Durante el verano de 2008, la Comisión Europea propuso una nueva directiva europea que regulase las prácticas discriminatorias por religión, creencia, edad, discapacidad, sexo u orientación sexual más allá del lugar de trabajo, es decir, en ámbitos como la educación, la sanidad, la protección social y la vivienda.
Esta directiva recibió un informe positivo por parte del Parlamento Europeo y está ahora en manos del Consejo Europeo (Estados miembros). La nueva directiva reforzará y complementará la legislación existente. Algunas características de la nueva Directiva:
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