Orencio Vázquez Oteo. Coordinador del Observatorio de RSC.

En los últimos años el debate sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se ha dinamizado en España; se han creado foros que buscan generar mecanismos de diálogo entre empresas, Grupos de Interés y Administración Pública. Las empresas destinan muchos recursos en importantes campañas de comunicación en torno a la sostenibilidad, y hemos asistido al nacimiento de organizaciones especializadas en RSC impulsadas tanto desde las Administración Pública, como desde el sector empresarial y la sociedad civil. Las publicaciones, monográficos, artículos sobre RSC son cada vez más numerosos. Del mismo modo, desde el ámbito académico cada vez son más los estudios, programas de doctorado o postgrado que se especializan en RSC o temas vinculados directamente a ella. Hay indicadores que evidencian una progresiva asunción por parte de las empresas españolas de la RSC: ya son más de 70 las empresas que informan conforme el GRI, muchas de ellas con la calificación in accordance, son varias las empresas que están incluidas en los denominados Índices Éticos y más de 600 empresas han firmado el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Las campañas publicitarias nos muestran un mundo ideal en el que la empresa adopta una posición y compromiso con el medioambiente, con los derechos sociales, con la integración de colectivos desfavorecidos. Sin embargo, y a pesar de los avances, en muchas ocasiones  ese compromiso no se traduce en suministrar datos concretos y resultados de las políticas aplicadas y  resulta difícil de determinar el alcance real de la implementación de la RSC en las empresas españolas. A día de hoy no existe un único estándar internacionalmente reconocido y modelos de certificación de RSC que permitan obtener una radiografía sobre los avances reales. El ciudadano está desconcertado al encontrarse con mensajes contradictorios e incoherencias. Permanece impasible cuando por un lado se realizan campañas de concienciación sobre el consumo responsable y paralelamente se invita por parte de la misma empresa a un mayor consumo a través de obsequios, o a un mayor endeudamiento o a utilizar un todoterreno en la ciudad. Ante situaciones totalmente contradictorias: ¿a quién creer? Esta es la pregunta que se hacen los ciudadanos y de la que subyace una actitud de desconfianza. Este sentimiento se agudiza con la actual situación de crisis y con la evidencia de que la democratización del sistema financiero ha producido efectos perversos. Por un lado la exigencia de retornos cada vez más ambiciosos por parte de los inversores, en su mayoría agrupados a través de fondos de inversión y planes de pensiones, y por otro la disociación entre propiedad y administración han derivado en gran medida en la situación actual. Las medidas que se adoptaron en materia de gobierno corporativo por los organismos supervisores a raíz de la crisis de las punto-com, se han mostrado insuficientes. Cada vez es mayor la brecha salarial en una misma organización. Se producen situaciones en las que una persona llega a ganar 800 veces más que otros empleados que trabajan para la misma organización en el mismo país. Consejos de Administración que entre todos sus miembros no suman ni el 0,01% del capital social de la empresa se auto aprueban sueldos multimillonarios con clausulas de blindaje que en algunos casos superan los 60 millones de euros. 

Desde la preconización de la RSC, hay dos temas de debate que tensionan las relaciones entre los diferentes actores. Uno de ellos es si la RSC debe regularse. Hoy en día más que nunca se ha demostrado que la RSC más que un valor añadido, es la constatación de un déficit y que las medidas de autorregulación no resultan en muchos casos suficientes. Hasta los más escépticos y contrarios a cualquier tipo de  intervención pública hoy reclaman más transparencia, mayores controles y mejores mecanismos de supervisión. En este sentido considero que una de las medidas que veremos pronto en el ámbito de la RSC está relacionada con la transparencia que derivará en una normativa a nivel europeo que regule la información social y medioambiental suministrada por parte de la empresa.

El segundo tema en debate es el referido al alcance de la responsabilidad de la empresa. Existen grupos empresariales que están compuestos por 2000 compañías, miles de proveedores, cientos de miles de empleados y millones de clientes. Hay muchas empresas que mantienen los centros de diseño y financieros en un país occidental y subcontratan todo el proceso productivo, normalmente a proveedores instalados en países donde la mano de obra es muy barata y donde los estándares en materia social, laboral y medioambiental son excesivamente bajos. En estos casos existe un amplio debate sobre cuál es el alcance de la responsabilidad de la empresa matriz o empresa madre.

Ante esta nueva situación nos encontramos con tres grandes obstáculos para que se produzcan avances reales en la RSC, y en la definición y normalización de una situación evidentemente nueva que necesita de unos mecanismos globales.

El primero de todos es el propio sistema que impone la toma de decisiones pensando en el corto plazo. La sostenibilibilidad requiere pensar en el medio y largo plazo.

Por otro lado, las relaciones económicas entre Estados cada vez tienen menos peso y la liberalización de los mercados ha provocado que el sector privado gane terreno operando bajo un marco global y desarrollando en muchas ocasiones sus propias reglas de funcionamiento. Esta realidad impone que las decisiones que se tomen en el ámbito de la RSC deben tener carácter global.

Hay un tercer gran obstáculo que está relacionado con la competitividad. Este aspecto tiene relación con el primero. Ningún país o unión regional quiere adelantarse en la toma de medidas que puedan afectar a la competitividad de su tejido empresarial. Bajo este marco observamos cómo el Parlamento y la Comisión Europea están tomando decisiones que priman esa competitividad sobre los principios del Estado de bienestar. Los últimos ejemplos los encontramos en la directiva de liberalización de prestación de servicios y en la posibilidad de ampliar nuestra jornada laboral hasta las 65 horas semanales.

Pese a estos grandes obstáculos, la Unión Europea debido a su capacidad de influencia y su poder económico y político tiene que liderar un proceso de estandarización mínima global en materia social, laboral y medioambiental.