La implementación de prácticas institucionales de participación ciudadana muestra el compromiso de los poderes públicos para avanzar en la gobernanza y hacer más partícipes a los ciudadanos de la vida pública.

Estas prácticas pueden desarrollarse en tres niveles con diferente grado de implicación que recoge la OCDE en su Manual de la OCDE sobre información, consulta y participación en la elaboración de políticas públicas:

• Ofrecer información.
• Consultar las propuestas.
• Coproducir acciones y políticas. 

Por otra parte, para desarrollar prácticas de participación ciudadana, los gobiernos necesitan conocer la opinión de los ciudadanos para ofrecer mejores mecanismos, establecer un marco político-jurídico para el desarrollo de las prácticas de participación y generar mecanismos pertinentes y específicos que los ciudadanos puedan utilizar.

Análisis de la participación ciudadana

El punto de partida para la definición e implementación de programas para fomentar la participación ciudadana desde las instituciones y gobiernos es conocer qué piensan los ciudadanos sobre la vida pública, la gestión política y sus condiciones de vida. En definitiva, al análisis de la opinión de los ciudadanos es una de las mejores herramientas para poder definir actuaciones y políticas acordes a las necesidades reales de los ciudadanos.

Instrumentos de análisis:

En el ámbito nacional y regional, el Instituto Nacional de Estadística ofrece datos acerca de la percepción de los diferentes aspectos de la vida pública por parte de los habitantes de España. Algunas de las Comunidades Autónomas españolas así como algunos municipios cuentan con observatorios temáticos e institutos regionales de estadística, que recogen información imprescindible acerca de la opinión ciudadana. Como ejemplo, se pueden citar el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, el Observatori Municipal de la Igualtat de Palma de Mallorca, o el Observatorio Social de Barcelona.

En el caso de la Unión Europea, el Eurobarómetro ha monitorizado la opinión pública –global y por país- acerca de los temas que afectan a los ciudadanos europeos.

Por otra parte, otro tipo de organismos como el Observatorio Internacional de Democracia Participativa, creado bajo el amparo de la Comisión Europea, ofrece precisamente datos relativos a las iniciativas internacionales dirigidas a potenciar la participación ciudadana en el ámbito local.

Marco político-jurídico de la participación ciudadana

En la década de 1980 empezaron a generarse serias dudas acerca de la calidad de gestión en las administraciones públicas, y apareció el concepto de gobernanza o gobierno relacional, que propone la ampliación de la democracia representativa hacia una democracia participativa mediante la inclusión de más actores sociales en los procesos de debate, decisión e implementación de políticas públicas.

Desde entonces, numerosos documentos y declaraciones de intenciones de organismos internacionales y gobiernos hablan de la gobernanza como la vía indiscutible de desarrollo de la democracia.

Además, desde que el concepto de gobernanza empezó a popularizarse, cada vez son más los programas e iniciativas institucionales que buscan el fortalecimiento de la participación ciudadana.

Estos se desarrollan paralelamente en tres niveles: transnacional, nacional y regional/local.

Por cuestiones lógicas, las instituciones más activas en desarrollo de la participación ciudadana son la transnacional –que tiene que generar un sentimiento de pertenencia que habitualmente no existe previamente, como en el caso de la ciudadanía europea- y la regional/local –que es el entorno donde el ciudadano se relaciona de manera más directa-. El nivel nacional no suele tener la cercanía suficiente con el individuo ni la necesidad de deber construir el sentimiento de pertenencia, porque ya existe en mayor o menor medida.

En el marco de la UE, son varios los textos que invitan a potenciar la implicación ciudadana en la vida política y social europea, ya que, como indica el documento “Proyecto Europa 2030. Retos y oportunidades”, la UE sabe que la participación ciudadana en asuntos europeos se ha caracterizado por un “consenso pasivo”, El Artículo 11 del Tratado de la Unión Europea y el Artículo 24 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establecen las bases legales de la participación ciudadana.

El “Libro Blanco sobre la gobernanza europea” de la Comisión Europea hizo también hincapié en la necesidad de mayor participación de los actores sociales en el gobierno de la UE.  En el marco del Tratado de Lisboa se reconoció la importancia de los actores sociales en la formación y el avance de la UE con el documento de debate “La Comisión y las Organizaciones No Gubernamentales: el refuerzo de la colaboración”.

Más recientemente, el Libro Verde  “Sobre la Iniciativa de los Ciudadanos Europeos” y el consiguiente documento de trabajo con una Propuesta para la regulación del Parlamento y el Consejo Europeo acerca de la iniciativa de los ciudadanos profundizan sobre diversos aspectos de la participación ciudadana en la UE. 

En el marco nacional, la Constitución Española es el primer texto que define los mecanismos de participación ciudadana. El Ministerio del Interior recoge la normativa que regula la participación ciudadana en nuestro país, en especial, lo que tiene que ver con cuestiones de relación telemática con las administraciones.       

El ámbito regional y local es el principal entorno de desarrollo de políticas de participación ciudadana, y desde hace algunos años casi todos los gobiernos regionales y grandes ayuntamiento han definido leyes y programas de participación ciudadana. Ejemplo de ello son la Ley 11/2008 de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, el Reglamento de Participación Ciudadana de Alcobendas o el Plan Participativo de Córdoba.

En el ámbito del Tercer Sector, textos como la Comunicación de la Comisión sobre el fomento del papel de las asociaciones y fundaciones en Europa o el  Dictamen del Comité Económico y Social sobre “El papel y la contribución de la sociedad civil organizada en la construcción europea”  trataron de definir la relación entre la UE y las entidades del Tercer Sector. Siempre en referencia al Tercer Sector y en el ámbito nacional/regional, encontramos que los principales documentos que intentan buscar alianzas entre el Tercer Sector y las Administraciones Públicas parten desde entornos académicos o de las propias ONL. Algunos ejemplos de textos impulsados desde los gobiernos son el Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008, el Plan Director 2009-2012, el Llibre blanc del tercer sector cívico-social, el artículo “Sistema público de servicios sociales y tercer sector en la Comunidad Autónoma del País Vasco” o la página de voluntariado de la Comunidad de Madrid

Mecanismos interesantes de participación ciudadana

En España:

La participación ciudadana tiene su expresión más lógica en los gobiernos locales, puesto que son los más cercanos al individuo. Por ello, las administraciones públicas nacionales tienden a fomentar los mecanismos institucionales en este ámbito local en vez de desarrollar los nacionales.

Algunas de las que hay corresponden a iniciativas de partidos políticos.

El Ministerio del Interior en su apartado de Participación Ciudadana presenta un listado de las principales vías políticas y administrativas para ejercer la participación en los asuntos públicos.

En la página web 060.es se recogen los principales mecanismos de relación con la Administración, los proyectos desarrollados por la Administración o foros en el ámbito de la participación ciudadana.

Juventud en Acción es un proyecto de la Unión Europea que gestiona la Agencia Nacional Española del programa, compuesta en España por el INJUVE, el Consejo de la Juventud y por representantes de las comunidades autónomas.

En la Unión Europea:

Su objetivo es promover proyectos de participación activa de los jóvenes en la sociedad, y en su marco se encuentra el Servicio de Voluntariado Europeo.

Plan D Democracia, Diálogo y Debate es un proyecto enfocado a fomentar un debate ciudadano amplio acerca del futuro de la UE.

Derechos fundamentales y ciudadanía (2007-2013). Este programa tiene como objetivo la promoción del respeto de los derechos fundamentales y el refuerzo de la sociedad civil.

Europa con los ciudadanos (2007-2013). Surgido como continuación de Ciudadanía activa europea (2004-2006), este programa busca la participación activa en el proceso de integración europea.

European Citizen Action Services fue fundada como organización no lucrativa independiente de las instituciones europeas que ofrece apoyo a otras entidades del Tercer Sector y a individuos sobre las posibilidades de participación en la UE: lobbying, fundraising, contacto con eurodiputados, etc.

European Union Democracy Observatory on Citizenship es un observatorio del European University Institute  cuyo objetivo es el análisis las políticas públicas de la que afectan a la construcción y la participación ciudadana[l1] .

Hablamos de Europa es un sitio creado en el marco de la Presidencia Española de la Unión Europea que pretende fomentar el conocimiento de las posibilidades que Europa ofrece a sus ciudadanos.

La Agenda Ciudadana de Ciencia e innovación es un foro de debate promovido por el Ministerio de Ciencia e Innovación español para que los ciudadanos europeos puedan hacer llegar a los máximos representantes de ciencia e innovación en Europa qué retos deben afrontar estos dos ámbitos en el horizonte 2030.

Si deseas conocer más organismos e informes te recomendamos el apartado de "Organizaciones y documentos de interés" dentro de la sección de Participación Ciudadana.