Lorena Álvarez de SotomayorLas empresas registradas en la Comunidad de Madrid tan solo reservaron un 0,29% de puestos a personas con discapacidad. No ocurrió lo mismo con las Administraciones, que sí cumplieron con el 6% establecido por ley en 2006, cifra que se reduce, por lo general, al 5% en el resto de España.
Esta discriminación da lugar a que la mayoría de estas personas para poder trabajar tengan que recurrir a
negocios familiares, de amigos o de conocidos.Los que más sufren este rechazo son los que padecen una discapacidad intelectual que se ven obligados en su mayoría a trabajar en centros
especiales de empleo.
Pero... ¿Cómo es posible que se vulnere la normativa sin recibir ninguna sanción?
Según
un real decreto de 2005 los empresarios pueden alegar una "especial dificultad para
incorporar trabajadores con discapacidad" por "cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico".Norma en la que se amparan aquellos que mantienen el prejuicio de que contratar a una persona con discapacidad supondrá un bajo rendimiento y un esfuerzo extra para el resto de la plantilla.
Fuente: 20 minutos