España no existe una política social migratoria sino una política de control social de la migración y políticas asistenciales puntuales, no existe una política de integración social a largo plazo que extienda los derechos sociales básicos incluyendo el derecho a una renta mínima y la mejora de los recursos para la infancia. La acción social del Tercer Sector no debe suplir a la del Estado aunque sea fundamental en este campo, además del de denuncia de la violación de derechos humanos y la reivindicación de los derechos sociales. En el documento se destaca la importancia de políticas específicas para menores no acompañados, jóvenes y mujeres así como la importancia social de evitar la criminalización del extranjero en situación de dificultad e irregularidad.

El documento también se plantea el complejo debate de la interculturalidad y religión, campos ambos donde los factores ideológicos tienen una importancia crucial para el proceso de integración social. La pregunta es cómo gestionar la diversidad cultural. La inmigración aumenta en parte la complejidad social si bien la diversidad ya existe en la sociedad. La promoción de políticas de normalización en el reconocimiento del pluralismo cultural es fundamental. Se plantea la necesidad de crear un Consejo Consultivo a nivel de Estado y CCAA. Se rechazan en el documento las políticas de tipo asimilacionista y segregacionista y se apuesta por la interculturalidad entendida como construcción de la ciudadanía humana basada en el reconocimiento de los derechos humanos y en la coexistencia de diferentes identidades.

Parte del proceso de inmigración se refiere de manera concreta al papel de las religiones en la integración social. Se apuesta en el documento por las relaciones eficaces entre Administración y responsables religiosos, por la necesidad de repensar la presencia pública de la religión, favorecer el asociacionismo religioso y crear plataformas de diálogo interreligioso.

Finalmente, la socialización de la interculturalidad en la educación, en los medios de comunicación, en y desde las organizaciones sociales así como en el mundo del trabajo, es la propuesta crucial del documento que se enmarca en el marco de convivencia plurireligiosa e intercultural de la Constitución de 1978 y en la declaración de la ONU de 18 de diciembre de 1992.

También el documento aborda la participación política y ciudadana de los inmigrantes en España más desde los principios que desde propuestas concretas que están limitadas por las relaciones bilaterales entre países en lo tocante a la participación política. De ahí que, por ejemplo, la propuesta de que la participación política se ligue a la residencia y no a la nación sea en parte hoy un desideratum limitado por la realidad de las mencionadas relaciones internacionales. El documento considera que es necesario impulsar la participación de los inmigrantes en la construcción del espacio público primero en el espacio local, donde ya es posible y, luego, en el general de forma que los inmigrantes de larga duración puedan beneficiarse de la “ciudadanía europea”.

Finalmente, el documento aborda la relación entre migración y codesarrollo entendiendo este último a dos niveles: como el compromiso del inmigrante con el desarrollo de sus comunidades de origen (entre otras actividades posibles la utilización de las remesas para el desarrollo local), así como el compromiso de los Estados receptores con un orden mundial más justo basado en el desarrollo con equidad, en la cooperación por la construcción de un nuevo orden mundial, desarrollo del comercio justo, sensibilización de los consumidores europeos por las condiciones de trabajo de las grandes empresas transnacionales en los países del Sur, impulsar condonaciones y conversiones de la deuda.

En suma, el lector tiene en este documento una guía sintética del debate y propuestas prácticas en favor de un consenso global a favor de una sociedad inclusiva para las décadas venideras. La garantía de esa sociedad inclusiva se basa en la construcción de un consenso de largo plazo sobre una sociedad inmigrante.