Un 19,2% de la población residente en Castilla y León vive por debajo del umbral de la pobreza relativa, según los último datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de 2009.
CONTEXTO
Se está en un momento decisivo en cuanto a la adecuación de las políticas sociales a las nuevas situaciones de pobreza y exclusión derivadas de la actual crisis económica. Dicha coyuntura, unida a la próxima finalización de la Estrategia de Lisboa y la conmemoración del Año 2010 como Año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social, hacen de este periodo el óptimo para reflexionar, debatir y ver buenas prácticas y ejemplos válidos para desarrollar coordinadamente, por parte de todos los actores implicados, unas políticas sociales eficaces e integradoras.
GOBIERNO AUTONÓMICO
El 14 de julio de 2005 la Junta de Castilla y León, con el objetivo de ordenar la actuación del Sistema de Acción Social, aprueba el
Plan Estratégico de Acción Social de Castilla y León desarrollado en los respectivos Planes Sectoriales para la población en general, infancia, personas mayores, personas con discapacidad y otra población necesitada de ayuda para la inclusión social. Dicho Plan ha enmarcado la política social de los últimos años.
El 25 de febrero de 2010 aprueba la
Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia en sustitución de la anterior Ley de Acción Social y Servicios Sociales de 1988. Esta nueva normativa reconoce una serie de derechos, además de los contemplados en la Ley de Dependencia, y que son exclusivos en materia de servicios sociales, como la teleasistencia a todos los mayores de 80 años, la atención temprana a niños y niñas con discapacidad, el Ingreso Mínimo de Inserción y ayudas para necesidades básicas, así como las medidas específicas de protección de menores de edad en situación de riesgo o desamparo.
El 24 de agosto, la Junta, con el apoyo de los tres grupos parlamentarios, aprueba la
Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía, elaborada por primera vez con el consenso de Consejo del Diálogo Social (integrado por la Junta, la patronal y los sindicatos). La nueva normativa tiene un carácter complementario para las personas que reciben el Ingreso Mínimo de Inserción y supone la ampliación del concepto de unidad familiar a la convivencia de dos o más personas en un mismo domicilio unidas por un grado de parentesco o familias monoparentales. Los beneficiarios de la ley serán personas de entre 25 y 64 años con domicilio y empadronados en alguno de los municipios de la Comunidad al menos un año antes de la presentación de la solicitud.
GOBIERNOS LOCALES
Castilla y León es una Comunidad amplia, dónde la dispersión geográfica, los núcleos rurales y el envejecimiento marcan sobremanera las políticas sociales, sobre todo la que realizan los entes locales, como Administración que asume muchas de las competencias en la gestión de esta materia. La Administración local pues, tiene el reto permanente de actualizarse e ir plasmando en el Plano Local, la Estrategia Social que se dibuja en Europa.
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y Diputaciones establecen sus políticas para aminorar los riesgos de vulnerabilidad y exclusión de las personas que viven en su territorio, fomentando programas de apoyo, articulando recursos y en definitiva, facilitando a la ciudadanía un acceso igual a oportunidades, bienes y servicios.
Cada Gobierno local ha optado por un modo de plasmar sus políticas y compromisos, algunos entes locales como el Ayuntamiento de Ávila (I Plan Municipal de acciones para la Inclusión Social 2009-2015) o el Ayuntamiento de Aranda de Duero (Plan Sectorial de Acciones para la Inclusión Social 2006-2009) lo hacen a través de un único Plan, aunque la mayoría de Ayuntamientos y Diputaciones lo hacen a través de Planes Sectoriales y Específicos por colectivos o materias.
INICIATIVAS 2009
Rogelio de Palencia, contando como pasó de una situación de alcoholismo y exclusión a volver a tener una vida digna
La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, y el Ayuntamiento de Valladolid, junto con EAPN Castilla y León se han sumado al proyecto
, un proyecto que quiere fortalecer las políticas de inclusión social en España, sobre todo aquellas que se están implementando en el nivel más cercano a las personas: el ámbito local.
, dentro del conjunto de seminarios que se irán desarrollando durante el año 2009 en la mayoría de las comunidades autónomas de España.
en la construcción de una Comunidad Autónoma cohesionada e inclusiva.