Pura García-de la Rosa, Secretaria Confederal de Política Social de CC.OO.

Este concepto apenas hace unos años no tenía nada que ver con nuestro sistema productivo, ni con los comportamientos empresariales autóctonos. Parecía más bien que tenía que ver más con multinacionales extranjeras. Fueron ellas quienes primero dejaron de percibir la RSC como filantropía y la introdujeron en el corazón de su estrategia.

Sin embargo, las cosas han cambiado en nuestro país. Muchas de las grandes empresas a través de sus propios estudios ya han llegado a la conclusión de que el dinero de los inversores irá a parar a las empresas responsables. Y más en un momento de crisis como el actual en el que se reduce el ahorro privado y el dinero se mira con lupa.

Las prácticas responsables a corto plazo cuestan dinero o reducen beneficios, pero a medio y largo plazo dan valor añadido a las empresas, lo que también puede leerse en clave de beneficios. En el ciclo económico actual, se puede asegurar que ni los inversores, ni las entidades financieras pondrán dinero en empresas irresponsables, puesto que éstos son comportamientos arriesgados, puesto que los efectos externos que tiene una empresa que no cumple con su responsabilidad social repercuten directamente sobre su valor añadido. Por lo que cabe decir que este contexto económico supone una oportunidad para asumir desde lo estratégico un cambio de comportamientos.

La importancia de la materia ha crecido tanto en nuestro país que hasta se ha constituido en materia de la concertación social entre gobierno, empresarios y sindicatos. En este ámbito se significarán en una mesa concreta de negociación los acuerdos que se van a desarrollar sobre trabajos concretos en nuestro país en los próximos años.

En estos momentos ya nadie cuestiona que las empresas españolas o las ubicadas aquí tengan como horizonte un cambio de cultura, donde se defina un modelo de empresa, socialmente responsable, basada en la innovación, con empleos de calidad, que invierta en sus trabajadores y por supuesto que cumpla las normas laborales y sociales (ejemplo 2% discapacidad, ley igualdad a través de los planes…).

En el arranque del proceso del diálogo social ya nos hemos puesto de acuerdo con lo que sería una definición de RSC en la que los agentes sociales puedan comprometerse desde el entendimiento como un conjunto de compromisos de diverso orden económico, social y medioambiental adoptados por las empresas, las organizaciones e instituciones públicas y privadas y que constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones legales, contribuyendo a la vez, al progreso social y económico en el marco de un desarrollo sostenible.

A partir de este momento, los retos de la RSC deberían centrarse en las siguientes materias:

Mejora del conocimiento de la RSE: claridad y credibilidad en las prácticas de responsabilidad social.

En este sentido, Identificar las prácticas o actuaciones que se inscriben dentro del concepto de Responsabilidad Social; orientar sobre las ventajas que supone asumir compromisos en este ámbito; orientar sobre el modo a través del cual las prácticas de RSE se pueden adaptar al tejido de las PYMES.

Vinculación de RSE a los factores de competitividad, creación de empleo, cohesión social y las prácticas respetuosas con el medio ambiente.

Promoción de las capacidades y competencias de los interlocutores sociales para el desarrollo de la RSE.

Facilitar la participación de los interlocutores sociales y, cuando proceda, de otras organizaciones sociales representativas en el desarrollo de las políticas sociales impulsadas por los poderes públicos locales, autonómicos y estatales. Las organizaciones empresariales y sindicales son los interlocutores en el ámbito de las políticas de estímulo de la RSE dirigidas a los trabajadores.

Fomentar la educación y formación en materia de RSE de los cuadros directivos de las empresas, los representantes de los trabajadores y los responsables de las distintas organizaciones sociales representativas y de las Administraciones Públicas.

Modernización y adaptación de las relaciones laborales.

Una política orientada a promover la modernización y adaptación de las relaciones laborales a la nueva realidad de la empresa junto a una política de recursos humanos de calidad son fundamentales en una concepción integral y auténtica de la RSE. En esta dirección se han de considerar en las relaciones laborales: las mejores prácticas en materia de igualdad, en integración de la discapacidad, protección de la salud, reducción de la siniestralidad laboral, la formación, el fomento de la estabilidad en el empleo y la profundización en la conciliación de la vida laboral y familiar.

Incorporar a la RSE la adaptación y la gestión del cambio laboral. Ante los efectos de la globalización económica y las transformaciones productivas la RSE debe servir para conocer e integrar las medidas adoptadas por las empresas y los poderes públicos ante los procesos de reestructuración laboral; deslocalizaciones empresariales y otras actuaciones empresariales que tienen impactos muy profundos sobre el empleo y la cohesión social y territorial. En este sentido, la Declaración suscrita en el ámbito europeo por la Organización Sindical CES y las Organizaciones Empresariales UNICE/UEAPME y CEEP, el 16 de octubre de 2003, recoge una serie de orientaciones que pueden servir de referencia.

Fomento de la RSE y el desarrollo sostenible.

Desarrollar políticas de promoción e incentivos de la RSE aplicados tanto a grandes empresas como a las PYMES vinculadas al desarrollo sostenible.

Promover en las enseñanzas universitarias, especialmente en las materias relacionadas con el estudio de las organizaciones, la economía, la comunicación y la administración y gestión de empresas, la incorporación de la formación en materia de RSE.

Fomentar un mayor interés y compromiso de las empresas por la cooperación y el desarrollo, así como la participación de las mismas en los proyectos y programas de desarrollo sostenible.