El presente informe es el tercer informe conjunto en el que se consideran los problemas de protección social e inclusión de los países de la UE. Su origen es la cumbre de Hampton y el desarrollo de la estrategia de Lisboa que se plasma en una Comunicación de 2003 para reforzar la dimensión social y racionalizar el método abierto de coordinación (MAC) en el ámbito de la protección social. Desde el primer informe conjunto de 2005 se recogen tres campos de la política social: inclusión social, pensiones y asistencia sanitaria y cuidados de larga duración.

La estructura de dichos informes y, en concreto, la del informe de 2007, es la siguiente: una primera parte, de carácter introductorio, sobre los principios que orientan el informe y mensajes claves; en segundo lugar, se plantean las llamadas cuestiones “globales” relativas a las políticas de protección social e inclusión social; finalmente, se consideran los retos fundamentales que afrontan los países de la UE en los tres campos. A este esquemático informe se adjuntan a modo de anexos los informes de los Estados miembros.

El informe conjunto sobre protección social e inclusión social de 2007 se inicia con la síntesis de lo que se consideran principales mensajes en materia de política social: a) La necesidad de reducir la pobreza infantil y el fracaso escolar, el acceso a una educación de calidad para todos y la protección especial necesaria para inmigrantes y minorías étnicas; b) la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos basado en el equilibrio entre ayudas monetarias (garantía de ingresos mínimos) y servicios de inserción para el empleo; c) garantizar el acceso de todos a la asistencia sanitaria y, sobre todo, a los cuidados de larga duración (protección social de la dependencia), que sea de calidad, que contribuya a reducir la desigualdad y sea sostenible financieramente; d) se enfatiza de manera especial en el desarrollo de los cuidados de larga duración, la coordinación entre el sistema sanitario y los servicios sociales, el apoyo a los cuidadores informales y la utilización de las nuevas tecnologías con el fin de favorecer la permanencia de las personas en su domicilio; e) garantizar la adecuación, sostenibilidad y modernización de los sistemas de pensiones en un contexto de envejecimiento de la población que aumentará el gasto en pensiones en las décadas venideras es un objetivo central de los Estados miembros y de la propia UE que se apoya en la reducción de la deuda, el aumento del empleo y la reforma permanente de los sistemas de protección social; f) finalmente, se enfatiza en la importancia de la calidad de la participación institucional y social en la elaboración de las políticas sociales tanto a nivel europeo como de los Estados miembros, regiones y municipios.

Tres son las cuestiones globales relativas a las políticas de protección social e inclusión social:

En primer lugar, el logro de una “mayor cohesión social”. El informe constata la realidad de una fuerte convergencia hacia la inclusión social activa en toda la UE y la voluntad de progresar en la reforma de un sistema de pensiones sostenible y adecuado así como la mejora de la accesibilidad, calidad y sostenibilidad de las estrategias de atención sanitaria y cuidados de larga duración. La cuestión de género se incorpora a las políticas sociales de cara a lograr la igualdad de hombres y mujeres.

En segundo lugar, la “interacción entre crecimiento económico y creación de empleo” es una variable clave del informe, aunque se  reconoce que ni el elevado crecimiento ni la creación de empleo por si mismos implican de manera automática una reducción de las desigualdades en la renta, de la pobreza y de las desigualdades regionales. Políticas activas de apoyo a los colectivos más vulnerables y a los hogares en situación de pobreza se hacen necesarias y requieren una mayor visibilidad a escala nacional y europea.

Finalmente, el informe apuesta por una mejora de la “gobernanza”, lo que implica una mejora de la calidad de la participación social y la coordinación de los niveles europeos, nacionales, regionales y locales en materia de política social. La importancia de la evaluación de las políticas y el desarrollo de indicadores sociales deben dar una mayor visibilidad a los resultados de las políticas sociales.

Los informes nacionales vienen a coincidir en que los retos de las políticas sociales siguen siendo los señalados en el informe de 2006: lucha contra la exclusión y la pobreza, la reforma y sostenibilidad del sistema de pensiones y la garantía de sistemas sanitarios y de calidad que incorporen progresivamente la protección de las personas en situación de dependencia.

A) Lucha contra la pobreza y la exclusión.

Evitar la transmisión de la pobreza entre generaciones, y particularmente de la pobreza infantil, es un objetivo compartido en los informes nacionales. Prevenir y luchar contra la pobreza infantil ha sido una prioridad para la práctica totalidad de los Estados de la UE. Por otra parte, la lucha contra la exclusión implica la mejora de los ingresos de las familias y el acceso a los servicios sociales, incluida la vivienda.

La igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y la conciliación del trabajo y la vida privada mediante servicios de calidad del cuidado de niños y fórmulas flexibles de trabajo son dos políticas sociales de amplio desarrollo en la UE.

En la lucha contra la exclusión los informes nacionales destacan la importancia de las políticas frente al fracaso escolar (15% de los alumnos) así como la reducción de la tasa de paro juvenil (casi el 19% en 2004 en el conjunto de la UE).

En las políticas de inclusión el informe de 2007 destaca la importancia de la economía social como fuente de empleo y de prestación de servicios sociales no atendidos por la economía de mercado. De especial relevancia en el informe es la mención de las políticas nacionales a favor de las personas con discapacidades, la integración social de los inmigrantes y de minorías étnicas.

B) Acceso y mejora de la asistencia sanitaria y de los cuidados de larga duración

Los informes nacionales muestran un compromiso firme en garantizar una asistencia sanitaria si bien ni la universalidad ni la igualdad están garantizadas; es más, existen “desigualdades significativas” tanto sociales como regionales debido a problemas de tipo institucional.

El desarrollo de políticas de cuidados de larga duración ocupa una importancia central en el informe. La oferta actual es insuficiente, los costes personales son elevados y los cambios familiares exigen aumentar la oferta de servicios, sobre todo los de tipo comunitario para facilitar la vida de las personas afectadas en su propio domicilio. Sin embargo, el informe pone de manifiesto la preocupación de los Estados miembros en crear una “base de financiación sólida” para los cuidados de larga duración.

Las estrategias de los países miembros se orientan a la mejora de la calidad, la coordinación intrasanitaria y sociosanitaria y la garantía de la sostenibilidad financiera a largo plazo limitando los gastos, racionalizando el consumo e incorporando el copago. Objetivos todos ellos que pudieran sugerir la idea de si los Estados miembros tratan de lograr la cuadratura del círculo. Resulta llamativa la apelación constante del informe a la sostenibilidad financiera de los cuidados de larga duración cuando aún ocupa un espacio menor en el gasto de protección social.

C) Sistemas sostenibles de pensiones

Por último, el informe señala la importancia de la reforma de los sistemas públicos de pensiones con el fin de garantizar su adecuación al proceso de envejecimiento así como su sostenibilidad financiera futura. Vincular cotizaciones y prestaciones y las estrategias de envejecimiento activo, junto a la ampliación de la vida laboral, constituye una experiencia de carácter común en la UE. Pero, al mismo tiempo que el informe señala su preocupación por la sostenibilidad futura de los sistemas de pensiones, se enfatiza en la necesidad de garantizar pensiones suficientes que eviten el riesgo de pobreza.

En suma, el lector encontrará en la lectura de este informe conjunto, así como en los precedentes de 2006 y 2005, una guía de las preocupaciones comunes de los países miembros de la UE en materia de política social, las tensiones entre la modernización económica y el logro de la cohesión social, la tensión entre las políticas sociales de Estado y las regionales y locales, la tensión en la necesidad de la protección social y las presiones financieras que afrontan los sistemas, en parte reales y en parte político-ideológicas.