La rendición de cuentas no es solo una cuestión económica sino de legitimidad e identidad del sector no lucrativo. Es una parte consustancial de su propia naturaleza de servicio a la sociedad, lo que algunos denominan el “contrato social” entre entidades sin fines lucrativos y la sociedad en su conjunto[1]. Estas organizaciones existen gracias a la confianza que infunden a la sociedad y para mantener dicha confianza es imprescindible una gestión económica transparente[2].

La transparencia significa mostrar lo que se ha realizado en el seno de la organización. Es el medio de mostrar que la organización ha utilizado buenas prácticas en la gestión de los fondos y alcanza los fines por las que ha sido creada.

Ahora bien, una organización no lucrativa, además de ser transparente en su gestión, debe ser transparente en su dirección, es decir, debe mostrar que el comportamiento de sus responsables ha sido ético, que las decisiones han sido justas previniendo el conflicto de intereses y que las actuaciones se han realizado representando los intereses de quienes han confiado en ella. Por ello, la transparencia en las organizaciones no lucrativas va más allá de los buenos resultados en la gestión, alcanzando a la actuación de quienes la gestionan y como se han llegado a los resultados.

El concepto de buenas prácticas está relacionado con la buena gestión y con el buen gobierno.

Por buena gestión se entiende la utilización de principios, normas y procedimientos que aseguran que la gestión se haga con criterios justos, no discriminatorios, entre los posibles participantes (clientes, proveedores, contrapartes, etc…), que aseguren los objetivos de una buena gestión (eficiencia y eficacia en el empleo de los recursos), y la calidad en los procesos productivos

Por buen gobierno se entiende el ejercicio de las responsabilidades asignadas al órgano de gobierno. Este es el responsable de hacer funcionar la organización y que esta funcione correctamente. Para ello debe proveer un conjunto de normas que aseguren un comportamiento ético, una gestión responsable, la calidad adecuada a los beneficiarios y un impacto social positivo.

En general, la transparencia informa de cualquier aspecto relacionado con la gestión y la dirección de la organización. Da cuenta de los principios y normas que rigen la gestión, los resultados conseguidos y los recursos empleados, así como las normas y procedimientos utilizados para asegurar un comportamiento ético y la garantía en la calidad en las prestaciones realizadas.

La transparencia también alcanza a los aspectos políticos del órgano de gobierno informando sobre la actuación ética individual y corporativa de sus miembros, y de la formación y responsabilidad en la toma de decisiones.

La rendición de cuentas está relacionada con el concepto de “buenas prácticas” en el sentido de una relación “causa-efecto”, de forma que, si la organización debe librar información de cómo ha sido su gestión, ello será un motivo para mejorar sus prácticas de actuación. Por ello la transparencia de las organizaciones se ve como un elemento motivador para asegurar las buenas prácticas en la gestión de las organizaciones.

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[1] Fuentes, J. (2007): Las organizaciones no lucrativas: necesidades de los usuarios de la información financiera, en Revista española del tercer sector, nº6/2007.

[2] Vernis, A. et al (1998): La gestión de las organizaciones no lucrativas. Deusto. Bilbao.

Objetivos del buen gobierno

El deber más importante del “gobierno” de una organización es hacer que la maquinaria funcione y que funcione bien, siguiendo las pautas marcadas por los que tienen derechos legítimos sobre la misma -accionistas en una sociedad anónima, socios en una asociación, patronos en una Fundación- para obtener los resultados previstos –fin lucrativo en una empresa y fin social en una ONL-. Cuando en la década de los 90 (s.XX) las ONL empezaron a ser requeridas para que fueran más transparentes y dieran mayor información, en un documento sobre las organizaciones de cooperación internacional se definían los términos del nuevo concepto de responsabilidad, señalando que las organizaciones para ser creíbles y generar confianza han de cumplir con dos requisitos: 1) Tienen que justificar “a quien” representan (legitimidad) y, 2) tienen que justificar la eficiencia, eficacia y el impacto de las actividades que llevan a cabo.

El principio básico que subyace en cualquier organización es que esta debe funcionar bien, lo cual es responsabilidad de los que mandan en la organización sea cual sea la tipología jurídica que adopte (asociación, Fundación, Sociedad anónima, cooperativa). Asumiendo el principio de “querer” hacer funcionar la organización, las diferencias surgen en el “modo” de cómo se deberá hacer funcionar esta teniendo en cuenta la pluralidad de los objetivos y actividades, así como los diversos recursos que pueden ser utilizados (voluntariado, profesionales, participación de los socios, etc.).

Entre los objetivos del buen gobierno se destacan:

- Gestionar con visión estratégica

- Gestionar de acuerdo con los principios de eficiencia y eficacia

- Gestión financiera responsable

- Prestar un servicio/ producto de calidad

- Gestión responsable de los recursos humanos

- Responsabilidad en las obligaciones legales.

La gestión estratégica implica la responsabilidad de gobernar la organización según los valores, objetivos y estrategias establecidas. La planificación, programación y evaluación de los resultados son una parte importante del control de la gestión. La rendición de cuentas y la comunicación con los socios forman parte de los valores de la organización. La dirección decide el alcance de la información.

La eficiencia y la eficacia están relacionadas con el funcionamiento interno de la organización. Eficiencia mide la relación entre los resultados y los recursos utilizados para obtenerlos de acuerdo con un determinado estándar de “calidad”. Mientras que eficacia mide si los resultados alcanzados están de acuerdo con la misión de la organización. Sin eficacia no puede haber eficiencia, este es uno de los principios básicos de la gestión. Por ejemplo, si el objetivo es atender a ancianos con dependencia y, en cambio se atiende a ancianos que no son dependientes, ello significa que la organización no es eficaz (no se ha alcanzado el objetivo deseado) y, por lo tanto, los recursos utilizados para atender a esas personas son ineficientes porque se han dedicado a una actividad que no es la correcta.

Gestión financiera responsable. Uno de los retos de la gestión de las organizaciones no lucrativas es velar para asegurar los recursos suficientes y el funcionamiento de la organización a lo largo del tiempo. Debe garantizar una evolución positiva del patrimonio neto de la organización. Los recursos de los financiadores (entidades públicas o donantes privados) deben aplicarse a los fines para los que se han conseguido.

Asegurar la calidad en las prestaciones. Consiste en disponer normas de actuación y procedimientos para asegurar que los servicios o productos sean prestados con calidad. La evaluación de la consecución de esta finalidad no siempre es tarea fácil. En el caso de las empresas mercantiles, es el mismo comprador quien expresa a través de su decisión de comprar, o no, la valoración de la calidad del producto. En cambio, cuando el servicio está dirigido a personas que no pueden expresar su opinión directamente (discapacitados, personas con demencia, etc.) o, son cautivas del proveedor (la persona no tiene la capacidad de pagar el producto), la valoración del servicio se vuelve mucho más compleja. Por ello, cuando la información entre comprador (usuario) y vendedor (organización) es asimétrica, la organización tiene una mayor responsabilidad de asegurar los procesos y la evaluación de la calidad.

Gestión responsable de los recursos humanos. Los recursos humanos (trabajadores, profesionales o voluntarios) constituyen el núcleo para las actuaciones de la organización. Adecuar la carga de trabajo a las necesidades de los usuarios, velar por la adecuación de las funciones, la política salarial, la política social, la formación adecuada, la relación entre profesionales y voluntarios, compaginar los intereses profesionales con los de la organización, entre otros.

Ser responsable del cumplimiento de la legislación vigente en el país sobre: derechos sociales (contratación laboral, Seguridad Social, etc.), obligaciones jurídicas (informar a la administración, rendir cuentas, cumplimiento de leyes como son la de protección de datos, riesgos laborales, voluntariado, etc.), obligación fiscal (declarar y pagar impuestos), obligaciones medioambientales, etc. La responsabilidad de cumplir con las normas es uno de los principios básicos del buen gobierno (responsables) de la organización. Si no se cumplen las normas la transparencia de la entidad será negativa, en el sentido que mostraría el “no cumplimiento” de aquello que está consensuado por la sociedad. Por ello, las organizaciones fraudulentas son opacas porque no les interesa mostrar lo que “no hacen”.

El buen gobierno significa, también, adecuar la organización al tipo de actividades que desarrolla. No es lo mismo realizar actividades de abogacía, mediación, sensibilización, que actividades económicas. Por ejemplo, el tipo de recursos que se necesitan no es igual si se realiza una campaña de sensibilización que si se gestiona un centro ocupacional para jóvenes con discapacidad. Los sistemas de información y los indicadores que se deberán utilizar en un tipo de actividad o en otro son diferentes. El buen gobernante debe saber adecuar la gestión y las necesidades de información a las características de un tipo de actividad o de otro.

La organización puede o debe en algunos casos informar sobre todas o algunas de las facetas de la organización. La confianza en la organización derivará de la capacidad de esta en proporcionar información suficiente y fiable de acuerdo con los intereses del solicitante. Se dice que la rendición de cuentas es un proceso relacional entre la organización y sus stakeholders ya que estos determinan el tipo de información en que están interesados. Ahora bien, la elaboración de la información requiere una programación previa para disponer los registros, recoger los datos necesarios y determinar los criterios para obtener los resultados. La información para que sea fiable debe poderse contrastar y estar a disposición de los evaluadores.

Una organización está compuesta de dos partes: una que sería la cabeza, identificada con el órgano de gobierno cuya función es dirigir la organización, y, otra, que sería el cuerpo, la organización, cuyo funcionamiento produce las actuaciones (servicios, manifiestos, bienes, etc.) que constituyen el fin social de la entidad. El responsable de la gestión, encargado del funcionamiento de la organización, es el responsable ejecutivo (director, gerente, coordinador). Éste, a su vez, puede disponer de mandos intermedios, por ejemplo, responsables de los proyectos que tienen a su cargo una parcela de la función ejecutiva.

Las funciones directivas y ejecutivas son diferentes ya que mientras las primeras están enfocadas a dar normas para dirigir y controlar la organización, las segundas tienen como objetivo hacer funcionar la organización. Existe una subordinación de la función ejecutiva a la directiva y el órgano de gobierno es el responsable de contratar/cesar a la persona que realiza la función ejecutiva (director, gerente, etc.). En el marco de la planificación estratégica se visualiza dicha separación. La planificación estratégica y la aprobación de los planes anuales son función del órgano de gobierno mientras que la función de gestión es competencia de la dirección ejecutiva. El órgano de gobierno aprueba, o no, el trabajo realizado por la dirección ejecutiva a través de la evaluación de los resultados.

Existen funciones del órgano de gobierno que puede ser delegadas a la dirección ejecutiva mientras que otras son indelegables. Entre las indelegables se encuentran las de modificación de los estatutos, aumentos, disminuciones, cesiones del patrimonio, compra y venta de bienes muebles o inmuebles que constituyan una parte importante del activo de la organización, apertura o cierre de cuentas bancarias, formulación de las cuentas anuales, elaboración del presupuesto, confección del plan estratégico, rendición de cuentas a la Administración, entre otras. Los documentos resultantes de la aplicación de las funciones propias del órgano de gobierno deben ser aprobadas por el mismo y deberán llevar la firma de todos sus miembros.

La función ejecutiva puede ser realizada por algún miembro del órgano de gobierno[1], aunque los principios de transparencia recomiendan que esto no sea así. No obstante, hay algunas leyes como la Ley 4/2008 del código civil de Cataluña que establece en las Fundaciones la incompatibilidad del ejercicio de la función directiva y ejecutiva por la misma persona. Ello se realiza con el fin de asegurar la independencia entre los dos tipos de funciones y reforzar la transparencia de la organización.

La compatibilidad entre ser miembro del órgano de gobierno y ser un trabajador en la organización (relación laboral o profesional) está permitida pero limitada a un determinado porcentaje del número de personas del órgano de gobierno.

Las buenas prácticas en la organización requieren de una clara delimitación y separación efectiva entre las funciones directivas y ejecutivas. La transparencia aumenta a medida que esta separación de funciones se identifica, también, en personas diferentes que permita mantener la independencia de sus funciones.

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[1] La relación con la organización debe materializarse a través de un contrato laboral o profesional determinando su retribución.