Este informe fue aprobado en el XXXI período de sesiones de la CEPAL en Montevideo en marzo de 2006. Tiene como objetivo promover un nuevo marco paradigmático del desarrollo adecuado a un mundo globalizado en el que la transformación de las estructuras productivas vaya acompañada de la mejora de la formación del capital humano en un marco institucional de democracia participativa e inclusiva, del logro de la mayor igualdad de oportunidades que sea posible para las familias pobres así como revertir las dinámicas excluyentes de los mercados de trabajo. Finalmente, y en este contexto de cambio, se propone un debate sobre los actuales sistemas de protección social de América Latina para adaptarlos a la globalización combinando los niveles contributivo y no contributivo al servicio de una solidaridad integral.

El informe se divide en cinco capítulos: “El desarrollo centrado en derechos y el pacto para la protección social” (I); “Dinámica contributiva, mercado de trabajo y desafíos para la política fiscal” (II); “Protección social y sistemas de salud” (III); “Sistemas de pensiones” (IV); y “Programas sociales” (V), basados todos ellos en análisis empíricos de bastante detalle y con el apoyo de una amplia literatura latinoamericana e internacional. A continuación daremos cuenta de las conclusiones más relevantes del informe que puedan ser de utilidad para el lector interesado en una lectura detallada del mismo.

1. La filosofía que orienta el informe se basa en la idea fuerza de “desarrollo con derechos” basado en un enfoque de desarrollo centrado en los “derechos humanos” cuyo método de aplicación pasa por el Pacto Social entre el Estado y los actores sociales. Partiendo de la realidad de que no ha existido una verdadera institucionalización de los derechos sociales en la región y de que el marco institucional democrático es débil, se propone que el desarrollo de la protección social camine de manera paralela a la extensión de una institucionalidad incluyente o nuevas formas de ciudadanía social buscando el equilibro entre la universalidad de las prestaciones y la selectividad a favor de los más necesitados o discriminación positiva en una región en la que el porcentaje de pobres afecta al 40% de la población. La selectividad en este caso se pretende que concilie las políticas asistenciales a corto plazo con la formación de capital humano a largo plazo.

La extensión de los derechos sociales es una apuesta para el futuro inmediato dadas las desigualdades sociales existentes y el hecho de que, como decimos, la extensión de la pobreza (213 millones de personas) y la intensidad de la misma (de los que 88 millones viven en condiciones de pobreza extrema) sean rasgos estructurales de la región latinoamericana. Romper el círculo vicioso de la reproducción de la pobreza es el objetivo del desarrollo de los derechos sociales. Un círculo vicioso que es multidimensional, que afecta a la distribución de la renta, a la educación (cuenta pendiente), a la salud y al empleo. Formas históricas de desigualdad que no son fáciles de revertir según el informe pues existen desventajas “sistémicas y formas de discriminación encarnadas en prácticas cotidianas” que se constatan cuando comprobamos que los logros sanitarios y educativos siguen acompañados de la dificultad intrínseca para reducir la pobreza y la desigualdad. De ahí la apuesta por un Pacto para la Protección Social (págs. 31-42) por parte del informe cuya propuesta tiene en cuenta las experiencias de los regímenes de bienestar del centro del sistema occidental.

El pacto social se basa en dos ideas motrices: una noción de la protección social no asistencial o paliativa sino que se extiende al desarrollo del capital humano y a la prevención de riesgos y, además, una protección social refundada sobre la base de derechos universalmente reconocidos.

2. Siguiendo el pensamiento y recomendaciones de la OIT la mejor forma de garantizar la materialización de los derechos sociales y económicos es mediante el “empleo decente”que en la UE solemos denominar como estable. La ampliación de este implica la extensión del nivel contributivo de la Seguridad Social que en la actualidad cubre a una pequeña fracción de los trabajadores (39%) lo cual afecta a la financiación de la protección social. Pero es que, además, dicha cobertura contributiva ha empeorado entre 1990 y 2002 afectando a la financiación de las prestaciones sociales.

Un conjunto de mercados de trabajo precarios y una extensión notable de la economía sumergida son los factores que explican la debilidad de la protección social de tipo contributivo. El informe propone una serie de medidas para elevar el empleo competitivo estable (págs. 58-61) limitando los contratos atípicos, flexibilizando los contratos a largo plazo, flexibilizar los horarios de trabajo y vincular la remuneración salarial a la productividad, implementar un tipo de  negociación colectiva amplia que no se reduzca sólo a las reivindicaciones salariales, proteger a los colectivos más vulnerables del mercado laboral y sus familias facilitando, por ejemplo, la conciliación de la vida familiar y el trabajo y, finalmente, aumentar el gasto social para hacerlo posible y multiplicar los efectos de la extensión financiera del empleo estable (el gasto social se ha incrementado en la región del 13% en 1990 al 15% en 2003).

3. El acceso al sistema sanitario es una pieza clave de los derechos sociales. El informe parte de algunos hechos estilizados como son una mejora importante en cuanto a enfermedades no transmisibles pero retraso en lo referente a las transmisibles y a las maternoinfantiles en un contexto de amplia diversidad protectora; una cobertura efectiva de los sistemas sanitarios que depende no solo de listas de espera sino sobre todo de la segmentación de los sistemas de aseguramiento y de la distribución de la renta; además el peso del gasto público sanitario, incluida la seguridad social, sólo supone el 54,7% del gasto sanitario total en 2002 siendo el resto privado, sobre todo el que recae sobre las familias (36,8%).

En este contexto de claroscuros  la agenda de reformas tiene como objetivo general garantizar una cobertura universal y garantizada de los servicios de salud que reduzca el gasto sanitario privado y de manera concreta fortalecer y expandir el aseguramiento de los riesgos de salud integrando los sistemas actuales (estatal y de Seguridad Social). En este sentido el informe analiza con detalle algunas de las experiencias nacionales que van en dos direcciones: sistema integrado de tipo contributivo y nivel único de cobertura (Costa Rica) y el sistema integrado con cobertura diferenciada de tipo contributivo y no contributivo (Colombia, México, Chile). El capítulo se completa con un detallado análisis de cómo lograr la eficiencia y eficacia en los sistemas de salud y formas de gestión y supervisión y, en segundo lugar, con el análisis de las políticas de atención primaria como elemento central de las políticas de salud.

4. El penúltimo capítulo se refiere al Sistema de Pensiones. La importancia de este capítulo reside en el hecho constatado de que las reformas habidas en la región (bien privatizando, bien mediante fórmulas mixtas o puramente públicas, las menos) no han podido garantizar la extensión de la cobertura de las pensiones. Los sistemas de reparto afrontan tensiones financieras y los sistemas de capitalización han socavado la solidaridad inherente a los sistemas tradicionales.

Como en el caso de la sanidad el informe parte del análisis de hechos estilizados como son un rápido y creciente envejecimiento de la población que supondrá una presión financiera indudable, una baja cobertura provisional y también baja intensidad protectora debido a la precariedad de los mercados de trabajo y la economía sumergida, problemas de segmentación y de sostenibilidad financiera (evasión, reglas complejas de beneficios, escasa inversión de fondos de reserva, elevados costes de gestión, entre otras) y, finalmente, sistemas de pensiones no contributivos de escaso arraigo.

A partir de estos hechos el informe analiza con detalle las reformas recientes de los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe (págs. 122-138) y propone una agenda de reformas basada en combinar una amplia cobertura del sistema de pensiones (lo que incluye la extensión del nivel no contributivo y la incentivación de la cotización en pro de un sistema de reparto y de capitalización al mismo tiempo) con fórmulas de viabilidad financiera a corto y largo plazo.

5. Finalmente, los programas sociales de la región latinoamericana se enfrentan a nuevos desafíos, sobre todo aquellos que pertenecen a la nueva generación de programas de transferencias condicionadas. En concreto son cuatro los desafíos que según la CEPAL afronta la región: a) La relación entre derechos sociales y obligaciones de forma que la condicionalidad en el ejercicio de los derechos sean incentivos para fomentar actitudes positivas a largo plazo. Se trata de evitar a la vez la pasividad del Estado y la pasividad de los receptores de prestaciones sociales en las familias más pobres. b) Promover el “empoderamiento” de las mujeres, la participación ciudadana y el capital social de cara a intensificar la presencia de la mujer en el mercado de trabajo, mejorar la voz de los ciudadanos en la vida pública con el fin de lograr una mayor transparencia de las instituciones democráticas y ampliar el capital social de los colectivos excluidos. c) Articular la demanda y oferta de los servicios públicos mejorando la coordinación institucional a todos los niveles con el fin de aumentar la cobertura y calidad de los servicios para la población excluida. d) Finalmente, la incorporación al mercado laboral de los pobres y excluidos no está garantizada dadas las dificultades de crear “trabajo decente” o estable lo que exige fortalecer el desarrollo productivo, a ello puede contribuir la modernización de las micro y pequeñas empresas y una mayor complementariedad entre las grandes empresas y las pequeñas empresas innovadoras.