Transparencia y rendición de cuentas forman parte de lo que se ha venido denominando en la literatura internacional como “accountability”[1]. El hecho de unir los dos conceptos de “transparencia” y “rendición de cuentas” es porque el término de “rendición de cuentas” se asocia, generalmente, con la obligación legal y fiscal de dar información al Gobierno[2], pero esta información que mayoritariamente es económica, solo es una parte del concepto global de la “responsabilidad” de la organización de rendir cuentas.

Tanto en lo público como en lo privado, ha surgido la necesidad de hacer más transparentes acciones y decisiones, de dar cuenta de las políticas y las prácticas que realiza la organización en todas sus facetas, y de ahí nace el concepto de “rendición de cuentas”.

El término “accountability” se define como el deber de informar de las políticas y actuaciones de la organización, de justificar sus actos y de someterse a cualquier tipo de control adecuado para verificar la consistencia de la información”[3]. Es un término anglosajón que desde 1995, en Gran Bretaña, constituye un principio de la vida pública, en donde los titulares de cargos públicos son responsables de sus decisiones y acciones al público y deben someterse a cualquier control adecuado de las mismas[4].

El concepto de “accountability” aparece en los años 60 en Estados Unidos y en los 70 llegó a Europa, pero ha sido más desarrollado por la cultura inglesa durante las últimas décadas. Una de las primeras organizaciones preocupadas por este tema fue el Institute of Social and Ethical Accountability, una organización internacional sin fines de lucro que desde 1966 busca promover la rendición de cuentas. Este concepto es extensible a las organizaciones sin fin de lucro y se ha venido desarrollando con más intensidad a medida que las ONL se han ido haciendo más visibles desde el ámbito económico y más influyentes desde la vertiente política.

El término de accountability es más amplio que el de rendición de cuentas. Mientras que accountability conlleva un sentido claro de responsabilidad en la rendición de cuentas sobre cualquier faceta de la organización, el término rendición de cuentas está más enfocado a dar información sobre alguna parcela concreta de la organización como, por ejemplo, la información económico-financiera. Para algunos autores, la diferencia entre los dos conceptos  también se encuentra en el alcance de la responsabilidad. Mientras que accountability implica “obligación moral” de dar la información, el término rendición de cuentas está ligado a la “obligación legal” de dar información porque está reglamentado por alguna norma administrativa. Así, accountability es una decisión voluntaria de la propia organización, que lo asume como un compromiso ético de su actuación, proporcionando información sobre los diversos aspectos de las políticas y prácticas de actuación de la organización, y que por lo tanto, va mucho más allá que el concepto de rendición obligatoria de cuentas.

El concepto de accountability está relacionado con otros muchos conceptos que constituyen los fundamentos para cumplir con la responsabilidad de proporcionar información, justificar sus actuaciones y, en definitiva, rendir cuentas[5] a sus stakeholders. Entre estos conceptos se encuentran: el de la “gobernanza”, el de la legitimidad y el de la honorabilidad del órgano de gobierno.

La relación entre accountability y gobernanza es una relación causa y efecto. La accountability debe proporcionar información sobre las políticas y gestión de la organización, pero si no hay una política de recoger datos y establecer unos determinados sistemas de información, será muy difícil poder rendir cuentas de una forma integral, fiable y consistente. Por ello, la responsabilidad de la accountability recae en la esfera de las responsabilidades del órgano de gobierno dentro del marco estratégico.

La accountability es una responsabilidad del órgano de gobierno como actuación colegiada, el cual debe informar no solo sobre aspectos pragmáticos como el de las actuaciones realizadas (gestión), sino también de otros aspectos que forman parte de la política y la ética del gobierno y que afectan a su propio modo de actuar, como son los que conciernen a su honorabilidad relacionados con la independencia de sus miembros y su correcta actuación, o la legitimidad en la toma de decisiones. Algunos casos de corruptelas como altas retribuciones dinerarias, injustificadas retribuciones en especie (hoteles, viajes, etc.), desvío de fondos, uso de influencias, entre otras, fundamentan la mayor exigencia de la transparencia de la actuación ética de los miembros de los órganos de gobierno. La transparencia de las actuaciones de los miembros del órgano de gobierno es uno de los retos de la ONL dando cuenta de la actuación ética de sus gobernantes.

En definitiva, el concepto de rendición de cuentas genera la idea de librar información adecuada a los intereses de los stakeholders, en unos casos de forma obligatoria, en otros casos de forma voluntaria. Asimismo, el alcance de la información también varía dependiendo de si se trata de una información específica sobre aquello que la norma administrativa exige o, en cambio, incluye otras facetas que pueden ir desde la planificación a la gestión pasando por la actuación y composición de los órganos de gobierno.

Así, el concepto de accountability está relacionado con la voluntad de informar sobre la responsabilidad de gobernar la organización y sobre la responsabilidad de ser un buen gobernante.

El amplio alcance del concepto no implica que la organización deba facilitar información global a todos sus stakeholders, sino que a cada uno deberá proporcionarle sobre aquellas facetas sobre la que esté interesado. No obstante, el aspecto global significa que la organización debe poder rendir cuentas de cualquier aspecto de la organización que le requieran.

A medida que se avanza en aumentar las formas y métodos en la transparencia de las ONL, surgen tres aspectos relacionados con el concepto de responsabilidad social: la fiabilidad de lo que dicen, la autoridad de quienes representan[6] y la honorabilidad de quien gobierna.

Aunque estos aspectos están relacionados entre sí, tienen características diferentes; el aspecto de la fiabilidad es pragmático, el aspecto de la autoridad es esencialmente político (de donde deriva el poder para actuar) y, el aspecto de la honorabilidad es ético. Todos estos aspectos deben poder evaluarse para lograr cumplir con los objetivos de la “responsabilidad social” y, en definitiva, poder mostrar una organización que genere confianza y credibilidad en la sociedad.

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[1] Cutt, J. y Murray, V. (2000): Accountability and Effectiveness Evaluation in Non-Profit Organizations. Routledge. London.

[2] Ministerio del Interior si la organización es estatal o, el departamento autonómico que tenga competencia sobre dichas organizaciones, si el ámbito de actuación es autonómico o local. La obligación fiscal corresponde al Ministerio de Hacienda para informar o liquidar los tributos correspondientes.

[3] Gray, R. (et al) (1996): Accounting and accountability, changes and challenges in corporate and environmental reporting. Prentice Hall

[4] Principio incluido en Standard in Public Life: First report of the Committe of Standards in public life”

[5] Se utiliza el término rendición de cuentas de forma genérica con independencia de si es fruto de una obligación moral o legal.

[6] Slim, H. (2002): GAT Authority? The Legitimacy and Accountability of Non-governmental organisations.