Taylor- Gobby, P. (ed) (2005): New risks, new welfare. The Transformation of the European Welfare State. Oxford Policy Press.

 Elaborado a partir de un proyecto europeo de investigación en el que participaron científicos alemanes, suecos, británicos, finlandeses, españoles y suizos, este libro interpreta y valora los cambios que se están produciendo en los Estados de Bienestar occidentales a la luz de su adaptación a una serie de riesgos sociales emergentes, vinculados a las sociedades post-industriales. Los nuevos riesgos vitales influyen, necesariamente, en la configuración del Estado de Bienestar en la medida en la que, por un lado, generan nuevas situaciones de necesidad que antes, o bien no existían, o bien se resolvían en la más estricta esfera familiar. Estos riesgos, además, influyen en la capacidad de los sistemas de bienestar para responder a los nuevos y a los viejos riesgos sociales. La precariedad laboral -por poner quizá el ejemplo más evidente- no sólo supone un nuevo riesgo vital (o, al menos, el retorno de un riesgo que en los años de desarrollo posteriores a la II Guerra Mundial se creyó superado), sino que incide directamente en la capacidad de respuesta ante cualquier riesgo vital de unos sistemas de Seguridad Social fundamentalmente basados en el principio de contributividad. La reflexión sobre los nuevos riesgos sociales trae también a la palestra otra cuestión de interés, como es el complicado proceso por el cual una situación personal o familiar determinada -desde la carencia de empleo a la convivencia con una persona dependiente- se configura (o no) como una necesidad social digna de ser sacada de la esfera de lo privado y de ser atendida por la colectividad.

El coordinador del proyecto, el británico Peter Taylor-Gooby, enmarca los nuevos riesgos sociales en tres esferas distintas: la familia y la atención informal, el mercado laboral y los cambios en el propio Estado del Bienestar. Más concretamente, los riesgos vitales en las sociedades postindustriales tendrían que ver con las dificultades en la conciliación entre la vida laboral y familiar y con los requerimientos que supone la atención a la dependencia; con la falta de las cualificaciones laborales necesarias para acceder, o mantener, trayectorias profesionales estables y suficientemente remuneradas y con las dificultades para recibir los servicios y prestaciones sociales adecuadas en un contexto de gestión privada o parapública de las mismas.

¿En qué medida son estos riesgos distintos de los viejos?. Desde la perspectiva de la ciudadanía, frente al riesgo de envejecimiento o enfermedad -que afectaba al conjunto de la clase trabajadora y generalmente al final del ciclo vital-, los nuevos riesgos afectan a las personas en fases más tempranas de su vida y tienen un carácter más minoritario, transitorio y particular. Afectan además a cuestiones -como la atención familiar- que en el pasado se mantenían en la esfera de lo privado y que ahora, con dificultades más o menos evidentes en función de la tradición de cada país, pugnan por ser reconocidas como problema colectivo, susceptible de ser atendido desde lo público.

No siempre queda claro, en el libro, hasta qué punto estos nuevos riesgos vitales pueden distinguirse de una serie de factores demográficos relativamente novedosos, pero no necesariamente negativos: una mayor esperanza de vida o una mayor autonomía económica de las mujeres plantean un escenario social distinto -el periodo de cobro de las pensiones se alarga y las familias tienden a romperse con más facilidad, por ejemplo-. Lo cierto, en cualquier caso, es que los Estados de Bienestar deben responder a problemas diferentes que en décadas pasadas (sin que los viejos problemas, por otra parte, hayan acabado de desaparecer) y que deben hacerlo en un contexto social, político y demográfico diferente.

Los nuevos riesgos vitales afectan a la ciudadanía, pero, también, al margen de maniobra de las instituciones. Efectivamente, desde la perspectiva de la acción pública, se observa que los nuevos riesgos generan nuevas alianzas de intereses, a menudo provisionales y coyunturales. Los grupos afectados por estos nuevos riesgos -más difusos y desarticulados, por ejemplo, que el proletariado industrial del siglo XX-  son, de momento, incapaces de movilizarse, y son otros actores los que pueden ejercer alguna presión en su favor cuando, por diversas razones, confluyen sus intereses. Es en esos casos en los que las posibilidades de afrontar políticamente los nuevos riesgos son mayores. La conjunción de intereses no es, sin embargo, habitual y puede decirse que se está produciendo un choque entre quienes, expuestos sólo a los riegos vitales tradicionales, se sienten adecuadamente protegidos por un sistema de Seguridad Social que prima ciertos derechos adquiridos y quienes, con trayectorias laborales inestables y precarias, sólo aspiran a las migajas de la protección asistencial.

Efectivamente, en el nuevo contexto, las prestaciones contributivas son en parte sustituidas por otras financiadas vía impuestos y generalmente selectivas, lo que promueve el descontento de quienes creen que financian la inactividad o la irresponsabilidad de otros. Estos nuevos descontentos sí estaban dispuestos, antes, a contribuir para el sostenimiento del sistema, puesto que sabían que más tarde o más temprano ellos mismos lo utilizarían. La vacilante tendencia a la ‘descontributivización’ de la protección social -en aras de la universalización- para poder responder a los nuevos riesgos sociales cuestiona por tanto el modelo corporatista o continental de bienestar social (por no hablar del mediterráneo) y exige, simplificando al extremo, un sistema mucho más basado en los impuestos que en las cotizaciones.

En el terreno de la lucha contra la exclusión, la protección contra las nuevas amenazas -en la medida en que no pretenden remediar la pérdida de un salario, sino, al contrario, facilitar su consecución- generan una carga económica menor y se basan, más que en la concesión de prestaciones económicas, en facilitar la autosuficiencia a través del empleo. El acceso al mercado laboral se configura, en efecto, como el eje básico en torno al que giran las políticas que abordan los nuevos riesgos vitales. Las políticas de activación y de making work pay encuentran en ese contexto un adecuado caldo de cultivo y se extiende la idea de que las prestaciones económicas contra la pobreza no deben tanto sustituir, como complementar las rentas salariales.

Resulta curioso que la división clásica entre los cuatro grandes regímenes de bienestar -el nórdico, el liberal, el continental y el mediterráneo, construidos para dar respuesta a los viejos riesgos sociales- siga siendo en gran medida útil a la hora de analizar de qué forma los diversos países (y la propia Unión Europea como tal) están abordando estos nuevos riesgos: en efecto, son los países nórdicos -con su énfasis en las políticas activas de empleo y en las medidas de conciliación familiar y laboral- los que con más decisión están dando cobertura a las nuevas necesidades. No es de extrañar si se tiene en cuenta que, en buena medida, el grado de universalización de los servicios y prestaciones es el que determina la mayor o menor adecuación a estos nuevos riesgos sociales. Los países continentales -el libro analiza los casos de Suiza, Alemania y Francia- tienen dificultades para alejarse de un esquema basado en la contributividad, si bien algunos de ellos -como Francia- escapan del esquema tradicional gracias a una decidida política de prestaciones familiares cuasi universales (que ha hecho posible una de las tasas de natalidad más altas del continente). Aunque lógicamente influenciado por su naturaleza, el modelo liberal o anglosajón, con los laboristas en el Reino Unido, ha realizado un esfuerzo importante para adaptarse a la nueva situación, regulando la prestación privada de servicios públicos, extendiendo los programas de atención infantil y buscando hacer económicamente rentable la inserción laboral de los grupos más expuestos a los nuevos riesgos. Y finalmente, antes como ahora, los países mediterráneos -con España como caso paradigmático- se mantienen en el furgón de cola, con un muy escaso desarrollo de las medidas que podrían incidir en estas nuevas necesidades (lo que se traducen en tasas elevadas de inactividad laboral y bajísimos índices de natalidad).

Josefa Zalakain

    SIIS Centro de Documentación y Estudios