El III Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de vida analiza la nueva realidad social [editar]

Cuatro años después de la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, el Congreso Internacional de Dependencia y calidad de vida, en su tercera edición y bajo el lema 'Mirando al futuro', planteaba una puesta en común de las nuevas necesidades de las personas en situación de dependencia, apuntando hacia el largo camino que queda por recorrer. Más de 500 congresistas y un centenar de especialistas acreditados abordaban todos aquellos aspectos que inciden en la calidad de vida de los mayores para reflexionar sobre la situación actual del Sistema de Dependencia.

Distintos representantes de asociaciones españolas de personas mayores, de los principales agentes sociales y de las distintas Administraciones ofrecían su punto de vista sobre cómo se ha realizado la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España para plantear los retos pendientes del modelo socio-sanitario actual y señalaban la necesidad de colaboración público-privada en el ámbito de la dependencia.

La Consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, presentaba en este Congreso, organizado por la Comunidad de Madrid, la Fundación Edad & Vida y el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través del IMSERSO; y patrocinado por Obra Social Caja Madrid; Fundación Vodafone y Medirest, un estudio en el que la Comunidad de Madrid se situaba a la cabeza en atención asistencial de dependientes, tanto en número de plazas residenciales (21.359 plazas) como en centros de día (10.798 plazas), según datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Aseguraba que la región asume un 73% del gasto, frente al 15% del Estado y el 12% que copagan los propios usuarios, cifras superiores a la media estatal, que se establece en del 55% para las autonomías, el 31% para el Estado y el resto lo asumen dependientes. Sin embargo, el IMSERSO denunciaba que la región no es clara con sus cifras y el Gobierno, por su parte, exigía transparencia.

El sistema de financiación de la Ley de Dependencia se constituía como uno de los principales temas de debate. En la actualidad, queda establecido que su aplicación se debe pagar entre la Administración Autonómica y el Estado a partes iguales, sin tener en cuenta la aportación de los usuarios mediante el copago ni el gasto que generan a las autonomías las plazas, residenciales y en centros de día, que ya subvencionaban antes de la entrada en vigor de la Ley a través de sus programas sociales.