Contexto y origen

La lucha contra la pobreza y la exclusión social a nivel europeo cuenta con una base legal limitada ya que no permite el desarrollo de políticas sociales propias.  Sin embargo, el artículo 137 del Tratado de Niza estableció nuevas bases legales para que la UE actuase de modo indirecto en este campo.

En 2000, durante el Consejo Europeo de Niza y en virtud de este artículo, los líderes de la UE establecieron la Estrategia Europea de Inclusión Social, conocida como el “Proceso para la Inclusión Social” con el objetivo de erradicar la pobreza antes de 2010.  Desde entonces, la UE ha proporcionado un marco para el desarrollo de esta estrategia a nivel nacional pero también un marco a través del cual todos los Estados miembro se coordinan entre sí a nivel europeo.

La participación de los agentes tales como ONG, actores sociales y autoridades locales y regionales se convirtió desde entonces en una parte importante de este proceso.  Además, esta iniciativa animó a que los Estados miembro examinaran críticamente sus políticas sociales logrando que las buenas prácticas se transfiriesen entre los distintos países de la Unión.

Gracias a este proceso, la UE consiguió llegar a un claro consenso sobre cuáles eran los retos y los desafíos en materia de inclusión social:

• Suprimir la pobreza infantil rompiendo el círculo de la transmisión intergeneracional de la pobreza.
• Conseguir desarrollar mercados de trabajo verdaderamente inclusivos.
• Asegurar que todas las personas tengan derecho a una vivienda digna.
• Combatir la discriminación y promover la integración de las personas inmigrantes, aquellas que tienen alguna discapacidad o que provienen de alguna minoría étnica.
• Combatir la exclusión financiera y el endeudamiento excesivo.

La ampliación de la Estrategia Europea de Inclusión Social

En 2005, la Comisión Europea aprobó la Agenda Social Europea 2005-2010 coincidiendo con la renovación de la Estrategia de Lisboa aprobada en el 2000.

A partir de entonces, la Estrategia Europea de Inclusión Social no sólo cubre la pobreza y la exclusión social sino que está compuesta por dos áreas políticas adicionales:

• Pensiones adecuadas y sostenibles
• Asistencia sanitaria y cuidados de larga duración accesibles, de alta calidad y sostenibles.