El informe de estrategias del Reino de España sobre protección social e inclusión social adopta la misma estructura que el informe conjunto de la UE en la materia, es decir, analiza las políticas de inclusión y de lucha contra la pobreza así como la protección de colectivos específicos (caso de los inmigrantes), la estrategia sobre la reforma del sistema de pensiones y, finalmente, las estrategias nacionales sobre asistencia sanitaria y cuidados de larga duración o protección social a la dependencia. A continuación, sintetizaremos los aspectos más relevantes de dicho informe que, en forma de anexo, vienen recogidos en el informe conjunto de la UE.

El marco general de las estrategias del Plan de Inclusión se caracteriza por un crecimiento económico sostenido que se ha traducido en un incremento de la tasa de actividad y del empleo, por una reducción de la tasa de desempleo y la mejora de la evolución financiera del sector público. En este contexto, con un fuerte crecimiento de la población inmigrante, España hace frente a unas tasas de pobreza relativa que se han estabilizado durante la década de los años noventa, a retos importantes en la reforma y sostenibilidad del sistema de pensiones, al logro de la calidad de la asistencia sanitaria y a la urgencia de dar respuesta a las necesidades de personas en situación de dependencia.

Lograr la convergencia económica en renta per cápita, aumentar la tasa de empleo, mejorar el gasto en protección social, reducir las desigualdades y prevenir la exclusión social, son los ejes estratégicos que orientan la modernización del modelo social español. Todo ello en un contexto de acuerdos permanentes entre los interlocutores sociales y el gobierno que favorezca la mejora de la calidad asistencial de la sanidad y la puesta en marcha del sistema nacional de dependencia.

Los objetivos prioritarios de la estrategia para la protección social y la inclusión social materializan la filosofía precedente, es decir, se pretenden lograr cinco objetivos: fomentar el acceso al empleo y luchar contra la pobreza y la exclusión social; garantizar recursos económicos mínimos; lograr la equidad en educación; apoyar la integración social de los inmigrantes; y atención a las personas en situación de dependencia. Estos objetivos se traducen en metas que están incluidas en el Programa Nacional de Reformas.

El informe en cuestión desgrana cada objetivo prioritario en una serie de medidas concretas, algunas de las cuales se han realizado en el último año o están en proceso de aplicación, como son la ley orgánica de igualdad de hombres y mujeres, recientemente aprobada, la ley de la autonomía y dependencia, aprobada en diciembre de 2006 y actualmente en fase de desarrollo, o la aprobación del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración en lo que se refiere a la inmigración. Remitimos al lector a las páginas 14 a 26 de dicho informe para una consulta detallada de dichas medidas.

Es preciso resaltar que el Plan de Inclusión 2006-2008 se elabora en base a una gobernanza o estilo de gobierno que sigue las recomendaciones del Método Abierto de Coordinación (MAC), lo que supone una participación amplia y de calidad de la sociedad civil, una mejora continua de la coordinación entre las Administraciones Públicas Centrales, Territoriales y Locales y la aplicación de métodos de seguimiento y evaluación que, de manera transparente, den información de la aplicación de las estrategias. A esta estrategia se acompaña una información presupuestaria con un nivel de desagregación por colectivos así como un detallado sistema de indicadores para los años 2003, 2004 y 2005.

La reforma del sistema de pensiones ocupa el espacio central del debate de la política social en España desde la firma del Pacto de Toledo en 1995. La estrategia de la reforma consiste en garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público a la vez que se mejora la capacidad adquisitiva de las pensiones, sobre todo de las pensiones más bajas. El método de reforma desde 1995 hasta hoy es el consenso, siendo expresión del mismo el acuerdo de 13 de julio de 2006 entre gobierno y agentes sociales y económicos sobre medidas en materia de Seguridad Social.

El informe recoge con detalle las medidas del Acuerdo en materia de Seguridad Social dirigidas a la sostenibilidad financiera del sistema, a la proporcionalidad y contributividad del sistema y a reforzar la eficacia del Fondo Global de Reserva.

En este sentido, hay que destacar las medidas para reforzar el equilibrio entre contribución y prestación o pensión, o la mejora del control de la incapacidad temporal. En el mismo sentido, el informe destaca los incentivos a la prolongación de la vida laboral o la modernización de la pensión de viudedad como renta de sustitución.

En el área de la sanidad la principal estrategia del informe, en respuesta a las demandas ciudadanas, es el logro de la calidad del sistema sanitario. Como desarrollo de la ley de cohesión y calidad del sistema sanitario de 2003 se están desarrollando acciones de fomento de la equidad y de la excelencia clínica, prevención, fomento de la equidad y utilización de nuevas tecnologías.

Igualmente, el logro de la sostenibilidad financiera del sistema sanitario es una de las políticas centrales, si bien no es un campo pacífico por los desacuerdos en el seno del Consejo Territorial de la Sanidad. La necesidad de racionalización y eficiencia del sistema es comúnmente compartida por las CCAA y la AGE pero sus implicaciones financieras crean divergencias que se traducen en aportaciones financieras adicionales de la AGE para estabilizar el sistema sanitario.

En lo que se refiere a los cuidados de larga duración, la aprobación de la ley 39/2006 de autonomía y dependencia supone un paso histórico en el reconocimiento del derecho subjetivo a las personas con algún problema de dependencia. Se crea un nuevo sistema que recoge, en parte, la experiencia pasada, supera el marco protector asistencial y pone en marcha un sistema público de servicios sociales junto a prestaciones económicas para los cuidados personales que se desarrollará a los largo de 2007. De este modo, España se incorpora al conjunto de países de la UE con sistemas públicos de cuidados de larga duración. La puesta en marcha de dicha ley supone afrontar retos en el ámbito de la financiación (por ejemplo, el copago), en el gobierno del sistema nacional de dependencia y en la intensidad de la acción protectora.

En suma, el I informe sobre estrategias para la protección social y la inclusión social del Reino de España 2006-2008 es una guía en materia de política social en el contexto de la UE. La escasa publicidad de este informe y, en general, de las políticas sociales referentes a la lucha contra la exclusión social tanto de España como de los países de la UE, no son sino un indicador de la importancia del crecimiento económico frente al logro del desarrollo social. Una mayor publicidad y debate de éste y otros informes sobre pobreza, exclusión y cohesión social deberían ser una prioridad de la acción política.